La necesaria reforma integral de nuestro sistema penitenciario
México SOS
El motín y fuga de 30 peligrosos reos del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, el primer día del año que inicia, reaviva la urgencia de impulsar una urgente reforma integral de nuestro sistema nacional penitenciario.
El propósito no debe ser otro que el corregir las graves deficiencias normativas, procedimentales y operativas con que se administran nuestros centros penitenciarios y atender los efectos perniciosos que se derivan de la limitada o inadecuada infraestructura de muchos de sus establecimientos, de la deficiente administración de sus espacios; de la falta de personal de seguridad y custodia debidamente capacitado, así como la laxitud en la aplicación de algunas leyes, reglamentos, manuales y normas que rigen su vida y organización interna.
Es del dominio público que a lo largo de las últimas dos décadas se ha producido un respetable número de estudios y evaluaciones que evidencian, sobradamente, que la suma de los factores arriba señalados ha constituido un grave obstáculo para mantener la gobernabilidad de un alto porcentaje de los centros penitenciarios con que cuenta nuestro sistema nacional.
Situación que afecta y ha afectado las condiciones de vida de la población privada de su libertad, la seguridad del personal de custodia y administración penitenciaria e incrementado, al paso de los años, los costos humanos, sociales y económicos que realiza la sociedad mexicana para abatir el fenómeno delictivo y contener los casos de violencia, planeación y ejecución de delitos desde el interior de los centros penitenciarios; sin que a la fecha se haya propuesto atender a cabalidad dicha situación.
Derivado de esta situación y del trabajo que se realiza en materia de seguridad pública, de los sistemas de justicia penal y penitenciario, durante 2017 y en el marco del proceso electoral para elegir al Presidente de la República, México SOS se reunió con un amplio grupo de especialistas, académicos, operadores de los sistemas antes mencionados y un numeroso grupo de organizaciones de la sociedad civil para integrar la Agenda México18.24. Seguridad y Justicia, donde se integra una propuesta encaminada a promover acuerdos, con la participación de los tres órdenes de gobierno, de las instituciones de seguridad, de procuración y administración de justicia y concretar una reforma integral de nuestro sistema penitenciario.
Dicho documento parte de reconocer la crónica crisis estructural y sistémica que afecta al sistema penitenciario mexicano, impidiéndole cumplir con el objetivo central de reinserción social establecido en el Artículo 18 constitucional, señalando las diversas razones que impiden su eficaz operación y proponiendo un conjunto articulado de iniciativas que permitan implementar, a nivel nacional: a) Un compendio único de procedimientos que contemple y desarrolle los protocolos de actuación requeridos en la operación penitenciaria; b) Emprender el combate frontal a los autogobiernos y/o cogobiernos en los centros penitenciarios que los padezcan, hasta su disolución; y c) Fortalecer el Sistema Nacional Penitenciario con base en la implementación y cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal y de acuerdo a los criterios de la Organización de las Naciones Unidas.
Importa recordar que dicho proyecto fue entregado a todos los candidatos que contendieron por la Presidencia en 2018 y, posteriormente, a sus similiares en algunos estados y municipios donde se efectuaron elecciones.
En algunos de estos últimos, los triunfadores se comprometieron a impulsar medidas específicas para el saneamiento de sus penales y en ello estamos trabajando; lo cual, en las actuales circunstancias, se vuelve un imperativo de inmediada respuesta.
