Sucesión en la Suprema Corte: ¿qué prometen las y los aspirantes?
Laurence Pantin, Alejandra Quezada y Adriana Aguilar
Nunca antes la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte había atraído tantos reflectores. No solamente porque la presidencia del ministro Arturo Zaldívar fue mucho más mediática que la de cualquiera de sus predecesores. Sino sobre todo porque hace unos días, el académico Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Yasmín Esquivel Mossa, una de las aspirantes a la presidencia, habría plagiado una tesis presentada un año antes de la que ella presentó para obtener su grado de licenciatura.
La Facultad de Estudio Superiores Aragón de la UNAM publicó un comunicado para anunciar que realizaría una investigación sobre el caso, que pone en serio riesgo las aspiraciones de la ministra, pues, de confirmarse, pondría en duda su honestidad. Pero, más allá de la desafortunada razón por la cual se ha vuelto mediático el proceso de designación de un nuevo presidente o presidenta del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que, por la relevancia del cargo, es muy importante analizar la votación que realizarán los 11 ministros y ministras que conforman el Pleno de la Suprema Corte el próximo 2 de enero, para elegir a quien le sucederá al ministro Arturo Zaldívar a la cabeza no solamente de la Suprema Corte, sino también del Consejo de la Judicatura Federal, pues quién preside la primera también lidera el segundo.
Aparte de la ministra Esquivel, se apuntaron la ministra Norma Lucía Piña Hernández, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, quienes presentaron sus proyectos de trabajo el pasado 5 de diciembre.
Si bien la ministra Esquivel y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena subrayan que su proyecto dará continuidad al del presidente saliente, no significa que los ministros Piña, Laynez y Pérez Dayán planteen proyectos de ruptura completa, por lo menos en términos de fondo. En realidad, se observa que muchos de los proyectos tienen coincidencias.
Una corte menos unipersonal
Una de las cosas que saltan a la vista cuando uno revisa estos planes de trabajo es que los cinco coinciden en que la toma de decisión por parte de la próxima presidencia de la Corte debe realizarse de manera “plural” (ministra Esquivel), “incluyente” (mininstro Laynez), “a consideración de la mayoría” (ministra Piña), como resultado de “un ejercicio colegiado” (ministro Pérez Dayán) o con la “participación activa” de los demás ministros y ministras (ministro Gutiérrez Ortiz Mena). Esta unanimidad sobre la necesidad de que la gestión del próximo/a presidente/a no sea de una sola persona es una clara reacción al estilo protagónico que caracterizó la presidencia del ministro Zaldívar.
Solamente basta recordar que cuando éste presentó una iniciativa de reforma judicial que consistía nada más ni nada menos que en modificar la Constitución, promulgar una Ley de Carrera Judicial, así como expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en sustitución de la que estaba entonces vigente, y reformar otras cuatro leyes, lo hizo sin consultar a sus colegas ministros ni a sus compañeros del Consejo de la Judicatura Federal.
En este sentido, es buena noticia que los ministros busquen reconstruir la cohesión al interior de la Corte.
Las coincidencias: independencia, transparencia, justicia digital, carrera judicial y paridad de género
Pero ésta no es la única coincidencia entre los proyectos. Todos abordan, en mayor o menor medida, la necesidad de consolidar la independencia judicial. La ministra Piña y el ministro Laynez lo ponen como eje transversal de sus planes de trabajo, mientras que el ministro Pérez Dayán y la ministra Esquivel lo incluyen como una de sus líneas de trabajo.
La ministra Piña considera que esta independencia debe ponerse al servicio de la sociedad y, concretamente, propone asegurar la integridad física de las personas juzgadoras y sus familias, crear un mecanismo para detectar sus necesidades desde la cúpula del Poder Judicial, reformar los procesos de vigilancia, disciplina, adscripción y designación para que se realicen con base en criterios objetivos predefinidos y enfocados a la demostración de las competencias necesarias para desempeñar la función.
Para el ministro Laynez, la independencia judicial pasa primero por demostrar una clara neutralidad política.
En cuanto al ministro Pérez Dayán, propone defender la autonomía e independencia judicial a través de la creación de una Unidad garante de la autonomía e independencia de las personas juzgadoras, que atendería denuncias por parte de éstas frente a cualquier acto que consideren que atente contra su independencia judicial.
La ministra Esquivel subraya la importancia de “tender puentes” con los otros Poderes del Estado, sin “sin poner en riesgo el principio constitucional de independencia y autonomía judicial”. Además, propone generar las condiciones necesarias para que las personas juzgadoras puedan emitir sus resoluciones con autonomía, libres de injerencias internas y externas.
Por su parte, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propone dos acciones concretas en la materia: realizar reuniones regulares con las asociaciones de juzgadores federales en las cuales se buscarán adoptar “estrategias conjuntas para consolidar la independencia y la autonomía de la judicatura federal frente a los otros poderes y grupos de interés” y actualizar las “funciones de disciplina, adscripción, vigilancia” y de resolución de conflictos laborales con el objetivo de “reforzar la proyección de la autonomía e independencia” de los/as juzgadores/as.
Otro tema que tienen en común los planes de trabajo presentados por las y los ministros es el de la transparencia y rendición de cuentas. Es llamativo y positivo que los ministros consideren que éstas son necesarias para recobrar o fortalecer la legitimidad de la Corte y el Poder Judicial de la Federación.
Las ministras Esquivel, Piña y el ministro Laynez enfatizan la necesidad de mejorar la transparencia procesal, un tema que hemos impulsado desde México Evalúa. Las ministras Esquivel y Piña proponen desarrollar una plataforma electrónica a partir de la cual no solamente las partes en los asuntos sino todo el público interesado pueda consultar el estado y la ruta procesal de los asuntos que conoce la Suprema Corte, así como mejorar la estadística que ésta publica. La ministra Esquivel también menciona que impulsará reformas a los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal para que se amplíe el catálogo de supuestos en los que se deben publicar los proyectos de sentencia en los asuntos que conocen los órganos colegiados, mientras que la ministra Piña propone publicar sugiere que las y los ministros tengan la posibilidad de publicar sus proyectos de resolución en esta clase de asuntos, sin necesidad de acuerdo previo del Pleno.
A su vez, el ministro Laynez apunta que es necesario transparentar el turno y el estado procesal de los asuntos que conoce la Suprema Corte. Propone mejorar los sistemas informáticos de la Corte para transparentar, estandarizar y automatizar los procesos vinculados con la integración y engrose de la sentencia en la Suprema Corte para que se desahoguen en el menor tiempo posible. También coindice en que el Pleno debe considerar la posibilidad de publicar los proyectos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad.
Por su parte, los ministros Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena incorporaron propuestas para transparentar el ejercicio del gasto y los procesos de contratación pública. A su vez, la ministra Piña subrayó la importancia de que los procesos de designación de los consejeros de la judicatura se desarrollen con mayor transparencia.
Otro tema abordado por todos los ministros y ministras es el de los procesos disciplinarios. La ministra Esquivel pone sobre la mesa transitar de un modelo punitivo a uno preventivo y rediseñar la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
En cuanto a la ministra Piña, propone emitir un acuerdo a partir del cual se establezcan reglas que permitan agilizar, actualizar y simplificar los procesos disciplinarios. Asimismo, menciona la presunción de inocencia como un aspecto fundamental durante los procedimientos y la inclusión de herramientas tecnológicas para agilizar su trámite.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena plantea la actualización de las funciones de disciplina [1] “para ajustarlas a los valores de transparencia, objetividad y previsibilidad en la toma de decisiones”. Para ello propone adoptar un sistema de precedentes, además de la publicación de los hechos, la solución y los criterios establecidos, a fin de eliminar percepciones de “discrecionalidad y diferenciación a nivel regional”.
Por otro lado, el ministro Laynez propone dar continuidad a las funciones de la Visitaduría y prever medidas que permitan detectar conductas que afecten la función jurisdiccional. En las áreas administrativas enfatiza la prevención y sanción de actos irregulares en los procesos de licitación y celebración de contratos.
Finalmente, el ministro Pérez Dayán considera que es importante identificar los procedimientos administrativos más comunes para generar un plan respecto a ellos y prevenirlos.
Todos los y las ministras también hacen referencia a la justicia digital y coinciden en que es necesario perfeccionar su implementación.
En concreto, la ministra Esquivel plantea facilitar el acceso a las tecnologías de la información tanto para la ciudadanía como para el propio personal judicial, desarrollar un sistema de capacitación, implementar el mejoramiento de la infraestructura existente y continuar el impulso de convenios de interconexión con otras autoridades.
La ministra Piña propone ampliar el uso de las herramientas digitales a las áreas administrativas y enfatiza el impulso en los trámites a distancia y la difusión de las herramientas tecnológicas.
Por su parte, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena plantea desarrollar aplicaciones y sistemas interconectados [2] e intuitivos, crear un Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Poder Judicial de la Federación, desarrollar sistemas inteligentes para realizar búsquedas predictivas al interior de los portales de la Corte y del Consejo, perfeccionar el expediente digital, crear juzgados virtuales para materias específicas o de apoyo a ciertos juzgados y desarrollar procesos de interconexión con poderes judiciales locales a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Los ministros Laynez y Pérez Dayán centran su planteamiento en la capacitación al personal y en la accesibilidad de la e-justicia a la ciudadanía para, de acuerdo con Laynez, optimizar los sistemas informáticos internos.
La carrera judicial también fue un tema abordado por todos los y las ministras. Si bien no hay un solo plan de trabajo que pretenda revertir lo establecido en la reforma judicial de 2021, también es interesante observar que las referencias a ésta son escazas.
De hecho, el ministro Laynez se limitó a hacer referencia al tema de capacitación respecto al cual, al igual que las y los demás candidatos, expresó su intención de que ésta fuera continua, sobre temas de vanguardia, con utilidad práctica.
Además de lo anterior, la ministra Esquivel incluyó la profesionalización del personal de la Corte a través de un Comité de Desarrollo Integral y un curso de sensibilización ética y de derechos humanos para todo el personal del Poder Judicial Federal, además de actualización permanente y obligatoria para quienes aspiren a categorías superiores. En cuanto a la adscripción prevé que se tomen en cuenta criterios que tengan como base sus circunstancias familiares, equidad de género y productividad.
La ministra Piña resaltó que en las designaciones y promociones se privilegiaría la inclusión de personas con discapacidad, la perspectiva de género o la propia integración de las familias, poniendo, sin embargo, como elemento de primer orden “el debido funcionamiento de los órganos jurisdiccionales”. En materia de evaluación, la ministra Piña propone que ésta sea “permanente, práctica, argumentativa y teórica, favoreciendo el criterio jurídico, el pensamiento crítico y la búsqueda de solución de conflictos orientándose a garantizar la protección más amplia de las personas”.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, además de las medidas de capacitación y la continuidad de los mecanismos de ingreso y promoción establecidos en la actual presidencia, refiere que profundizará en las medidas para el combate al nepotismo y que evaluará la posibilidad de incrementar el grado de preparación escolarizada para el ingreso y promoción. Esta última propuesta quizá deberá ser evaluada desde la perspectiva de género, en atención a que existen datos que comprueban un acceso diferenciado por sexo, en favor de los hombres, a mayores grados académicos.
Finalmente, además de hacer referencia a la capacitación, el ministro Pérez Dayán plantea una evaluación de integridad al ingreso a los cargos de carrera judicial.
Con relación a la paridad, todos los ministros y ministras plantean una continuidad de la política del presidente Zaldívar, aunque la novedad, en el caso de la ministra Esquivel y los ministros Gutiérres Ortiz Mena, Laynez y Pérez Dayán, es que dicha política se extienda a los órganos administrativos. La ministra Esquivel propone la continuidad de algunas acciones afirmativas y la extensión de los horarios de las estancias infantiles. La ministra Piña y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se limitan a señalar que darán continuidad y consolidarán las acciones hasta ahora desarrolladas, aunque el último especifica que una de sus acciones será la expansión de los centros de desarrollo infantil. El ministro Pérez Dayán propone que, durante los concursos abiertos de oposición, se otorgue a las aspirantes flexibilidad en la carga de trabajo a fin de darles la oportunidad de estudiar durante el horario laboral y ausentarse de sus labores para la realización del examen oral y que se descentralizar la aplicación de las dos primeras evaluaciones para facilitar su participación. Es importante señalar que todos y todas las aspirantes no se limitan al desarrollo del tema de la paridad, sino que abarcan aspectos más amplios de la perspectiva de género como lo es el acoso laboral y sexual y el impulso de condiciones laborales que favorezcan la igualdad de condiciones.
Las particularidades
Por otra parte, es de resaltar que algunos ministros consideran importante mejorar el sistema para que la Corte pueda recibir opiniones expertas sobre algunos temas técnicos. La ministra Esquivel y el ministro Laynez proponen regular la presentación de amicus curiae, mientras que la ministra Piña propone someter a consideración de las y los Ministros un proyecto de una Unidad que habrá de estar integrada por un equipo transdisciplinario con expertos y especialistas en diversas materias, así como, contar con protocolos internos para la identificación y validación de conocimiento científico.
También es importante señalar que algunos ministros también consideran prioritario realizar una reorganización administrativa. La ministra Esquivel prevé el desarrollo de un diagnóstico para identificar áreas de oportunidad al interior del Consejo de la Judicatura Federal –no de la SCJN– con miras a “mejorar los procesos en cuanto a tiempo y eficacia privilegiando el correcto funcionamiento de la Institución”. La ministra Piña plantea la realización de una “reingeniería administrativa” no sólo en el CJF, sino también en la Corte, que supone reestructurar ciertas áreas para mejorar su desempeño e incentivar el ahorro presupuestal [3]. Por su parte, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propone impulsar “un esquema de arquitectura institucional que maximice las capacidades de las distintas áreas y estructuras de la SCJN y del CJF”, ajustando las estructuras para incrementar sus aportaciones.
Dentro de las propuestas más originales de los ministros, se encuentran algunas muy interesantes.
La ministra Esquivel propone actualizar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que es el sistema de gestión de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal.
Por su parte, la ministra Piña, menciona la necesidad de fortalecer las medidas de protección y seguridad de las y los juzgadores federales y propone crear una plataforma para recabar las necesidades de los órganos jurisdiccionales. También propone instaurar un servicio civil de carrera en las áreas administrativas tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura, para la selección y promoción de sus integrantes se realice de manera meritocrática.
Por su parte, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propone varias medidas enfocadas a cuidar el medio ambiente y sugiere profundizar las políticas de trabajo a distancia como una herramienta que propicia la conciliación de la vida laboral y familiar, pero también que puede permitir ahorros que propone dedicar a la mejora salarial.
A su vez, el ministro Laynez considera importante propone implementar un sistema de admisión y turno de los casos en la Suprema Corte mediante algoritmos inalterables, y regular los puntos de contacto entre las personas juzgadoras y las partes, también conocidos como alegatos de oreja, en todos los niveles del Poder Judicial de la Federación.
Finalmente, el ministro Pérez Dayán propone desvincular la Contraloría del Poder Judicial de la Federación de la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para que ésta sea un área autónoma. Finalmente, considera importante mejorar la designación de personal administrativo mediante la creación de un Comité que evalue y designe a las personas servidoras públicas idóneas para las posiciones administrativas.
Lo que falta: una visión de más largo plazo
Se observan en general propuestas muy valiosas que, de concretarse, pudieran mejorar la impartición de justicia y fortalecer la legitimidad del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, queda por verse si la persona que resulte electa pueda –y realmente quiera– implementar las propuestas plasmadas en estos proyectos.
Por otra parte, es importante mencionar que ninguno de los planes tiene una visión más allá de los próximos cuatro años. Mientras que, a nivel estatal, algunos poderes judiciales, como los de Guanajuato y del Estado de México, han realizado ejercicio de planeación estratégica para reflexionar sobre las necesidades de impartición de justicia para los siguientes 10 o 25 años, los aspirantes a dirigir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal no plantean su visión de cómo será o debería ser la justicia o el Poder Judicial de la Federación a más largo plazo.
Una visión que va más allá del final de este sexenio y de los próximos cuatro años además puede permitir consolidar la independencia del Poder Judicial de la Federación, un tema fundamental ya que, como lo analizamos en nuestro Observatorio de la Suprema Corte, el presidente de la Corte tiene mucho margen de maniobra para incidir en el turno y el listado de los asuntos que resuelve el Pleno. Y por supuesto, como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, tiene un papel fundamental en la manera en que se designan, evalúan y sancionan a los funcionarios de los juzgados y tribunales, en particular a los juzgadores.
Por ello, varias organizaciones de la sociedad civil hemos solicitado a los ministros que se transparente el proceso de designación de su presidente, en particular solicitando que las y los aspirantes presenten sus proyectos y contesten preguntas al respecto. No nos han contestado de manera favorable, pero la sesión del 2 de enero será pública y será importante tener nuestros ojos puestos en ella.
[1] También platea esto para adscripción, vigilancia y relaciones laborales.
[2] En su plan de trabajo el ministro detalla que actualmente la Corte cuenta con 90 sistemas y el Consejo con 198 que no se interconectan de manera adecuada.
[3] Por ejemplo, prevé la fusión de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial con la de Adscripción “con el objeto de concentrar los criterios y agilizar las medidas implementadas por el Pleno y las comisiones en estas materias”.
Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Alejandra Quezada (@quezada_as) y Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) son investigadoras.
