Rubén Rocha, atrapado por las “dudas razonables”. No escapa de la sospecha
Álvaro Aragón Ayala
Ubicado por la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como clave para desentrañar la trama de la detención-secuestro-entrega de Ismael -El Mayo-Zambada, Rubén Rocha Moya quedó atrapado en la vorágine de las dudas razonables en torno al asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el cual es considerado un homicidio político en su vertiente de crimen de Estado. En medio de la duda, se sospecha que el gobernador es el autor intelectual del crimen. Es una duda razonable, que conste.
En la mañanera de hoy lunes 2 de septiembre, Rubén Rocha entró en defensa del profesor Jorge Ibarra Martínez, dirigente y activista del grupo Civitas-Universidad (conocido como los Chivitas), quien, bajo la consigna de la criminalización post mortem de Héctor Melesio Cuén, y de la fragua gubernamental para denostar informativamente a los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, intenta meter en el ánimo colectivo la narrativa de que están vinculados con el crimen organizado.
Jorge Ibarra es uno, de un grupo de cuando menos ocho comunicólogos, que instrumentalizó, con recursos públicos, Adriana Ochoa del Toro, directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, para, en vida, criminalizar a Cuén Ojeda, creando el “caldo de cultivo” para su asesinato. Después del homicidio, la orden de Adriana Ochoa es seguirlo atacando con ferocidad siguiendo un plan extensivo, más amplio, de satanización pública.
El plan de Adriana Ochoa, quién, obvio, obedece indicaciones superiores, es sembrar la percepción de que Héctor Melesio estaría vinculado al narco y, partiendo de ahí, gestar la narrativa de que los directivos estarían también relacionados con la delincuencia. Jorge Ibarra, Alejandro Sicairos y Adrián López Ortiz ajustan precisamente su agenda “periodística” a la línea dictada por la coordinadora de comunicación de Rubén Rocha.
El académico de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Pública, en donde es acusado de acoso sexual, y que, además, participa, cuando menos en dos grupúsculos de agitación, publicó dos artículos en Noroeste que tituló “autoridades de la UAS en posible asociación delictuosa” y “Los tentáculos del Narco alcanzan a la UAS”, en los cuales, de acuerdo al dictado de Adriana Ochoa, “las autoridades universitarias pudieran estar más próximos a ser investigados por crímenes federales y delincuencia organizada”.
El gobernador entró, pues, en la defensa de Jorge Ibarra alegando que se atenta contra el derecho a “escribir lo que él quiera” y reprobó que lo haya citado el Departamento Jurídico de la UAS para que responda por violaciones al Código de Ética, la Ley Orgánica de la Casa Rosalina, el Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo y por incurrir abiertamente en actos de difamación y calumnias contra los directivos de la institución.
“Vamos a defender a Jorge Ibarra sin violar la autonomía universitaria”, dijo, y en la misma línea de su jefa de prensa Adriana Ochoa del Toro, el gobernador recurrió a la duda, una duda razonable – dijo- para deslizar un comentario en el sentido de que quien controlaba a la UAS tenía “esas relaciones”, sembrando la sospecha de que los directivos de la Casa Rosalina podrían tener vínculos con la delincuencia. “Es una duda”, explicó.
En esa vorágine de dudas, dudas razonables que pueden alcanzar la categoría de hipótesis o línea de investigación, está clavado hasta el cogote Rubén Rocha Moya, pues sin llegar a sentenciarlo ni exonerarlo, en medio de las dudas hay quienes lo acusan de haber entregado a Ismael -El Mayo-Zambada, otros en el rango de la misma duda razonable lo señalan como el autor intelectual del asesinato de Héctor Melesio Cuén para “despejar el camino” y apoderarse de la UAS.
Otra duda flota ya que no se sabe quién o quiénes invitaron a Cuén Ojeda a esa reunión del 25 de julio con El Mayo Zambada. Las dudas razonables indican que habría sido Rubén Rocha quien le habló y lo citó por teléfono sin indicarle que iba a estar el capo del narcotráfico, todo dentro de un plan -según la duda razonable- para capturar a El Mayo y matar a Cuén y achacarle el crimen al narco y pedirle a Adriana Ochoa la elaboración de la narrativa de la anexión de los directivos uaseños con la delincuencia.
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