“Ley Feliciano”: el plan es usar a los alumnos para desestabilizar y desmantelar a la UAS

Álvaro Aragón Ayala

Violando la Constitución y la Ley General de Educación Superior, diputados de Morena del Congreso Local y sus aliados traidores del PRI y del PAN, aprobaron, a espaldas de más de 175 mil universitarios, reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el propósito de empoderar el voto de los estudiantes, darle el mismo valor que el de los académicos, investigadores y trabajadores administrativos para, una vez adoctrinados o catequizados, usarlos como “punta de lanza” en el proyecto de desestabilización y desmantelamiento de la estructura de la Universidad del Conocimiento para regresarla o mutarla en la Universidad de la Anarquía.

La nueva Ley, bautizada como “Ley Feliciano”, es el instrumento para instaurar una “dictadura estudiantil” o una “pequeña república morenista”. El proyecto es colonizar la Casa Rosalina y, con el voto de los alumnos que son mayoría, colocar rectores, directores, coordinadores de Unidades Académicas, etcétera, afines al proyecto político-electoral de Morena. Es un paso para tomar por asalto a la UAS. La ley de marras abre la puerta de la Casa Rosalina para que alcaldes, diputados, Senadores y caciques locales de Morena coloquen directivos universitarios mediante la compra y la “orientación” del voto estudiantil.

No se trata de encauzar la “democratización” universitaria, sino de la instauración de un nuevo sistema electivo que permita utilizar a los alumnos para desmontar el andamiaje de la UAS y favorecer a un grupúsculo interno, de no más de 25 personas, agrupado en los Civitas Universitarios y en el Frente Democrático Universitario, y a una facción de jubilados que obedecen consignas de un poderoso grupo externo que intenta, mediante la persecución política y judicial y las argucias legaloides de la “Ley Feliciano”, dominar a la Universidad e instalar en todos los cargos a activistas y directivos de Morena. Les urge entonces instrumentalizar el “voto universal” de la masa estudiantil.

Hay tres formas generales y legales para la elección de autoridades en las Universidades Públicas: una es por la Junta de Gobierno (método que aplican 13 de las 36 universidades: 36 por ciento); por el Consejo Universitario (18 de las 36: 50 por ciento), y por votación universal secreta y directa de la comunidad (únicamente el 5 de las 36: 14 por ciento). La votación universal contemplada en la reforma a la Ley Orgánica de la UAS ha sido paulatinamente suprimida por las Instituciones de Educación Superior porque genera choques internos entre alumnos y maestros, propicia el financiamiento externo a las “campañas” de elección y genera desestabilización y caos.

En el voto directo, como si se tratara de una elección de alcaldes, legisladores, gobernadores y de presidente de la República, se “legitima” el supuesto de que todos los miembros de la comunidad universitaria son “iguales” sin importar a que sector pertenezcan (estudiante, maestro, investigador, administrativo, funcionario), por tanto, el voto tiene el mismo valor. Así, el sufragio de un menor de 16 años preparatoriano tiene el mismo peso específico que el de un académico de tiempo completo o de un investigador. No se considera que los estudiantes van de paso y que algunos hasta desertan después de votar.

Como en las elecciones el que gana es el que obtiene el mayor número de votos, las “campañas” de los candidatos a cargos universitarios van dirigidas principalmente a donde se concentra el mayor número potencial de sufragios: los estudiantes. Incluso, la “Ley Feliciano” pretende aumentar el número de alumnos en el Consejo Universitario bajo el argumento de la equidad de género para propiciar el hipotético control de Morena de ese órgano a través de los estudiantes.

Los candidatos surgidos de grupos internos a la institución o impulsados y avalados por grupos externos (ya sea profesionales, de dirigentes de partidos políticos, de grupos de presión o de los propios gobiernos locales o del gobierno del Estado) requieren de grandes cantidades de recursos para realizar sus “campaña”: se gasta en concentraciones y regalos de computadoras o celulares a estudiantes, medios de transporte, distintivos masivos de identificación, acceso y manejo de medios de comunicación, casas de campaña y propaganda de diverso tipo.

El voto universal secreto y directo no establece, pues, diferencia alguna entre los diversos miembros de los sectores institucionales: tiene el mismo peso el voto de un estudiante recién ingresado a la educación media superior, que todavía no puede votar en elecciones constitucionales porque no cumple el requisito de los 18 años de edad, que el de un profesor o investigador reconocido por su trayectoria; el de un alumno que transita por la universidad que el de un profesor o un empleado que estará toda la vida en la institución.

Este tipo de elección, es rechazada por más de 175 mil miembros de la comunidad de la UAS ya que su aplicación, en el pasado reciente, colapsó la Casa Rosalina al permitir al interior del campus toda clase de tropelías, chantajes, paros locos, y el uso de estudiantes como “grupos de choque” para agredir verbal y fisicamente a los directores y a la propia autoridad rectoral, y porque la universidad es una institución de cultura y no una “república chiquita” gobernada por estudiantes manipulados por profesores o jubilados o por grupos políticos externos.

Las regresivas reformas a la Ley Orgánica de la UAS aprobadas por los diputados de Morena dirigidos por Feliciano Castro Meléndrez, son las mismas que fueron apicadas “por la izquierda” en los años 80, 90 y hasta el año 2000 convirtiéndola en la Universidad de la Anarquía ya que obstaculizaron su despegue científico, académico y cultural y evitó su internacionalización. Se desechó porque “los usos y costumbres” para conseguir el voto de los estudiantes, sobre todo de las preparatorias, son impropios (borracheras, comidas gratuitas masivas acompañadas con grupos musicales); porque hay coacción y presión de los profesores sobre los estudiantes.

Porque, además, no está regulado el origen de los recursos para financiar las onerosas “campañas” (hay dudas razonadas sobre mal uso de los recursos institucionales), también por los compromisos que se adquieren con quienes desde el interior o exterior del campus pagan las jornadas de elección; por intromisiones externas y porque no forma parte de las reivindicaciones e intereses de los estudiantes. La historia de UAS y otras universidades revela que este mecanismo provoca desgaste institucional.

Este ejercicio dificulta la gobernabilidad institucional, pues en el caso de la elección de rector se pactan acuerdos entre las diferentes fuerzas contendientes para repartir los “puestos” de la administración, de modo que la secretaría general o el área de finanzas le corresponde a la segunda “fuerza” (medida por el número de votos), y así sucesivamente, a tal grado que se dificulta llegar a consensos en torno al futuro de la universidad ya que prevalecen los intereses de grupo. La utilización de los alumnos es la esencia, pues, de la “Ley Feliciano”. Se proyecta enfrentar a los estudiantes con sus autoridades para intentar concretizar la toma por asalto de la UAS.