Obradorato
Héctor Tajonar
El obradorato es un maximato. No sabemos dónde está López Obrador; lo que sí sabemos ese que sigue dictando las decisiones más importantes de la política nacional en contra de la Constitución, la democracia, el poder judicial, la división de poderes, los órganos autónomos y los derechos ciudadanos.
Se ha confirmado que Andrés Manuel I es el dueño vitalicio de su partido-movimiento y de la ‘cuarta transformación’. El 1 de octubre dejó el cargo pero no abandonó el poder. AMLO, Morena y la 4T constituyen una entidad política indivisible.
En el último mes de su gestión, el demagogo radicalizó la arbitrariedad, el abuso de poder y su desprecio por la ley. El autoritarismo obradorista es trasnsexenal y va en aumento.
El maximato macuspano se impone con fuerza coercitiva creciente, respaldado por los liderazgos en las cámaras de diputados y de senadores, de Morena y de una férrea disciplina partidaria; así como de más de la mitad del gabinete actual. La gravedad del daño que causarán dichos delirios despóticos puede ser irreversible.
Quien está asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de los desvaríos de su antecesor es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hasta ahora, la primera Presidenta de México sólo se ha mostrado como una firme defensora de la herencia envenenada del obradorato. Todavía no hemos visto las cualidades gubernativas que al parecer posee, ni su vocación democrática o su respeto por el imperio de la ley. Es una lástima y representa un riesgo mayúsculo. ¿Tiene remedio?
El pacto entre López Obrador y Claudia Sheinbaum fue equitativo: hacerla presidenta a cambio de lealtad absoluta. Sin embargo, la disparidad entre ambos personajes es notoria sobre todo en términos de experiencia y astucia política, así como de carisma e histrionismo. En cambio, la doctora tiene mejor formación, mayor rigor intelectual y aptitudes administrativas superiores; aunque todavía no ha mostrado ese potencial.
Cuando el “Es Claudia” se hizo realidad, el zorro tabasqueño fue capaz de mantener la unidad dentro de Morena y puso en marcha una estrategia para asegurar que la continuidad de la 4T quedara bajo su dominio. Le impuso el Plan C como proyecto de gobierno y la obligó a que todos los legisladores electos de Morena firmaran un documento en el que se comprometían a defender sin modificación alguna las 18 reformas constitucionales contenidas en dicho plan.
Adicionalmente, la rodeó de sus incondicionales en el Congreso, en su partido, en el gabinete e incluso en el círculo más cercano de la Presidenta dentro de Palacio Nacional. A pesar del afecto muto, él está acostumbrado a imponer su voluntad sin matices de ninguna especie; no confía ni en su sombra.
“O estás conmigo a estás contra mí.” Los instrumentos para controlar a su pupila se reforzaron a raíz de la arrolladora victoria del 2 de julio, después del 1 de septiembre; así como, alevosamente, a partir de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
La extorsión es la herramienta principal para reafirmar su dominio. La tiene cercada.
No obstante, la doctora Sheinbaum asumió el cargo con el mayor poder institucional en tres décadas; con muy pocos contrapesos. La legitimidad democrática obtenida en las urnas (con la ‘ayudadita’ de su mentor), así como la autoridad propia de su investidura habrían hecho innecesarias la manera ilegal, abusiva y desaseada en que se obtuvo la sobrerrepresentación; así como aprobación acelerada e irreflexiva de una reforma al poder judicial aberrante y costosa, además de electoralmente irrealizable.
Los jurisconsultos más reconocidos de México y el mundo han demostrado que el bodrio de reforma judicial obradoriana no fue concebida para acabar con la corrupción en el sector, ni para mejorar la impartición de justicia, sino con el fin de controlar al poder judicial. Fue el resultado de un capricho y una venganza surgidas de la megalomanía de un autócrata (documento Amicus Curiae).
“Lo mejor es lo peor que se va a poner”, advirtió el jefe máximo de la regresión autoritaria. En efecto, al darse cuenta de que la Suprema Corte sí tiene la facultad de invalidar las reformas al poder judicial y de la guardia nacional, se radicalizó aun más e impuso intempestivamente otras reformas constitucionales para impedir cualquier impugnación a toda reforma constitucional, con efecto retroactivo.
A ese inédito y grotesco intento por asfixiar el poder judicial y con ello asesinar a la democracia constitucional vigente se le ha llamado “Supermacía constitucional”.
La noche del martes 22 de octubre, en el Senado, Adán Augusto López dio a conocer la iniciativa en materia de “inimpugnabilidad sobre las adiciones o reformas a la constitución federal”. El objeto es hacer improcedentes los reclamos contra las modificaciones a la Carta Magna, “con la finalidad de evitar arbitrariedades y el uso discrecional de los órganos de justicia”.
Dicha radicalización del absurdo fue planeada de manera subrepticia por la trinca Adán-Noroña-Monreal, dirigida por un caudillo que opera en la sombra desde un lugar ignoto. Se menciona que en la reunión secreta del trío maléfico también estuvieron presentes la presidenta de Morena y “Andy”, orgullo del nepotismo obradoriano.
Todo indica que la presidenta Sheinbaum no fue consultada ni informada previamente sobre dicha iniciativa; la decisión se tomó a sus espaldas. Ello implicaría un grave ocultamiento e incluso una traición al acuerdo de confianza y respeto entre el ex mandatario y la Presidenta, lo cual podría marcar un punto de quiebre en la relación entre ambos personajes.
El proyecto de decreto inicial incluía reformas y adiciones a los artículos primero, 103, 105 y 107 de la Constitución. Sin embargo, la mañana del pasado miércoles 23 Adán Augusto tuvo que recular y eliminar la reforma al artículo primero; seguramente a petición de Claudia Sheinbaum, quien a pregunta expresa en la mañanera comentó que la reforma al primero constitucional había sido eliminada.
Aun así, las reformas a las otros artículos ya fueron aprobadas en el Senado y la aplanadora en la Cámara de Diputados está por hacerlo. Ya no se podrían impugnar ni modificar las reformas a la Constitución aprobadas en el Congreso ni por la vía del amparo, la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad.
La tiranía de la mayoría morenista podría reformar la constitución a su antojo, sin restricción alguna y sin posibilidad de que fuera impugnada. Así se tratara de artículos contra la progresividad de los derechos humanos, las garantías individuales, principios normativos inamovibles, la cancelación de la independencia de los órganos autónomos, la prisión preventiva oficiosa, e incluso el artículo 83 que prohibe la reelección del presidente de la república.
Resulta deleznable e intolerable que la arbitrariedad y tropelía de un solo individuo que ya no es presidente sea capaz de crear una crisis constitucional y un caos político en un país como México; una nación con instituciones democráticas sólidas, en vía de consolidación, la décimo cuarta economía del mundo (FMI), así como socio comercial de los Estados Unidos y Canadá.
Ayer lunes 29, el ministro Juan Luis González Alcántara presentó un proyecto de sentencia en el que propone elegir por voto a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; pero no elegir por voto a jueces de Distrito ni magistrados de Circuito.
Sin recato alguno, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no se acatará la resolución si es aprobada por la Suprema Corte. La presidenta Sheinbaum comentó: “Los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional… No tienen las atribuciones como Corte de legislar ni de echar atrás una reforma constitucional…” (29/X/24).
Sería deseable que se abriera un espacio para la sensatez y la conciliación para evitar el choque de trenes que ocasionaría una catástrofe nacional. Recordemos que entre las facultades y obligaciones del Presidente, el artículo 89 constitucional establece el deber de: “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”.
Suceder a un líder carismático es un reto complejo. Siguiendo a Max Weber, lo recomendable para la presidenta Sheinbaum no es reproducir la manera de gobernar de su mentor sino ejercer ‘la autoridad legal-racional’ correspondiente a su investidura. Guiarse por la ‘ética de la responsabilidad’ definida por el sociólogo alemán como la capacidad de “ponderar las consecuencias que pueden tener las decisiones y acciones políticas”, mediante un sentido de la proporción normada por la prudencia.
Al estadista se le identifica por “su habilidad para permitir que la realidad influya en sus decisiones a través de la reflexión y la serenidad interior,” afirma Weber, y agrega: “La política se hace con el cerebro, no con ninguna otra parte del cuerpo o del alma.”¿Cuestión de tiempo y voluntad o caso perdido?
No hay autocracia sin autócrata, pero sí puede haber democradura (Rosanvallon).
El obradorato es un maximato que conduce al abismo.
Con información de Aristegui Noticias
