Se le cayó a Rubén Rocha el “caso de las tortillas”. Jueza federal descubre que fue un montaje

Álvaro Aragón Ayala

Y resultó que todo fue falso. Sí, una gigantesca mentira. Después de una revisión jurídica minuciosa, profunda, exhaustiva, del expediente del “caso de las tortillas”, una jueza federal determinó que todo fue un montaje derivado de la mente del gobernador Rubén Rocha Moya, y determinó que al no ser verdad, sino únicamente una narrativa construida con mentiras, no existe entonces delito que perseguir, y determinó proteger al Rector Titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, suspendido ilegalmente del cargo, Jesús Madueña Molina, y al ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera.

La Jueza Segundo de Distrito Fernanda Goretti Ávila González destapó la perversidad y anuló la vinculación a proceso por el invento de la compra irregular de 18 millones de pesos de tortillas, maíz y sus derivados, dictada por el ministro de culto Adán Alberto Salazar Gastélum en función de Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia. La vinculación condujo a otra medida: la suspensión temporal del cargo de Madueña Molina.

La infamia fue urdida, allá, a principios de mayo del 2023. Encolerizado Rubén Rocha con el Rector Jesús Madueña y la comunidad universitaria porque le rechazaron la Ley de Educación Superior del Estado y se negaron a cederle el control político-económico-financiero de la UAS, dijo que el Gobierno del Estado (el SATES) había detectado a través de una factura la compra de 18 millones de pesos en la adquisición de tortillas y nixtamal durante la época de da pandemia.

“Tengo aquí una factura que en el año del 2020 compraron 18 millones de pesos, me imagino que para las casas de estudiantes, pero en el 2020 no había casas porque había pandemia y lo agarran y lo revisan quienes son sus proveedores, los tres proveedores ni venden masa, ni son de MASECA, no venden eso y todos ellos no tienen ni un trabajador para 18 millones de pesos en tortillas ¿y porqué sabemos nosotros?, porque somos el gobierno”, dijo.

De inmediato, los directivos y los abogados de la UAS desmintieron la declaración semanera de Rubén Rocha. La calificaron como una villanía, como el inicio de una campaña de descrédito y persecución y le exigieron la exhibición de la factura. El mandatario estatal nunca presentó el documento, pero ordenó a todos los medios de comunicación a los que vía contratos de publicidad les paga los salarios de sus trabajadores y sus directivos, inventar el saqueo de los recursos de la universidad. Fue así que se publicitó de manera escandalosa el “caso de las tortillas”.

Por medio de periódicos impresos y sus redes digitales, plataformas electrónicas y noticieros de radio, el gobernador Rubén Rocha Moya se dio vuelo narrando una y mil historias de las tortillas, ayudado por los diputados de Morena y uno que otro del PRI, sin ocultar nunca el origen de la acusación: el enojo por los amparos contra la Ley Estatal de Educación Superior y porque los universitarios acordaron defender la autonomia de la Casa Rosalina. El acuerdo general fue no entregar la UAS al rochismo.

Una vez que el gobernador creyó que ya había “sensibilizado” periodísticamente a la sociedad sobre la presunta corrupción en la UAS, procedió a fabricar una demanda penal, con el apoyo de su cuerpo de asesores jurídicos, directivos del SATES, la Fiscalía y el Juez de Control Adán Alberto Salazar, quien citó a Jesús Madueña y Juan Eulogio Guerra y al comité de compras de la universidad, sin embargo, desde las primeras audiencias quedó claro que no existía ningún cheque de 18 millones ni compras de tortillas por esa cantidad ¡todo era un invento del gobernador!

De frente, ante el Juez, los directivos de la UAS y sus abogados demostraron con cientos de facturas que todo era un montaje orquestado por el gobernador, la Fiscal Sara Bruna Quiñónez, y el propio Juez, apoyado por los medios de comunicación, cuyas “investigaciones” publicadas sobre el caso, fabricadas exprofeso por Rubén Rocha, habían sido tomadas como “pruebas” para intentar encarcelar a los directivos de la Universidad. Quedó demostrado ahí que todo era producto de la perversidad, una especie de “caricatura jurídica”.

Pese a que se comprobó que las compras no sobrepasaban el millón y medio de pesos y que la inversión se justificaba por el apoyo alimenticio dado a las brigadas médicas universitarias que participaron en la vacunación contra el Covid-19, el Juez Adán Alberto Salazar, por consigna del gobernador Rubén Rocha, vinculó a proceso a Jesús Madueña y a Juan Eulogio Guerra; posteriormente, destituyó del cargo a Madueña violentando la autonomía de la UAS.

El caso se fue entonces a los tribunales federales. La Jueza Segundo de Distrito Fernanda Goretti Ávila González no se tragó el cuento de los 18 millones de pesos de tortillas inventado por el gobernador y concedió el amparo de la justicia federal a Jesús Madueña y a Eulogio Guerra y echó abajo la conspiración jurídica en la que sobresale la mano ejecutora del Juez de Control Adán Alberto Salazar. A secas, con contundencia jurídica, ordenó dejar sin efecto el acto de vinculación a proceso, lo cual desencadenó la locura de Rubén Rocha, sus asesores jurídicos, la Fiscal y de Adán Alberto Salazar, quien estrena cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

El enloquecimiento es fundado ya que quedó de manifiesto que el “caso de las tortillas” fue una farsa y porque la anulación de la vinculación a proceso obligará a quitarle a Jesús Madueña la medida “cautelar” de separación del cargo de Rector, y porque pone en entredicho la ilegal aplicación de la “garantía económica” de 2 millones de pesos que otro Juez, Carlos Alberto Herrera, le aplicó inventando tres delitos ya que el gobernador se enojó pues el Rector Titular, en calidad de universitario no de autoridad, habló en la Sesión del Tercer Informe de la UAS, participa en protestas universitarias y ejerce un liderazgo en la Casa Rosalina.

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