Fiscalía General de Justicia y los rezagos de impunidad
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
+Se enorgullece la Fiscal General de Justicia, Sara Bruña Quiñónez, cuando le preguntan por las denuncias en contra del Rector Jesús Madueña Molina y responde de manera apresurada, apenas van cuatro, pero no dice que son montajes leguleyos*
Que lamentable que el morbo que provoca el conflicto Estado UAS, los reporteros prefieran omitir preguntarle a la Fiscal por el rezago histórico de delitos sin investigar que arrastra la dependencia a su cargo. Informar sobre cuatro denuncias contra un Rector es ridículo y ofensivo para la seguridad de Sinaloa.
Más de treinta mil carpetas de investigación sin resolver y mucho más el rezago de las antiguas averiguaciones previas que en ambos casos suman un número impresionante de delitos sin investigar. Prefieren distraer su atención en sandeces prefabricadas desde el gobierno.
Homicidios, personas levantadas y desaparecidas, violaciones, robos de todo tipo y muchos otros delitos que se cometen, son verdades que causan vergüenza y decepción en una institución del Ministerio Público incapaz de investigar y menos llevar al delincuente al cadalso de los acusados. Aberrantemente se pronuncian de cuatro denuncias contra el Rector y otros funcionarios de la UAS.
El uso faccioso de la Fiscalía General en el conflicto creado por el Estado en contra de la UAS, es la densa cortina de impunidad que se promueve en Sinaloa. La sociedad no se pronuncia porque tiene temor, pues la legalidad es lo que menos importa en este gobierno de cuarta defunción.
El Gobernador atiza el fuego contra las autoridades universitarias. Regaña a la Fiscal que ya tiene suficiente información en las carpetas de investigación para que los asuntos se judicialicen, cuando su preocupación debería ser que se pongan a trabajar contra ese rezago impune que alienta la criminalidad. No se hagan bolas desgastándose en asuntos politizados y perdidos.
Mucho tiempo perdido en un conflicto sin rentabilidad política y social. Un Estado extraviado en su misión de gobernar. Malhechores impunes que delinquen a placer. La sociedad inerme frente a una autoridad temerosa ante el criminal y valiente contra los que educan y forman a los hombres de bien.
¿Incapacidad para investigar o complicidad con la delincuencia? Las respuestas deben venir de las autoridades. La criminalidad que nos afecta es responsabilidad del gobierno porque no hace nada para erradicarla ¿las instituciones al servicio de la delincuencia?
No atacan el delito y tampoco detienen al delincuente, pero capacidad económica les sobra para comprar empresas periodísticas y también algunos reporteros. Perder la decencia quizá se justifique por la buena paga que seguro reciben desde el gobierno. No es casual que gran parte de la publicidad que difunden contra la UAS y sus autoridades, son informaciones filtradas perversamente desde la propia esfera estatal.
Madueña Molina inició su rectorado el ocho de junio del dos mil veintiuno, tiempo durante el cual la Casa Rosalina ha demostrado avances progresistas en su conducción institucional. En poco tiempo, se advierte una mejora continua de la calidad en la enseñanza que se imparte en la Universidad y cambios sustantivos en los planes y programas de estudio. La calidad educativa que acredita a la Institución uaseña cuenta con el mejor de los avales. Los Padres de Familia y en general el de la sociedad sinaloense.
Su planta docente, el de investigación y los trabajadores administrativos se han sumado para consolidar con visión de futuro la mejor Universidad Pública y Autónoma de Educación Superior en el Noroeste del País. En la Institución de Buelna se siembran valores y se forman los profesionistas que servirán al gobierno y a la sociedad de Sinaloa, no es productora de delincuentes.
Respetuosamente le pedimos señor Gobernador que exija resultados en el combate a la inseguridad y que la impunidad deje de ser el sello de la casa en Sinaloa. Como ciudadano, alzo la voz y exhorto a las organizaciones de la sociedad civil para que se pronuncien y exijan al gobierno que deponga toda amenaza de violación a la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que los colegios de profesionistas exijan que el conflicto creado por el Estado contra la UAS no se convierta en una amenaza contra la educación de sus hijos y los de las familias sinaloenses.
