El poder financiero de las Fuerzas Armadas rebasa el control del Congreso: administran más de 87 mil mdp en fideicomisos
Un estudio de México Unido Contra la Delincuencia advierte que Sedena y Marina han construido una estructura financiera paralela basada en fideicomisos, empresas e ingresos propios que reduce el escrutinio legislativo sobre miles de millones de pesos
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
Durante décadas, el control del gasto público en México siguió una ruta relativamente clara: el Ejecutivo proponía el presupuesto, la Cámara de Diputados lo aprobaba y la Auditoría Superior de la Federación revisaba su correcto ejercicio.
Sin embargo, la creciente expansión económica de las Fuerzas Armadas ha comenzado a dibujar una realidad mucho más compleja, en la que una parte importante de los recursos bajo control militaropera con mecanismos que van más allá del escrutinio del Congreso.
El informe “El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero”, elaborado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), sostiene que los recursos que actualmente administran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) ya no dependen únicamente de las partidas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino también de fideicomisos, empresas paraestatales, convenios e ingresos propios que han ampliado significativamente su capacidad financiera.
Sedena, Semar y la Guardia Nacional ampliaron su poder financiero más allá del presupuesto mediante fideicomisos, empresas e ingresos propios.— Informe “El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero”, elaborado por MUCD.
Entre 2023 y 2025, las Fuerzas Armadas consolidaron una expansión presupuestaria sin precedentes. Tan sólo en 2024, el presupuesto aprobado para las instituciones castrenses alcanzó 422 mil 998 millones de pesos, equivalente al 4 por ciento del gasto total del país.
En el último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto asignado al sector militar sólo era superado por el rubro de Bienestar (que maneja el gasto en programas sociales), con 600 mil millones de pesos y el educativo, con 484 mil millones de pesos.
Uno de los hallazgos más relevantes es la diferencia entre los recursos autorizados y los efectivamente ejercidos. En 2023 la Semar registró un sobreejercicio de 37 por ciento respecto de lo aprobado, mientras que en 2024 la Sedena presentó un sobreejercicio de 111 por ciento en gasto corriente.
Para los autores, este patrón recurrente sugiere que una parte importante de las decisiones sobre el destino final de los recursos públicos se toma fuera del proceso formal de aprobación legislativa. Es decir, el presupuesto real de las Fuerzas Armadas ya no es un tema discutido enteramente por el poder civil, sino que se determina por vías menos transparentes.
“Las relaciones cívico-militares en democracia parten del principio de que debe haber una subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades políticamente electas”, expone Gerardo Álvarez, investigador de MUCD y coautor del estudio.
“En este sentido, el presupuesto es la herramienta primaria para ejercer ese control, pero lo que estamos viendo es que los militares están generando vías distintas al presupuesto para ejercer los recursos y escapar al ojo del poder civil”, alerta Álvarez en entrevista con El Sol de México.
Los militares están generando vías distintas al presupuesto para ejercer los recursos y escapar al ojo del poder civil.— Gerardo Álvarez, investigador de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y coautor del estudio.
La situación se vuelve más evidente al analizar algunas partidas presupuestarias específicas. El informe documenta que la Dirección General de Administración de la Sedena ejerció 76 mil 665 millones de pesos en el rubro de “Aportaciones a fideicomisos públicos”, a pesar de que dicho concepto no contaba originalmente con recursos aprobados por la Cámara de Diputados.
Para los investigadores, este tipo de movimientos revelan cómo recursos que no fueron discutidos ni autorizados inicialmente por el Poder Legislativo terminan concentrando montos multimillonarios durante la ejecución presupuestaria.
El poder de los fideicomisos militares
Pero el verdadero corazón del poder financiero militar se encuentra en los fideicomisos. Al cierre de 2025, la Sedena administraba cinco fideicomisos públicos sin estructura orgánica con disponibilidades por 68 mil 155 millones de pesos, mientras que la Semar controlaba otros cuatro con recursos por 19 mil 551 millones.
En conjunto, las Fuerzas Armadas mantenían bajo su control 87 mil 706 millones de pesos mediante estos instrumentos financieros, equivalentes al 15.8 por ciento de todos los recursos administrados por fideicomisos sin estructura orgánica en la Administración Pública Federal.
La cifra adquiere una dimensión aún mayor cuando se revisa la composición de esos recursos. El principal instrumento es el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), que acumuló 52 mil 330 millones de pesos al cierre de 2025. Ese monto representa por sí solo el 76.8 por ciento de todos los recursos fiduciarios de la Sedena.
Más aún, el FPAPEM se ha convertido en el tercer fideicomiso con mayores recursos de toda la Administración Pública Federal, sólo por detrás del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y del Fondo Nacional de Infraestructura, ambos bajo responsabilidad de la Secretaría de Hacienda.
La comparación resulta reveladora. Mientras otros grandes fideicomisos están asociados a objetivos macroeconómicos, infraestructura nacional o políticas públicas de alcance general, uno de los mayores vehículos financieros del gobierno federal tiene como finalidad la adquisición de equipo militar.
Este comportamiento, destaca el informe, resulta especialmente relevante porque confirma una tendencia ya identificada en los momentos anteriores: partidas sin asignación inicial terminan concentrando montos extraordinarios durante la ejecución y, además, mantienen elevados niveles de adeudo al cierre del ejercicio.
“Esto obliga a cuestionar si los fideicomisos están funcionando como mecanismos complementarios de gestión financiera o si, en la práctica, se han convertido en espacios donde el gasto pierde trazabilidad presupuestaria”, subraya el documento.
Un conglomerado de empresas bajo control militar
Actualmente, las Fuerzas Armadas controlan 25 empresas: cuatro coordinadas por la Sedena —el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Grupo Mundo Maya, Tren Maya y Mexicana de Aviación— y 21 coordinadas por la Marina, entre ellas 18 administraciones portuarias, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Turística Integral Islas Marías y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Ante el avance del sector militar en el control de empresas, Gerardo Álvarez considera que hay pocas posibilidades de dar marcha atrás a esta dinámica, pero estima que pueden imponerse mecanismos de control.
“Lo que debemos pensar es que si las Fuerzas Armadas van a involucrarse en alguna actividad económica, por lo menos que existan las salvaguardas de transparencia, de rendición de cuentas, de control judicial que aplican para las instituciones civiles, es decir, plantear medidas de reducción de daños”.
El informe sostiene que este crecimiento no puede entenderse aisladamente. Forma parte de un proceso más amplio en el que las Fuerzas Armadas han asumido funciones tradicionalmente civiles, incluyendo la construcción y operación de infraestructura estratégica, la administración de aeropuertos, puertos y aduanas, así como la coordinación de empresas paraestatales creadas durante el sexenio pasado.
Según las conclusiones de la investigación, el empoderamiento económico militar ya no puede considerarse un fenómeno temporal. Por el contrario, responde a una lógica de acumulación institucional que ha logrado consolidarse a través de múltiples fuentes de financiamiento y que incluso recibió respaldo constitucional con la reforma al artículo 129 aprobada en 2024.
La pregunta que deja abierta el informe es si los mecanismos tradicionales de control presupuestario siguen siendo suficientes para supervisar un aparato económico militar que ya no depende exclusivamente de los recursos aprobados por el Congreso.
Porque si el presupuesto es apenas una parte de la ecuación, la verdadera dimensión del poder financiero castrense podría encontrarse en una red de fideicomisos, empresas e instrumentos que operan mucho más allá del debate anual en San Lázaro.
