Fuerza pública y cateos ¡más atentados contra la autonomía de la UAS!
Álvaro Aragón Ayala
El gobernador Rubén Rocha Moya tomó posición de dictador instrumentalizando al Congreso del Estado, a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal del Poder Judicial en la criminalización de funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en venganza por el rechazo de la comunidad universitaria a la Ley de Educación Superior del Estado, violatoria a la autonomía de las instituciones estatales de educación superior. Tergiversando información y creando escenarios falsos, intenta convertir en un “caso policiaco” el atentado a la autonomía universitaria. El Plan de Rocha es tomar por asalto la Casa Rosalina incluso con el apoyo de la fuerza pública.
Con el pago de millones y millones de pesos a los medios de comunicación para que acosen y linchen públicamente a los funcionarios de la UAS ubicándolos “periodísticamente” como delincuentes, el gobernador de Sinaloa viola el debido proceso y la presunción de inocencia de las autoridades universitarias a las que él ha fabricado delitos tomando como base la construcción de falacias para hacerlos aparecer como saqueadores del presupuesto universitario. El gobernador trastoca normativas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en materia de protección de la libertad académica y la autonomía universitaria.
Rocha Moya pretende hacer creer a la sociedad que la Universidad Autónoma de Sinaloa se niega a ser auditada, cuando en realidad la institución rechaza, sí, ser fiscalizada por entes que no tienen facultades legales para realizar este tipo de actividades. Es la Auditoría Superior de la Federación la que audita el presupuesto universitario por estar integrado con recursos enviados por la Federación; los ingresos propios los audita el órgano de control interno de la Casa Rosalina con el apoyo de un auditor acreditado por la Secretaría de la Función Pública. Si la UAS no fuera auditada el gobierno federal no le enviaría recursos para su funcionamiento.
El mandatario estatal embiste a los funcionarios de la UAS con una publicidad negativa con cargo al erario público, utilizando, además, todos los instrumentos gubernamental a su alcance porque se le atravesaron y se negaron a aplicar la Ley de Educación Superior del Estado construida por el Congreso Local bajo sus órdenes para procesar una Ley Orgánica Externa a la UAS que permitiera tomar el control foráneo de la universidad, violando su autonomía, para que la Casa Rosalina fuera controlada en lo académico y administrativo por el Gobierno estatal, el Poder Legislativo y la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Por esa negativa, el gobernador armó procesos penales contra funcionarios de la UAS. La presencia del Rector Jesús Madueña Molina ante un Juez de Control revela los “hígados negros” del gobernador que esta dispuesto a todo con tal de tomar por asalto a la universidad. El gobernador intenta imputar delitos prefabricados en el Congreso Local y en el Tercer Piso y trasferidos a la Fiscalía General de Justicia para su operación-aplicación y a los medios, que ganan millones de pesos con contratos de publicidad del gobierno, para su amplia difusión. El montaje gubernamental cuasiperfecto ha topado con la defensa jurídica de la Universidad.
Rubén Rocha moya está interesado en que los medios de comunicación divulguen su diferendo con la UAS como un “caso policiaco” en el que él puede hacer uso arbitrario de la Fiscalía General de Justicia para imputar delitos prefabricados en el Palacio de Gobierno, lo cual le da margen también para preparar a agentes policiales, peritos, técnicos en computación y agentes del Ministerio Público para que allanen y cateen las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Más que buscar pruebas de delitos, la orden sería “sembrar evidencias” y desmontar el equipo de cómputo de la institución para generarle un caos contable y administrativo.
La irrupción de las fuerzas policiales y/o de agentes del Ministerio Público en la UAS es violatorio a la autonomía universitaria, de acuerdo a la tesis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisa que:
“La intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en las instituciones académicas violenta su autonomía y genera un efecto amedrentador sobre la comunidad académica. Si bien dichas intervenciones pueden darse en casos excepcionales y en virtud de los deberes Estatales de preservar la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los Estados, estas deben darse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos, por lo que los Estados no pueden invocar la existencia de situaciones excepcionales como medio para suprimir o denegar, desnaturalizar o privar de contenido real la libertad académica, la autonomía universitaria o, en general, los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o como justificación para practicar o tolerar actos contrarios a normas imperativas de derecho internacional. La aplicación de la legislación de seguridad nacional, las normas sobre antiterrorismo y en general cualquier acción de las fuerzas de seguridad sobre los campus deben cumplir con los estándares de proporcionalidad, razonabilidad, legalidad y necesidad”.
La virtual penalización de los funcionarios de la UAS refleja a un gobernador en modo dictador que calcula meter a la cárcel a todo aquel que se oponga a sus caprichos y sus planes de “gobierno”; revela la arista de un mandatario intolerante que tuerce la función de las instituciones alineándolas para judicializar y criminalizar a los funcionarios uaseños bajo el grito de “la autonomía soy yo”, violando normas de corte internacional plasmadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues cualquier interferencia estatal en la vida interna de la Universidad debe cumplir requisitos de legalidad y finalidad legítima en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de idoneidad, necesidad y proporcionalidad bajo los preceptos de una sociedad democrática.
