Rocha trata de “encerrar” en Sinaloa su conspiración contra la UAS
Álvaro Aragón Ayala
Después de que los universitarios le pusieron una chinga gritándole traidor frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya perdió el control emocional y de su agenda contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y entró de nuevo en un estado de pánico por la injerencia Constitucional-Legal de funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública que determinaran el origen de la confrontación gobernador-UAS y buscarán alternativas de solución. Desquiciado, el mandatario estatal trata de “encerrar” el diferendo en su cancha: la Fiscalía General de Justicia y los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa.
Sin embargo, no es competencia del gobernador el control financiero-administrativo-político de la UAS ni ninguna la ley lo faculta para vigilar y fiscalizar a la UAS en su ejercicio presupuestal ni en su proyección académica. La Universidad no depende del Gobierno Estatal ni es parte de la estructura orgánica de la Secretaría Estatal de Educación Pública y Cultura. La UAS se rige por la Constitución General de la República y por la Ley General de Educación Superior y su quehacer está normado por su propia autonomía, por la SEP Federal, la SHyCP, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Sin poseer ninguna facultad para intervenir en su vida interna, Rubén Rocha Moya creó y mandó a los diputados de Morena aprobar y después publicó la intrusiva Ley Estatal de Educación Superior con el propósito de tomar el dominio de la Casa Rosalina. La ley de marras fue rechazada por los universitarios y decretada inconstitucional por los Juzgados Federales por violar la autonomía universitaria. El gobernador respondió con una cacería despiadada contra los directivos de la UAS a quienes ha inventado demandas penales que quiere mantener “encerradas” en la esfera estatal. Los Juzgados federales ya paralizaron la mayoría de las querellas por considerar que carecen de argumentación jurídica.
El plan del gobernador es mantener “enjaulado”, en su territorio, el escándalo de la persecución, la criminalización y la judicialización de las autoridades de la UAS, sin embargo, asesores de la Presidencia de la República, funcionarios de la SEP y de la Secretaría de Gobernación, saben que el conflicto escaló a nivel nacional porque se trata de un verdadero atropello ya que, sin ser de su competencia, el gobierno de Rubén Rocha fabricó denuncias contra los directivos de la UAS pasándose por el arco del triunfo los resultados de las auditorías practicadas a Casa Rosalina por la Auditoría Superior de la Federación.
Precisamente, los funcionarios de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y de la Auditoría Superior del Estado valoran las “cargas jurídicas” y los delitos que alcanzan a la Fiscal Sara Bruna Quiñónes, a los agentes del Ministerio Público, a los funcionarios del SATES, de la UIPES, de la Auditoría Superior del Estado y del Tribunal de Justicia de Sinaloa que están involucrados en la prevaricación de esas demandas que no tienen el sostén de los dictámenes de la ASF ni de la Secretaría de la Función Pública.
Las denuncias de Rubén Rocha tienen como apoyo “investigaciones” periodísticas que jurídicamente carecen de validez probatoria y que fueron elaboradas por el “gabinete de comunicación” del gobernador para su difusión masiva a fin de sostener su narrativa contra la UAS y argumentar públicamente la solidez de las querellas. El pago de millonarios contratos de publicidad a los medios de comunicación que divulgan la agenda Rocha contra la UAS deslegitima las susodichas “investigaciones”. Para la ASF y la SFP las publicaciones periodísticas no tienen el peso ni están por encima del resultado de las auditorías federales.
El gobernador regresó al estado de pánico gritando que el caso de la UAS se resuelve en la entidad, que la manifestaciones en su contra son “políticas” endiablado porque la presencia de las autoridades federales en Sinaloa para analizar el “caso UAS” podría considerarse como los primeros pasos que se dan para desmontar la conspiración política y judicial que armó contra los directivos de la Casa Rosalina en venganza porque no le cedieron el control de la institución, generando él un conflicto que raya en la ingobernabilidad y que por su magnitud trasciende a nivel nacional revelando que en Sinaloa Rocha Moya es el generador de conflictos, persecución y violencia gubernamental.
