El Congreso hizo lo que el Ejecutivo quiso
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La Ley de Educación Superior de Sinaloa no es un asunto sólo del Congreso también es del Ejecutivo. Tuvo la oportunidad de vetar la ley que transgrede la autonomía de la Universidad Publica autónoma por ley. No lo hizo porque era ir en contra de las ambiciones de control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La Universidad los desechó porque el sistema pseudoizquierdista fue un fracaso al utilizar la Universidad para sus beneficios personales y de grupos políticos contrarios al sistema gobernante. No hubo calidad en la educación, los paros y las tomas eran el común denominador en las administraciones rectorales, hasta que Héctor Melesio Cuén Ojeda los desterró. Una realidad que se niegan a reconocer.
La nueva Ley de Educación Superior no es una adaptación como se dijo sino una transgresión a la autonomía reconocida por la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se quiere confundir a la sociedad cuando se dice que la Casa Rosalina había detectado once observaciones de inconstitucionalidad en la nueva Ley, y que era el mismo número detectado el PAS. Información a todas luces fuera de la realidad porque son muchas más las que se incorporan en el contenido general de la mencionada ley.
¿Que no hubo tomas y paros en el rectorado de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el periodo 1993 al 1997? El Sindicato (SUNTUAS) era quien imponía las condiciones en las negociaciones contractuales. Los paros de labores y las tomas de oficinas y dependencias universitarias era el común denominador. Periodos rectorales anteriores a Cuén Ojeda en los que el contrato colectivo de trabajo en la UAS se convirtió en la pesadilla que prevalece hasta la fecha.
Muy cerca del Ejecutivo se encuentran ocupando cargos en el gobierno, los actores directos de las penurias que tienen que enfrentarse año con año para saldar las prestaciones de los trabajadores. Entre ellas, el pacto de que la Universidad pagaría los impuestos por los trabajadores administrativos.
Un conflicto que ahora enfrenta la UAS por la irresponsabilidad de una administración rectoral que se atrevió a pactar una prestación que ahora el SAT desconoce y que tiene apercibida a la UAS de suspender el subsidio federal si se niega a retener el impuesto mencionado. Los trabajadores afectados con la retención han recurrido a los tribunales en demanda de una prestación pactada de manera irresponsable por quien gobernó a la Universidad con anterioridad al 2005.
Esa es una prestación de otras que se aprobaron que impactan gravemente en el presupuesto de la UAS como el pago de 16 horas extraordinarias por semana a los jardineros adscritos a Ciudad Universitaria Culiacán dentro de su misma jornada ordinaria de trabajo.
Aparece en las justificaciones para expedir la nueva Ley de Educación Superior, que el Ejecutivo estuvo en espera todo el tiempo que se establece para aprobar o vetar la ley y que ninguna representación universitaria acudió ante él para formular alguna observación. Una información que resulta por demás extraña porque seguro que más de alguna de las Universidades públicas autónoma por ley pudieron tener interés en formular observaciones, pero quizá no fueron llamados.
Es extraño porque toda la información que difundió en su semanera no era necesario mencionarla, como que la UAS había contratado a Abogados externos para su defensa ante una Ley violatoria de disposiciones constitucionales. Se olvidó el Ejecutivo que la Universidad no tiene necesidad de contratar Abogados como se dijo, porque hay universitarios que pueden hacerlo con probidad, capacidad y profesionalismo, y que son ellos los llevarían la defensa de la UAS contra esa ley inconstitucional y violatoria de la autonomía universitaria.
No causa temor de que el Congreso haya expedido por instrucciones la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Saben que tiene muchas debilidades que serán atacadas por los medios de defensa que se harán valer ante las autoridades jurisdiccionales competentes.
Hay confianza en la honorabilidad de los jueces federales. El control estatal estará lejos de manipular la voluntad jurisdiccional que pretenda desviar la recta aplicación de la ley en un asunto que transgrede disposiciones constitucionales y legales. La maniobra mediática se soltará queriendo confundir a la sociedad que la autonomía se defiende para encubrir malos manejos financieros. Su misión es la de educar a los jóvenes y un compromiso con las familias sinaloenses.
Cuén Ojeda no es el culpable de la calidad educativa alcanzada a través del Plan Buena de Desarrollo Institucional, se desterraron las tomas y los paros, que eran promovidos desde dentro de la Universidad por las complicidades entre y el sindicato que cogobernaba en la misma Institución. Ese pecado no lo perdonan los que ahora gobiernan, perdieron el control político de la Universidad y hoy como gobierno lo quieren recuperar. La nueva historia todavía no es escribe.
