En marcha, la lucha por la integridad pública
Patricia González Miranda
A pesar de la aparición de señalamientos y supuestos casos de corrupción que han desafiado el propósito de su gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirma su inquebrantable compromiso con la integridad pública y el principio de cero impunidad.
Lejos de debilitar su causa, estos incidentes han catalizado la implementación acelerada de un marco institucional más robusto, diseñado para erradicar vicios históricos y blindar a la administración pública.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha utilizado los recientes casos, incluso aquellos que involucran a miembros o aliados de su movimiento, como la prueba más clara de la necesidad de su estrategia. Lejos de minimizarlos, su administración ha enfatizado que estos señalamientos serán investigados sin distingo ni privilegio, sentando un precedente de que nadie estará por encima de la ley.
La creación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y la propuesta de una Ley General para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción no son solo promesas, sino herramientas activas. Esta ley, que busca homologar criterios y dotar de facultades más fuertes para la recuperación de activos, demuestra que la respuesta del gobierno a las filtraciones y denuncias es una acción institucional proactiva, no una defensa política.
Uno de los principales focos para combatir la corrupción ha sido la prevención a través de la tecnología. La estrategia de la presidenta Sheinbaum se apoya en la digitalización y sistematización de trámites y procesos, liderada por la Agencia de Transformación Digital. Este enfoque busca eliminar la discrecionalidad humana en las transacciones gubernamentales, un punto donde históricamente germinó la corrupción.
En materia de compras públicas, la modernización a través de nuevas leyes y sistemas electrónicos busca garantizar la trazabilidad total del gasto. Al transparentar los procesos de licitación y adquisiciones a través de plataformas accesibles, el gobierno no solo ahorra recursos, sino que también elimina los “agujeros negros” financieros, haciendo que el escrutinio ciudadano sea más efectivo que nunca.
El compromiso con la integridad se ve complementado con el énfasis en la protección del denunciante. El gobierno está desarrollando un esquema nacional de alertadores y denunciantes de corrupción que busca dar garantías de confidencialidad y protección, convirtiendo a la ciudadanía y a los propios servidores públicos en aliados activos del control.
Finalmente, la profesionalización continua y la capacitación en ética e integridad pública de los servidores públicos es un pilar fundamental. El objetivo es construir una nueva cultura de servicio en la Administración Pública Federal, donde la honestidad sea el estándar y no la excepción, asegurando que el combate a la corrupción sea una política de Estado duradera y no solo una meta de gobierno.
A pesar de los vientos en contra generados por los casos que han salido a la luz, la firmeza de la Presidenta Sheinbaum en el manejo de estos incidentes subraya que la lucha contra la corrupción es una prioridad incuestionable, fortaleciendo la promesa de un gobierno honesto y eficiente.
