Legisladores farsantes

Elisur Arteaga Nava

En la Cuarta Transformación todo es farsa. Miento. Casi todo. No lo son la militarización, la incompetencia, la improvisación y la corrupción.

A AMLO, en su afán de cambiar todo y hacerlo de manera precipitada e irresponsable, no le importa convertir a las instituciones públicas en pantomima: han sido objeto de humillación, sometimiento y burla la democracia, el sistema federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, los poderes y autoridades locales. Poco o nada ha quedado al margen de su acción destructora. Humilla, somete, descalifica, desvirtúa y ofende. Prostituye todo lo que toca.

AMLO, que reiteró una y otra vez que no utilizaría a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, faltó a su promesa; olvidó que censuró a los presidentes de la República que lo hacían. No recuerda que nos prometió regresar a los militares a sus cuarteles. Nos mintió y, por lo mismo, nos engañó. No sólo eso, dio órdenes a sus lacayos: los legisladores morenos y sus cómplices, de aprobar sus reformas, aun sabiendo que son anticonstitucionales. Así lo reconoció expresamente.

Para lograr la anuencia de algunos priistas, recurrió a una institución que se supone es autónoma: la Fiscalía General de la República. Ésta los “convenció”. Alito, un pájaro de cuenta, sigue libre. Hay otros.

La precipitación presidencial volvió a recaer en el Congreso de la Unión. Era su turno. El mandamiento de aprobar la reforma por virtud de la cual la Guardia Nacional pasa a depender del secretario de la Defensa Nacional, que comprendió la modificación a diferentes leyes, fue en el sentido de que lo hiciera “rapidito y de buen modo, sin quitarle o agregarle una coma”, se dirigió, de nueva cuenta, a los legisladores federales de Morena, comprendiendo a los verdes y a los del PT. Son lo mismo. Ellos, sin respetar su alta investidura, acataron la orden. Las reformas ya fueron publicadas y la violación a la Constitución, consumada.

Es la Constitución Política la que establece el principio de división de poderes; la que confía a cada uno de ellos una función diferente y complementaria. Sus autores, los constituyentes, partieron del supuesto de que sería operante y real; que los titulares de cada uno de los poderes públicos asumirían de manera responsable, independiente, digna y patriótica sus cargos. Que antepondrían los intereses nacionales a la “disciplina partidista”; el respeto a la letra y sentido de la ley, a los intereses pasajeros de una Cuarta Transformación; que respetarían su dignidad como representantes de la nación y que lo harían por encima de sus intereses particulares; que en bien de la patria sacrificarían sus intereses egoístas de conservar su cargo o de reelegirse.

La Constitución, en su artículo 72 establece los principios fundamentales que regulan el proceso legislativo, entendido éste como las formalidades y etapas que real y efectivamente se tienen que observar y seguir para aprobar una ley o un decreto. No se trata de cubrir las apariencias. Los autores del texto fundamental partieron del supuesto de que los legisladores serían celosos de su independencia como parte que son de un poder y, por lo mismo, serían defensores de las altas funciones que tienen conferidas y que hacen operante el principio de división de poderes.

Los constituyentes, al establecer los principios que regulan el proceso legislativo, estuvieron muy lejos de normar la actuación de unos títeres o payasos. No establecieron los principios para hacer operante una farsa. Determinaron la forma en que se manifiestan los diferentes puntos de vista de los legisladores; previeron la intervención de comisiones que enriquecieran y depuraran las iniciativas; consignaron principios por virtud de los cuales, en forma alternada, razonada y libre afloraran las opiniones y que éstas se reflejaran en los dictámenes, en la discusión y la votación.

A pesar del mandamiento fundamental y de la protesta que rindieron de respetar la Constitución, una mayoría de legisladores traicionó el mandato que recibió de sus electores; acató las órdenes de quien es sólo el titular de otro poder; sacrificó la independencia del poder que representan y, con su voto, aprobaron reformas que contravienen diferentes preceptos de ella. A eso se reduce, en pocas, palabras, lo que hicieron.

Los legisladores, con su voto aprobatorio, contribuyeron a la militarización del país y apresuran el fin de las instituciones públicas: democracia, división de poderes, Fuerzas Armadas sometidas a las autoridades civiles y acabaron con las instituciones republicanas que existen para combatir a la delincuencia. De ese tamaño es su responsabilidad. Su voto fue contrario a lo que dispone el artículo 21 constitucional. Lo sabían; en todos los foros se hicieron notar los vicios de anticonstitucionalidad que contenían. No pueden hacerse los ignorantes. Son corresponsables de la destrucción de las instituciones civiles y democráticas. Su actuación no fortalece el principio de división de poderes.

Quienes aprobaron las reformas anticonstitucionales pasaron por alto la responsabilidad que la Constitución les impone; faltaron a la confianza de sus electores. Merecen el calificativo de ser títeres, farsantes y de partícipes de una comedia de mal gusto. Son los responsables de la militarización del país y de los altos índices de delincuencia.

En 2018, cuando aún no comenzaba el sexenio de la 4T, al ver el cúmulo de violaciones graves a la Constitución Política, protesté. En Proceso dije: Así no vamos a hacer la Cuarta Transformación. Ahora, cuando estamos a menos de dos años de que termine el sexenio, digo que la Cuarta Transformación fue una farsa y que AMLO nos mintió. No hubo violación en que no incurriera él, que nos prometió un cambio. Él, a los crímenes y antidemocracia priista, agregó la hipocresía; a la incompetencia panista, la corrupción; a la incapacidad de ambos, la perversidad. Luchamos por un cambio verdadero; fuimos traicionados.

Los que intervienen en una farsa se llaman farsantes. Los de la 4T lo son.  

Proceso