Militarización de paja
Fabrizio Mejía Madrid
Hay un truco en el arte de la retórica al que se llama el “hombre de paja”. Consiste en reducir los argumentos del contrincante a una caricatura y pasar a desnudarla para mostrar que —como un espantapájaros— está hecho de una escoba y un sombrero viejo. Cuando se recurre al “hombre de paja”, se refuta algo que, en realidad, no se dijo; se mal interpretan los argumentos del contrario para hacerlos más fáciles de criticar; y se construye una falacia, que es un argumento que, aunque parece válido, no lo es porque no es contra el razonamiento, sino contra otro creado expresamente para destruirlo: el “hombre de paja”.
En el tema de la seguridad y la pacificación del país, la oposición ha usado dos “hombres de paja” contradictorios: decir que la estrategia de seguridad es darle “abrazos y no balazos” a los criminales y, por otro lado, insistir en que se está “militarizando” el país. Una apela a la derecha que cree que una parte de los mexicanos debería morir ejecutada. La otra invoca a cierto buenondismo de izquierda que no quiere ver militares en las calles porque desaparecen personas y hacen masacres que, luego, encubren; como si la sola presencia de soldados violara los derechos humanos y no las órdenes civiles de quien los gobierna. El Ejército no actuó por sí mismo en las represiones y masacres del pasado: fueron ordenadas por Díaz Ordaz o Felipe Calderón, autoridades civiles. Lo civil jamás ha garantizado el respeto a los derechos humanos. Si quisiéramos juntar a las dos falacias, la de los “abrazos” y la “militarización” se podría argumentar que se está militarizando al país para irle a dar abrazos a los criminales. Por supuesto, este es un “hombre de paja” que acabo de inventar.
Esta columna sigue varios de los argumentos esbozados por el maxiabogado Federico Anaya. El principal es: lo que está sucediendo en este momento, no es la militarización del país, sino la discusión de un marco jurídico para usar militares en labores de seguridad pública. Algo que no se debatió cuando Felipe Calderón ilegalmente sacó al Ejército y a la Marina a ejecutar gente. Algo que se ocultó durante décadas cuando los presidentes Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo formaron brigadas de militares para detener, desaparecer o asesinar a estudiantes, grupos guerrilleros, maestros, médicos o ferrocarrileros, petroleros, electricistas. Andrés Manuel López Obrador desactivó esa oscura y jamás transparentada actividad de los militares al desaparecer en 2019 al Estado Mayor Presidencial, compuesto por más de ocho mil soldados. De ese Estado Mayor Presidencial habían salido las brigadas que masacraron a los estudiantes en 1968, los grupos de choque paramilitares que surgieron en 1971, y la “brigada blanca” que habían arrasado las tierras de los campesinos que apoyaban a Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, y las ciudades de la Liga 23 de septiembre. “Es un Ejército por encima del Ejército”, como lo definió el abogado Ignacio Carrillo Prieto cuando estuvo al frente de la fallida Comisión de la Verdad de Vicente Fox. López Obrador no sólo desapareció a ese engendro de la élite militar, sino que abrió los archivos y el Campo Militar No. 1 para que se ventilaran las desapariciones, torturas, y asesinatos de dos décadas contra los militantes de la izquierda. Eran compromisos contraídos por el actual Presidente desde 2016 y que figuran en el lugar 62 de su plan de cien. Me parece que no se le ha dado la magnitud y repercusión de haber decidido desaparecer a este que era el grupo de más poder dentro de las Fuerzas Armadas.
Cuando la oposición critica al “hombre de paja” de los “abrazos no balazos”, se refiere a que, dentro de los miles que el Presidente López Obrador saluda en sus giras por la República, saludó también a la mamá de “El Chapo” Guzmán, pero sobre todo la oposición se remite a la fallida detención de su nieto, Ovidio, al que —según esta “paja”— se dejó ir. Lo que realmente sucedió el 17 de octubre de 2019 en Culiacán fue que el Ejército no logró llegar a dos posiciones para llevar al detenido hasta una pista aérea. Quien escuchó al general Luis Crescencio Sandoval en la conferencia “mañanera” respectiva, sabe que los delincuentes habían rodeado la unidad habitacional de los militares, tenían un cañón de .50 milímetros en el puente hacia la pista, y que se habían mezclado entre las calles para imposibilitar que les dispararan desde los helicópteros. Habría sido una masacre igual a las de Felipe Calderón. De ahí, la oposición creó otro “hombre de paja”: un supuesto acuerdo, tipo García Luna, con el Cártel de Sinaloa. Lo llenaron con paja, heno, y hojarasca, le pusieron un saco, un sombrero de palma, pantalones y hasta zapatos. Pero cuando los narcotraficantes se pusieron a incendiar coches y tienditas entre el 9 y el 12 de agosto de este año por los decomisos de miles de millones de dólares y las capturas en una reunión en Guadalajara, entonces, la oposición no tuvo sino que torturar su propio argumento que se dividió en dos: o el Presidente había perdido el control de la seguridad interior o tenía tanto control que él mismo había ordenado los incendios para validar a una Guardia Nacional. La Guardia Nacional no se necesita validar porque tiene 70 por ciento de aprobación ciudadana. Se les terminó ese “hombre de paja”, pero hicieron otro: la militarización.
La Guardia Nacional fue aprobada por unanimidad de todos los diputados y senadores en 2019. No es un órgano civil. El 65 por ciento de sus integrantes provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional y el 15 por ciento de la de Marina. Sólo el 20 por ciento viene de lo que fue la corrupta y prepotente Policía Federal Preventiva de los sexenios del viejo régimen. Los policías no quisieron pertenecer a la nueva Guardia Nacional porque no pasaron los exámenes toxicológicos, de confianza, y hasta de sobrepeso. Los policías cerraron el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México en septiembre de 2019 porque les pedían ser sobrios, honrados, y disciplinados. Eran lo contrario. En cambio, los miembros de la Guardia Nacional tienen una disciplina militar y una jerarquía de mandos igualmente castrense. Su estrategia depende —sí— de un mando civil, tanto del Presidente López Obrador como de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Eso no cambia con las nuevas leyes ya aprobadas por mayoría en la Cámara de Diputados. La estrategia se discute todos los días en 266 mesas regionales donde intervienen los gobernadores, los fiscales de cada estado, los directores de seguridad pública en el estado y los municipios, la FGR, y los militares de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, y un representante de inteligencia nacional. Es decir, todos los días se da una conducción civil y militar al tema de la paz. La idea es tener control sobre el territorio con los cuarteles de la Guardia y contar con las leyes que lo permitan. La estrategia no es, como en tiempos de Felipe Calderón y García Luna, desplazar tropas para ir a disparar. Es tener una presencia que disuada y que acompañe los programas para los jóvenes, los decomisos, los congelamientos de cuentas, y las detenciones que terminen en una sentencia de un Juez federal. Se sabe poco pero, de los detenidos en el sexenio de Calderón, esos que aparecían, en la tele y las primeras planas, esposados con sus playeras Polo, junto a los temibles encapuchados de la autoridad, casi el 90 por ciento fueron liberados por los jueces.
Llegamos así al momento actual en el que una fantasmal organización, sin directorio visible, llamada “Seguridad sin guerra” clama contra la militarización del país. No se sabe a qué se refiere porque su “hombre de paja” es tan sólo unas cuantas briznas que apelan al pánico. Si sabemos que la Guardia Nacional está compuesta por militares y que su estrategia se decide en 266 regiones del país con las autoridades civiles, poco más se puede decir de su falacia. Convocaron en días pasados a una marcha de la columna de la Independencia al Senado en la Ciudad de México y no llegó más que un puñado. Protagonizaron la entrega de una demanda a la Senadora Citlali Hernández que no llegó ni a ser ni siquiera un anuncio de TikTok. Su coyuntura es la formalización de lo que, desde el inicio, allá cuando se creó por unanimidad, es la Guardia Nacional. Es militar con una estrategia diseñada en cada región por 10 integrantes civiles y tres militares. Los que gritan contra la “militarización” carecen de propuesta para pacificar a la Nación porque siguen insistiendo en algo que es más simulación que el propio TikTok: la capacitación de las policías estatales y municipales, es decir, de las mismas que, en Ayotzinapa, fueron el brazo armado de los delincuentes. No sé de qué experiencia concreta y no de una fantasía, sacaron estos “académicos, periodistas, activistas” —como dice su página oficial— que lo policiaco es garantía de derechos humanos o eficacia en la pacificación. ¿En qué Policía Estatal estarán pensando para dejarle el mando de la Guardia Nacional: en la de Guanajuato, primer lugar de homicidios en el país o Jalisco, primero en desapariciones? ¿O estarán pensando que las policías se crean de la nada con un palo de escoba, un saco y un sombrero y harta paja?
El uso más reciente de la militarización es rumbo a la elección de gobernadores en el Estado de México y Coahuila. El PRI de “Alito” Moreno y Rubén Moreira apelan a un supuesto compromiso con el país para apoyar el marco jurídico que permita las labores de los militares en seguridad pública hasta 2028. Lo hacen a sabiendas de que, si no se diferencian de alguna forma de Acción Nacional —una de cuyas senadoras, Lilly Téllez, llamó a la Guardia Nacional, “el grupo de edecanes más caras del país”—, perderán la posibilidad de nombrar candidatos en esos dos estados que ahora gobiernan. Esta endeble y gelatinosa alianza del McPRIAN así lo permite porque carece de sustancia ideológica; es sólo un conjunto de intereses. Lo vimos cuando se aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto y el Pacto por México: el PRD votó las modificación a la energética y en contra de la educativa, pero se enganchó irremisiblemente al destino de los partidos más grandes. Hoy el PRI hace lo mismo y su alianza electoral se deslinda del “no” automático de la perniciosa “moratoria legislativa”, esa a la que el que Jorge Castañeda llamó “interlocutor” de “Alito”, Héctor Aguilar Camín, describió como “matar dos pájaros de un tiro porque actúa eficazmente como oposición y sirve a la ciudadanía”. Es curioso que la debilidad de la alianza opositora la sirva al PRI para ese deslinde simulado que “suspende” temporalmente toda la relación mientras se definen los candidatos en el Estado de México y Coahuila. Es un nuevo “hombre de paja” que sirve para disfrazar de responsabilidad a una dirigencia del PRI porril, corrupta, y ventajera. A diferencia del espantapájaros del Mago de Oz, este no encuentra su cerebro, sino solamente una audacia prefabricada a la que se le ven las costuras desde lejos.
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