Campos de exterminio y ausencia del Estado
Ana Lorena Delgadillo
En los gobiernos priistas era muy común ver que cuando había un problema serio en el país, se decía que eso se resolvería con nuevas leyes, con nuevas instituciones y con mucha colaboración. Eso nunca pasaba, pero el discurso servía para llenar un hueco que no se lograba llenar con acciones efectivas.
Seguramente hay muchas responsabilidades en el hallazgo del Rancho Izaguirre pero sobre todo hay grandes ausencias de una institucionalidad que ni en lo federal ni en lo local ha podido dar respuesta a la crisis de desaparición en México. No tenemos un problema de falta de leyes ni de protocolos, tenemos un problema de falta de voluntad, de incapacidad de quienes están al frente de las principales instituciones y de falta de recursos humanos y materiales para hacer frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que vive el país. Tenemos un grave problema con los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones que han fallado a las víctimas y al país.
Vivimos en el país de las fosas y en el país de los campos de exterminio, en un país donde los territorios están tomados por el crimen organizado, territorios donde las autoridades no se atreven ni a poner un pie; al hallazgo del Rancho Izaguirre se suman los de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, entre otros.
Más allá de las graves fallas en la respuesta de la Presidenta Sheinbaum cuando en la mañanera habla de sus estrategias frente a la desaparición, nos debe quedar claro que si la impunidad existe, es porque está permitida. Ningún gobierno ha tenido la voluntad de que las fiscalías sirvan para erradicarla. Las fiscalías se manejan al antojo del poder ejecutivo y cuentan con la complicidad del legislativo, que valida a quien ellos apuntan y no son capaces de pedirles cuentas.
Estamos manteniendo una institución que no nos ha dado resultados; no han sido capaces de sustentar investigaciones firmes, de pelear ante los tribunales por sentencias condenatorias, buscar a los desaparecidos y coordinarse con las comisiones de búsqueda; no realizado estrategias efectivas frente a la crisis forense. Las familias logran encontrar los cuerpos, pero luego los cuerpos se quedan ahí, ante su incapacidad de identificar.
No han aprendido a investigar, porque no lo necesitan, su poder no está en la evidencia objetiva y científica, su poder está en el uso político y en la manipulación de su función para objetivos propios.
Mejor sería dejar de fingir con la supuesta autonomía, porque cuando al ejecutivo le conviene, son un equipo, pero cuando no, pues vayan a preguntar al “fiscal autónomo”. Quien nombra, quien apoya un nombramiento, quien sostiene ese nombramiento y no pide cuentas, también debe tener responsabilidad.
¿Qué tan posible será que logremos darle la vuelta a lo que está sucediendo en nuestro país? Sin ánimo de ser pesimista, se ve muy complejo el escenario. Hasta ahora, al haber explotado el caso del Rancho Izaguirre, es que la Presidenta comienza a prestarle más atención al tema, pero con un discurso mal construido, creando una política pública que ya existe y que no funciona, ignorando a las familias que deben ser el centro de la creación de éstas políticas públicas.
Lo planteado en su mañanera ha sido ya criticado por varios colectivos porque denota ignorancia sobre el tema. Si la Presidenta realmente desea hacer algo, lo primero es escuchar a las familias para que tenga claro en qué ha fallado la institucionalidad; ver qué es lo que no funciona en la práctica, en la implementación de las políticas públicas; verificar lo que ya ha sido recomendado al Estado Mexicano por organismos internacionales y revisar los nombramientos de las instituciones más importantes para la investigación, la búsqueda y la atención a las familias, para colocar o sugerir perfiles que realmente tengan experiencia y compromiso con el tema, no perfiles basados en lealtades políticas.
Nada cambiará, si no cambian las fiscalías y si no se combate la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad y justicia. Nada cambiará si no hay voluntad verdadera y se modifican las prácticas, si no se pone en el centro a las familias de las víctimas.
Con información de Aristegui Noticias
