Demandas creadas con “papel periódico”
Álvaro Aragón Ayala
Las denuncias penales empotradas en la Fiscalía General del Estado contra Jesús Madueña Molina, y Héctor Melesio Cuén Ojeda son sustentadas en “papel periódico”, en recortes de medios de comunicación y versiones de redes digitales, por lo que no llenan los requisitos legales de la prueba para abrir carpetas de investigación, sin embargo en la Fiscalía de Justicia de Sinaloa sí podrían alcanzar el rango de averiguaciones penales apócrifas por el control político y jurídico que ejerce sobre la dependencia el grupo que enderezó la campaña de persecución y linchamiento contra el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el líder del Partido Sinaloense.
La trama conspirativa para criminalizar y exhibir como delincuentes a Madueña Molina y Cuén Ojeda se apoya en una narrativa falsa, en el linchamiento público, en “ataques” periodísticos armados en el Tercer Piso del Gobierno del Estado y el Congreso Local y transferidos a algunos medios para su publicación. Otros los repiten como “bocas de ganso”. Wilfrido Ibarra Escobar, Miguel Alberto Ortiz Mata y José Luis López Duarte, revelaron en el programa radiofónico Punto Universitario un crédito fiscal (adeudo) “controlado” por el gobierno de Sinaloa de una empresa editora por la cual se canaliza la agresiva campaña. El adeudo asciende a 59 millones 960 mil 748. 53 de pesos.
El gobierno del Estado desató una persecución política sin cuartel contra el Rector de la UAS y el fundador del PAS y su familia a raíz del rechazo a la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado, cuyo contenido abre las puertas a funcionarios del Gobierno Estatal, a activistas y diputados de Morena para irrumpir en la Casa Rosalina y manufacturar una Ley Orgánica Foránea violatoria a la autonomía universitaria. Juzgados Federales, instancias a las que recurrieron las autoridades y la comunidad universitaria para protegerse de la lesiva Ley, la mantienen “congelada” por considerar que sí viola la autonomía de la institución de enseñanza superior.
Las demandas fabricadas en el Tercer Piso del Gobierno Estatal y en el Congreso del Estado desfilan por un mal razonamiento probatorio que afecta los derechos humanos de Madueña y Cuén, pues únicamente se apoyan en “papel periódico” o en “recortes informativos” con versiones construidas exprofeso para el desarrollo del proceso de linchamiento público. Las cortes internacionales de derechos humanos, el Supremo Tribunal de Justicia y la Constitución consideran el derecho fundamental a la prueba como parte del derecho de defensa -a defenderse probando- y del debido proceso.
El derecho fundamental de la prueba, desde el punto de vista de su contenido trata de un derecho que incluye, a su vez, un haz de derechos más específicos, que se pueden concretar en: I) El derecho a proponer y a que sean admitidas todas las pruebas relevantes que puedan dar sustento a las pretensiones de las partes, 2) El derecho a que las pruebas presentadas y admitidas sean debidamente practicadas en juicio, 3) El derecho a una valoración racional de la prueba -tanto individual como de conjunto- y 4) El derecho a la motivación de las decisiones probatorias. Se trata, en general, de un derecho subjetivo instrumental para garantizar que la aplicación del derecho sea correcta y no arbitraria.
No hay pruebas entonces ni de abuso de autoridad ni de enriquecimiento inexplicable ni de ningún otro delito contra Madueña Molina ni contra Cuén. Lo que existe es una instrumentalización de algunos medios de comunicación basada en información adulterada y tergiversada para facilitar la construcción de demandas sin sustento legal que únicamente sirven para la criminalización pública. Eso sí, con una Fiscalía de Justicia operada desde el Tercer Piso por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, con una Unidad de Investigación Patrimonial y Económica dirigida por Luis Ángel Angulo Cázarez y una Auditoría Estatal en donde maniobra el sub-auditor Hermes Medina Cázarez, todos familiares, todos integrantes del grupo que pretende tomar el control de la UAS, sí es posible, pero por la vía ilegal, integrar carpetas de investigación.
Con las denuncias penales que obran en la Fiscalía de Justicia del Estado, la Fiscal Sara Bruna corre el riesgo de incurrir en graves violaciones a la ley, 1.- Al admitir infundadamente pruebas irrelevantes, que no son pruebas, sino “papel periódico”, 2-. Al dirigir inadecuadamente la práctica de la prueba, produciendo que de ella no se obtenga toda la información posible sobre los hechos, 3.- Al valorar o certificar erróneamente y atribuir un grado de corroboración incorrecto a las distintas hipótesis que se desprenden de los “recortes” de periódicos, y, 4.-) Puede aplicar erróneamente las reglas sobre la decisión probatoria -en especial, presunciones, cargas de prueba y estándares de prueba- y dictar una sentencia infundada, sea por ausencia de justificación sustantiva o por un déficit en la explicitación del razonamiento.
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