Los laureles de doña Sara Bruma
Francisco Chiquete Cristerna
El viernes 26 de julio fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado federal electo por la vía plurinominal, fundador del Partido Sinaloense y jefe de la vida política y administrativa en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Transcurrió una semana y vamos por la mitad de otra, sin que tengamos el menor dato en firme por parte de la Fiscalía General del Estado.
Desde que la titular de esa dependencia, Sara Bruna Quiñones, dijo tener datos sobre un asalto común y corriente, que derivó en asesinato porque Héctor Melesio Cuén Ojeda se resistió a que les quitaran la camioneta en que viajaban, no ha habido una sola aportación, ni se ha sabido que exploren alguna otra posible línea de investigación.
De acuerdo con los cánones policíacos, esa era la segunda explicación más chafa de una autoridad. Sólo habría sido peor si se les ocurre decir que Cuén se balaceó accidentalmente en las piernas por manipular un arma. Por fortuna no se les ocurrió.
Dicen los expertos que cuando un crimen no se resuelve en caliente, o por lo menos no se ubica una hipótesis creíble y con bases, el destino es la impunidad. A estas alturas, está visto, ni siquiera pueden esperar a que el propio crimen organizado les resuelva el problema entregando a los ejecutores para evitar que la plaza se siga calentando.
(Recuerde usted el caso de los dos jesuitas asesinados junto con un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua, por José Noriel Portillo, alias el Chueco, en junio de 2022. Policías de todos los niveles dijeron estarlo buscando por la sierra que colinda con el Triángulo Dorado, sin éxito. En marzo del año siguiente, el gatillero apareció muerto en territorio del municipio sinaloense de Choix. Fueron los delincuentes quienes lo ultimaron. La policía nunca dio pie con bola.)
El caso Cuén se enreda cada vez más, a tal punto, que la propia familia rompió el silencio para pedir justicia, pero también que cesen las especulaciones que de repente corrieron por todo el estado y por el país, como si eso fuese lo que se necesita para aplicar la ley.
Como pasa siempre, la mitad de las versiones terminan por revictimizar a la víctima, es decir, al propio Cuén, mientras la otra mitad van dirigidas al gobierno del estado y más directamente al gobernador Rubén Rocha Moya en persona. Por eso la familia Cuén Díaz es muy cuidadosa en sus expresiones y aunque por supuesto, lo que les interesa es el buen nombre de su pariente asesinado, en la cautela pedida quedan englobados todos.
Doña Sara Bruna deberá ser consciente de que dejar ese crimen sin solución significa dejar empeñado su prestigio personal, y también dejar en entredicho el prestigio del gobierno del estado, al que por cuestiones naturales o interesadas, la cae la responsabilidad de todos los asuntos importantes que ocurran en su territorio y en su tiempo, sobre todo a partir del enfrentamiento tan abierto que sostenían ambos en el plano político.
Extracto de la columna Dominigrilla