La cascada legislativa y las intenciones ocultas
Carlos Matute González
El viernes 28 de abril se aprobaron 18 iniciativas de reforma a diversas leyes con gran enojo de los partidos de oposición por el fallido nombramiento del comisionado del INAI que provocó la toma de la tribuna y que se sesionara en una sede alterna, previa una sospechosa visita de “cortesía” al Presidente en su residencia del Palacio Nacional de la mayoría morenista en el Senado.
El 03 de mayo se publicaron en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación 8 las reformas legislativas, 5 de ellas relacionadas directa e indirectamente con la estructura y proceso de la administración pública federal y la redistribución de facultades entre dependencias. Con bajo o nulo impacto en la ciudadanía. Una mera cuestión de reorganización del sector público en el que la gran perdedora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cede el control de las unidades de administración y finanzas de la administración pública federal a la Secretaría de la Función Pública, entre otras.
Esta publicación es el primer momento efectivo en que se puede conocer su contenido ya que la celeridad de los procesos legislativos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores hizo imposible un análisis objetivo de los decretos ya que no hubo un debate previo, abierto y crítico. Esto es un fuerte déficit en materia de transparencia legislativa.
En relación con algunos decretos sí había dictámenes elaborados en las comisiones en la Cámara de Diputados y, aunque se dispensó su primera y segunda lectura en pleno, hay que reconocer que hubo debates, pero fueron limitados e insuficientes y acelerados por el secretario de Gobernación, que súbitamente tuvo interés de sacar de la congeladora iniciativas que estaban durmiendo el sueño de los justos.
En el Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, tuvimos la oportunidad de organizar Diez Foros con la participación de expertos que abordaron desde enfoques jurídicos, administrativos, políticos y financieros sobre la necesidad de discutir y, en su caso, aprobar una Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que cumple en diciembre próximo 47 años de vigencia con base en la una iniciativa de reforma de abril del 2022 que entró en vigor el jueves, que reorganiza a destiempo la estructura burocrática responsable de la administración y finanzas de las dependencias y entidades del gobierno y posiblemente afecte su operación y rendimiento en el momento de cierre del sexenio (https://onx.la/73cfe).
Otras iniciativas presidenciales, para que fueran aprobadas en el tiempo ordenado desde el Palacio Nacional, fueron “deshuesadas” y se presentaron como iniciativas de diputados de Morena con exposiciones de motivos raquíticas. Además, se aprobaron sin dictamen en comisiones y con dispensa de lectura y debate en el pleno improvisado en el patio de la Antigua Casona de Xicoténcalt. En el Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública alcanzamos a analizar en tres carruseles editoriales la megarreforma administrativa, que acabó siendo, afortunadamente, un chisguete legislativo (https://n9.cl/0m5gho).
En cualquiera de los dos supuestos no hubo debate suficiente y tal y como sucedió con el Plan B electoral en diciembre pasado la violación al debido proceso legislativo garante del principio de deliberación democrática fue evidente.
En ambos supuestos, uno grave u otro más grave, la falta grosera de respeto al procedimiento legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución y al derecho parlamentario (ley y reglamentos) ha sido causa para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de varios ordenamientos jurídicos impugnados en su momento por la actual mayoría cuando era oposición. En ese mismo sentido, se difundió un proyecto del Ministro Pérez Dayán en el que se propone la inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B electoral.
Sin embargo, a pesar de que hay agravios suficientes para que se declaren inconstitucionales los 18 decretos aprobados en esta cascada legislativa, todavía el bloque opositor debe darse a la tarea de revisar con más tiempo, tranquilidad y cabeza fría cuales deben ser combatida y cuales son pertinentes y benéficas. La falta de formalidad no las hace malas, pero si muestra que para el gobierno y su mayoría legislativa la representación política de casi la mitad de los mexicanos no es legítima y no están dispuestos ni siquiera a escucharla.
¿Por qué las prisas? ¿Sólo es una reacción a la estrategia de la oposición en contra de la desintegración de facto del INAI? ¿Es una secuela del desgaste del liderazgo de Monreal en el Senado? ¿Es un zarpazo de Adán Augusto para mostrar su control político y lealtad al Presidente? ¿Cuáles son las intenciones ocultas de una cascada legislativa con muy pocas posibilidades de ser efectiva como instrumento de cambio o consolidación del mismo?
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
