El fracaso de AMLO en el caso Ayotzinapa
Mecapal: cargadores de esperanza
Este domingo 28 de abril del 2024, las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos realizaron un mitin en la estela de luz, en paseo de la Reforma en Ciudad de México, donde expresaron que a casi diez años el gobierno federal no ha resuelto nada. Doña Macedonia Torres, madre del estudiante desaparecido José Luis Luna Torres, señaló a “los policías municipales, estatales, federales y el ejército como los responsables de la desaparición de sus hijos. Ellos saben dónde están. A pesar de que estamos enfermos, el ejército se niega a entregarnos las pruebas que tienen de nuestros hijos”. Exigieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que no esté sujeta al proceso electoral porque no es un tema político, sino de investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos.
Don Pablo Hernández, padre del estudiante desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, reclamó al gobierno federal sus nulos resultados, y dijo que desde el principio ha ido “con puras mentiras, como el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo único que exigimos es que nos entreguen a nuestros hijos. También queremos que no nos sigan hostigando, ni a los normalistas ni a los licenciados, porque ellos siempre van a andar con nosotros. El gobierno dice que nos están manipulando, pero eso es mentira”. Más bien, las familias esperan que el gobierno les diga dónde están sus hijos y está obligado porque fueron desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes, dijo con claridad: “Reconocemos, contrario a lo que dice el gobierno federal, que hubo avances en la investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas. Hubo un esfuerzo del gobierno, y se creó una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj)”.
La lucha de las madres y padres, testigos, pruebas, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Organización de las Naciones Unidas y la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, contribuyeron a destruir la mal llamada verdad histórica “y en el 2018, junto con la Covaj, concluíamos que la verdad histórica fue un montaje para ocultar la verdad. El gobierno de Enrique Peña Nieto falsificó pruebas, alteraron los escenarios criminales, torturaron a detenidos, se ocultó evidencia para desaparecer el rastro de los 43 normalistas. Fue una acción criminal”, denunció Vidulfo Rosales.
Esta lucha de las familias se condensó en todos los mecanismos de verdad y justicia con avances en el 2019. El gobierno hizo propios estos avances a través de la Covaj, a raíz de la resolución del Tribunal Colegiado de Reynosa. Con los días hubo logros importantes, las reuniones eran constantes y las búsquedas en campo se realizaban con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. La esperanza en las familias estaba más cerca que nunca.
En el 2021 se tuvieron líneas importantes en la investigación. Se encontraron hallazgos importantes en la barranca de la carnicería, logrando identificar dos restos que corresponden a los estudiantes Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. “Son los avances que compartimos y reconocemos. Lo estamos diciendo porque en las mañaneras desde el Palacio Nacional se dice que no reconocemos, que ponemos obstáculos y que venimos a estropear la investigación que el gobierno federal que ya llevaba”, dijo Rosales Sierra.
Sin embargo, en el 2018 este gobierno no llevaba nada. ¿Qué tenía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto del caso? Más bien, “los avances fueron por las luchas de las madres y padres, mientras que los avances y las pautas de nuevas líneas de investigación las dio el GIEI, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) al encontrar que más de 30 personas habían sido torturadas y escenarios criminales alterados con el firme propósito de ocultar el paradero de los jóvenes”, aclara el abogado de las madres y padres.
Hoy el gobierno tergiversa la información, diciendo que las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias estropean la investigación. “Es una afirmación dolosa del presidente. Quiere confundir, pero, sobre todo, justificar su total fracaso en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, su palabra empeñada y el incumplimiento de sus promesas de campaña”, reclama Vidulfo.
Es evidente que el presidente de México hasta el momento no ha podido esclarecer el caso Ayotzinapa. No se sabe dónde están los estudiantes. En la última recta del sexenio pide a los mexicanos información del caso porque no quiere tocar al ejército mexicano. En el 2021 se tenía una serie de líneas sólidas de investigaciones, información, datos, y surgieron más líneas en la indagatoria de suma trascendencia que condujo a la responsabilidad del ejército mexicano en sus diferentes niveles.
“Hay datos de prueba que establecen que el ejército mexicano estaba vinculado con el grupo delictivo Guerrero Unidos. Comandantes, tenientes, coroneles del 27 Batallón de Infantería recibían dinero del grupo criminal. Tenían reuniones y facilitaban el trasiego de droga que bajaba de la Sierra de Guerrero, pasaba por Iguala, Estado de México y hacia el norte del país; recibían dinero del grupo delictivo; tenían convivencias, comidas y demás actos con la jerarquía militar. Por esa colusión están en la cárcel 16 militares”, explica el abogado de las familias.
Esta connivencia del 27 Batallón de Infantería y Guerreros Unidos generó no solo la desaparición de los 43 estudiantes, sino de cientos de personas en Iguala. Era un grupo delictivo que mataba, desaparecía y que el glorioso ejército mexicano facilitaba; eran parte del negocio criminal. Es el ejército que defiende el presidente.
El abogado Rosales Sierra resalta también otro nivel de participación del ejército con datos que reza en la investigación y que un testigo declaró en el Ministerio Público en dos ocasiones con el juez que el día 26 de septiembre 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería. Fueron torturados, varios de ellos no resistieron la tortura y perdieron la vida dentro de las instalaciones militares y otros salieron con vida. Luego fueron llevados a una colonia en Iguala, donde fueron asesinados, desmembrados, metidos en bolsas negras y llevados a un horno crematorio. Pero no se ha seguido ni profundizado esta línea de investigación; sin embargo, las autoridades tienen la obligación de dilucidar.
Las madres y padres no pueden quedarse con esa duda. Se tiene que descartar si sus hijos fueron o no asesinados dentro del 27 Batallón de Infantería como señala el testigo. Es inhumano y este gobierno tiene que entender que no es un tema político-electoral, sino un tema de investigación, de 43 jóvenes desaparecidos que trasciende la grilla de Palacio Nacional, la politiquería de estos tiempos. Por tanto, es responsabilidad de las autoridades esclarecer el tópico.
Surgieron más elementos, que no se dicen en la mañanera, datos de investigación de que el 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo, Guerrero, con labores de contrainsurgencia, inscribió a dos soldados en la Normal de Ayotzinapa. Es vergonzoso que el ejército infiltre a sus efectivos a un centro educativo. ¿Estamos en guerra? ¿La normal de Ayotzinapa es el enemigo ahora? ¿Hay una guerra declarada contra ellos…? Es un ejército acostumbrado, como en el viejo régimen, a mirar comunistas y guerrilleros por todos lados. No han cambiado, sigue el mismo ejército que considera enemigo al pueblo pobre. Vigilan a los insumisos y a los que alzan la voz.
A partir de las labores de contrainsurgencia del ejército en la normal de Ayotzinapa se infiere que tenían información desde antes del 26 de septiembre y en el momento de la desaparición minuto a minuto, porque cuando llegan a Iguala los estudiantes había dos soldados que los estaban siguiendo y dos soldados que estaban en el C4 monitoreando en tiempo real los movimientos de los jóvenes. Todo está en los expedientes. El gobierno cuando le preguntan niega esa información, explica Rosales Sierra.
Un elemento más, entre varios, fue que el ejército mexicano tenía monitoreado al grupo criminal Guerreros Unidos y a la policía municipal de Iguala, porque sabían que había vínculos. En ese sentido, cuando están desapareciendo a los 43 la noche del 26, los militares estuvieron escuchando todo lo que estaban hablando los policías con el grupo delictivo Guerreros Unidos. La intervención telefónica transcrita entre el jefe de la policía y el jefe de Guerreros Unidos hablan que a 17 jóvenes los llevaron de Barandilla Municipal a Lomas de Coyote, Iguala, comenta Vidulfo Rosales.
Por eso, en la información que entregó el ejército mexicano de cerca de 70 mil documentos, hacen falta 866 folios que no se han entregado. Ahí puede estar información relevante de los 25 estudiantes y saber dónde se llevaron a los 17 estudiantes. Todo es posible para las madres y padres, pero necesitan revisarse los 866 folios. Es necesario que el ejército mexicano ponga a disposición esa documentación en la mesa de la Covaj para que pueda ser revisada y verificada.
Ante esta urgencia, las madres y padres no pueden esperar que pase el proceso electoral. Es un tema de humanidad. La incertidumbre de no saber nada de sus hijos es más grande que los intereses de grupúsculos o el teatro de la democracia; peor aún, de las batallas por el poder. Con el corazón desgarrado las madres y padres tienen que seguir con la exigencia del regreso de sus hijos, mientras el gobierno de la transformación aplaza el encuentro, o mucho peor, no les trata con dignidad.
Con información de Animal Político
