“La calle no hace caricias”: en 2022, 1 mil indigentes murieron en México
Andrea Gómez
Las personas en situación de calle sufren discriminación aún después de la muerte. Don Eleuterio murió debajo de un puente en la Ciudad de México. “Sus amigos de la comunidad callejera, los que vendían dulces allí cerca, juntaron 9 mil [pesos] para darle sepultura. Sin embargo, como no son familiares directos no les entregaron el cuerpo. Vinieron a pedirnos apoyo en los últimos días de febrero [de 2022]. Empezamos a seguir el caso y tampoco quisieron entregarnos la custodia del cuerpo. Es momento que después de casi nueve meses no nos entregan el cuerpo del señor Eleuterio. Está en el Incifo [Instituto de Ciencias Forenses], en el limbo legal, con alto riesgo de irse a la fosa común, porque no nos lo quieren entregar”, narra el director de El Caracol, AC, Enrique Hernández Aguilar.
Expone que, como Eleuterio, alrededor de 1 mil personas en situación de calle murieron en el país en lo que va de 2022, 13 por ciento más de lo documentado el año pasado. Entre las principales causas se encuentran la neumonía, insuficiencia respiratoria, fallo en los pulmones, asfixia, heridas graves por disparos de armas de fuego, intoxicación, accidentes de tránsito y quemaduras.
El experto agrega que todas estas causas de muerte son “excesivamente prevenibles”, en un contexto en donde el Estado tiene la capacidad hospitalaria de brindar atención integral y atender a la población en general.
De las 32 entidades de la República, Puebla registró el mayor número de decesos de indigentes, con 130 bajas reportadas; mientras que en la Ciudad de México, se documentaron 87 muertes de personas sin hogar. En tanto, el 84 por ciento de las pérdidas fueron de varones y el 16 por ciento de mujeres.
El psicólogo Luis Enrique Hernández –director de El Caracol, organización dedicada a la atención de las poblaciones callejeras desde 1994– señala que la población callejera paga su estancia en la calle con el cuerpo y con la vida. “El mayor deterioro por vivir en la calle es a nivel físico y mental”. Y cita una expresión que se dice frecuentemente entre las personas sin hogar: “la calle no hace caricias”.
Al respecto, el defensor de los derechos humanos de esta vulnerable población reflexiona: “he visto de manera presencial que este mensaje es real. La calle no los acaricia, los violenta y les deja huellas profundas. Les deja cicatrices que marcan el rostro y el cuerpo y hace que la fisonomía no sea la misma que una persona de su edad”.
Consultado por Contralínea, explica que cualquier persona está en riesgo de vivir en la calle, puesto que no hay un perfil en específico, como actualmente se cree. “Hemos encontrado médicos, maestros, enfermeras, policías; o sea, gente que tuvo una vida; no solamente salen niños en la calle, salen a cualquier edad”.
Lo anterior sucede cuando los cuatro círculos de protección encargados de respetar y garantizar la dignidad e integridad humana –la familia, la comunidad, el Estado y los órganos de derechos humanos– se ven en la incapacidad de salvaguardar los derechos humanos de cada persona.
“Cuando se falla en la protección de los derechos de cualquier individuo por todos estos círculos, la persona se queda sin protección y es muy posible que el único lugar que encuentre como alternativa sea la calle”. Ello a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo”.
De acuerdo con lo expuesto por el director de El Caracol, la organización atiende casos que van desde el abandono a uno o varios de los integrantes de la familia hasta la emancipación de las instituciones educativas en el cumplimiento de sus responsabilidades. En ese contexto, señala que actualmente se atienden a muchas personas mayores de edad que salen de sus casas porque sus familias no los pueden atender. “Salen con enfermedades crónicas, problemas psicosociales como la esquizofrenia”.
Ejemplo de ello es lo que ocurre en Michoacán: datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de esa entidad indican que alrededor de 120 personas viven en la calle. De estas, el 40 por ciento pertenece al sector de la población adulta mayor de 65 años.
De acuerdo con el Censo de Población Callejera, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, en 2017, un total de 4 mil 354 personas vivían en las calles de la Ciudad de México; en tanto, 2 mil 400 personas habitaban en albergues públicos y privados. En total, había 6 mil 754 personas callejeras en la capital del país.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer en el Censo de Población y Vivienda 2020 que las personas que habitaban en las calles de la ciudad eran de más de 1 mil 200. Pese a esta cifra, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (Sibiso) señaló en ese mismo año que la población callejera ascendía a 900 personas, lo que revela que ni siquiera existe un cálculo consensuado. El Inegi reportó casi 5 mil 700 personas en todo el país.
Las cifras no cuadran: el psicólogo Enrique Hernández Aguilar expone que muchas personas –sin poder determinar cuántas– se quedaron sin casa. “No contaban con dinero para pagar la renta”. Además de que en las calles de la Ciudad de México deambulan, duermen y trabajan en las calles decenas de niñas, niños y familias completas, indígenas, personas con discapacidad mental y física.
Operativos de limpieza social contra personas callejeras
Bajo el argumento de que las personas callejeras son agresivas, que se les busca dar mejores condiciones de vida –e incluso que dan mala imagen pública a las calles de los estados–, desde hace años se han realizado operativos de limpieza social. En entrevista con Contralínea, Enrique Hernández Aguilar señala que frente a los eventos masivos que se dan en las calles de los estados y plazas principales, autoridades levantan sin consentimiento y en contra de todo derecho humano a las personas callejeras.
El psicólogo expone como ejemplo que durante la visita del papa Francisco a México –en 2015–, El Caracol, AC, llevó a cabo un mapeo días antes y después del evento. El papa “iba a hacer seis recorridos. Entonces mapeamos toda la ruta, las seis rutas y dónde había grupos en situación de calle. Dos días antes de que llegará el papa, volvimos a mapear la zona y ya no había nadie”.
Al respecto, advierte que el objetivo de estas operaciones es “querer dar la imagen de una ciudad de primer mundo, limpia, bonita, sin pobreza y sin personas en la calle”. Sin embargo, la vulneración a derechos humanos se intensifica cuando las autoridades encargadas de realizar las reubicaciones dicen desconocer el paradero de las personas indigentes.
Otro ejemplo de limpieza social se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, tras la celebración de los Juegos Olímpicos Panamericanos. De 2009 a 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró un total de 65 quejas por violaciones a los derechos humanos de las poblaciones callejeras. Asimismo, fueron denunciados casos de limpieza social en Chiapas, Puebla, San Luis Potosí, Guadalajara y Tijuana.
De acuerdo con lo señalado en la Recomendación 23/2009 de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la limpieza social es “el retiro de personas […] sin que medie justificación legal alguna. […] La razón para retirar[los es] sólo por su condición de vida en la calle”.
En 2009 también se llevó a cabo otro caso de limpieza social conocido como Los Elegidos de Dios. Un grupo de 10 personas fueron recogidas y llevadas a la fuerza al anexo Los Elegidos. Personas en el lugar y momento de los hechos afirmaron que las víctimas fueron amarradas con vendas y golpeadas para poder transportarlas en contra de su voluntad a “una supuesta institución de asistencia y rehabilitación contra las adicciones”.
Este tipo de situaciones provocan que las personas callejeras actúen con recelo frente al otro: ya no confían en las instituciones públicas, los albergues ni las asociaciones civiles. Por ello, señala el psicólogo Luis Enrique Hernández Aguilar, crean mecanismos de defensa como lo son la ausencia del nombre y la falta de la identidad.
“Si tú llegas con alguien de la calle y le preguntas su nombre, te va a decir un nombre, pero nunca tenemos garantía de que sea su nombre. Yo con más experiencia siempre pregunto: ‘a ver, me estás diciendo tu nombre de calle o es tu nombre real’. Hay quien te dice: ‘es mi nombre real’. Entonces, luego les vuelvo a preguntar: ‘oye en tu acta de nacimiento está así tu nombre’, y hay quienes te dicen: ‘no tengo acta’”.
Las personas en situación de calle no sólo se ven expuestas al rechazo social, marginación, pobreza extrema, trata de personas, sino también a la ignorancia y la desinformación.
En ese contexto, el especialista señala que el gobierno capitalino no acercó información sobre la pandemia de Covid-19, sus riesgos y las medidas sanitarias a las personas callejeras durante la emergencia sanitaria. En medio del alza de contagios y decesos, las personas callejeras fueron ignoradas en esta nueva realidad. Al ejemplificar, el director de El Caracol expone que en el marco de las campañas de registro para vacunación, las personas en situación de calle no sabían el por qué del uso de los cubre bocas y las otras medidas sanitarias.
Las personas sin hogar nunca recibieron información oficial, toda la información que tenían era la que estaba circulando en la calle. “En una ocasión a finales de 2020, era noviembre, me tocó visitar una zona en la Basílica [de Guadalupe] y me acerqué a un señor a invitarlo a la vacuna, porque estábamos en un registro para vacunarlos. Le dije: ‘señor, lo de la vacuna’, y me dijo: ‘y eso qué es’”. La persona sin hogar carecía totalmente de información acerca de la pandemia, y no obstante cumplía con algunas medidas sanitarias aplicadas en ese contexto de emergencia: “¿por qué usted trae cubrebocas?”, le preguntó el psicólogo, a lo que el señor respondió: “no sé. Vi que todo el mundo se puso un cubrebocas. Éste me lo regalaron, y lo traigo; pero, no sé por qué la gente se tapa la boca”.
Otro caso de discriminación que sufre este sector de la población es en la falta de acceso a la salud. “Una vez llegó una mamá con su niño en brazos muerto, porque tenía tres meses buscando apoyo en hospitales y nadie se lo recibió. Cuando alguien le dijo ve al Caracol para que allí te ayuden y te lleven al hospital, cuando ella llegó aquí corriendo con su bebé en brazos, él ya había muerto por un tema respiratorio. Él tenía neumonía y no lo recibieron en ningún hospital. Tú dime si no corren riesgos de salud por la discriminación”.
Asimismo –indica el especialista–, en función de las condiciones particulares, las personas van acumulando discriminaciones. Al ejemplificar, expone el caso de un joven atendido por la organización. “Se cae, le cortan una pierna, ya regresa con una discapacidad física pero estaba en el límite de una discapacidad psicosocial. Teníamos a un joven a los pocos meses ya con un tema de esquizofrenia y ahora sin una pierna”.
Víctimas de estas discriminaciones acumuladas son las mujeres indígenas que también son madres, usuarias o no de drogas y pertenecientes a la población callejera; hombres, con discapacidad física o mental y analfabetismo.
Aún después de muertos y sin que nadie se dé cuenta, las personas callejeras se ven expuestas a seguir sufriendo las consecuencias de haber vivido en la calle. Se ven en la posibilidad de ni siquiera tener un entierro digno e irse a la fosa común –como podría pasar con don Eleuterio–. Nadie merece eso.
