Sinaloa, el estado que olvidó a las personas víctimas de desplazamiento forzado
Linaloe R. Flores
En Sinaloa, la ruta de los recursos públicos federales para el desplazamiento forzado es inexistente.
En los casi 22 meses de gobierno de Rubén Rocha Moya, ningún recurso federalizado se dirigió a esta población.
Además, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su recomendación general 2/2022, indica que el Programa para la Atención y Protección de Personas Desplazadas, cayó en la inoperancia.
Gobierno de #Sinaloa informó que tiene #registradas a 770 personas #desplazadas de los #municipios de #Sinaloa de Leyva y #Mocorito, debido a los enfrentamientos entre grupos del #crimenorganizado.
— José Víctor Rodríguez (@JoseVictor_Rdz) August 8, 2023
La Jornada
En cambio, de los 35 contratos publicados por el gobierno estatal en Compranet, la plataforma que aglutina las licitaciones con dinero federalizado, 18 fueron para obra pública.
En ese universo de erogaciones, de una suma de 217 millones 854 mil 833 pesos, el 88.1 por ciento fue para infraestructura.
En este conjunto se encuentran las contrataciones que se le otorgaron a las empresas: Construcciones Felmi S.A. de C.V., Corporativo de Servicios en Construcción S de RL de CV y Grobson S de RL por una suma de 142 millones 778 mil 516 pesos para la edificación del puente El Quelite.
Ese puente –la mayor obra a la que el Gobierno del estado le destinó recursos otorgados por la Federación– se derrumbó en diciembre de 2022 debido a que se le colocó una viga de manera errónea a pocos días de su inauguración.
La equivocación costó 200 millones de pesos que, según las autoridades sinaloenses, asumió la constructora Grobson S de RL.
La segunda obra en importancia de acuerdo con el dinero destinado fue el camino Batequitas-La Higuerita en Badiraguato por 19 millones 542 mil 507 pesos con Cribas y Edificaciones Las Flores S.A. de C.V.
En ese sitio –con un índice de pobreza que se ha mantenido alto durante casi un siglo– nació y vivió su infancia el gobernador Rocha Moya.
Otra edificación con un contrato otorgado en 2022 fue el Centro Regional de Justicia para las Mujeres en Mazatlán por 11 millones 224 mil 137 pesos con Constructora Marvines.
El mandatario estatal lo inauguró en febrero de este año ante Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación.
Hubo más gastos. El dinero también fue invertido en material de limpieza y papelería para la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente, mobiliario y un sistema integral de grabación de audio y video para equipar las salas de audiencias de los tribunales laborales locales, así como en equipos de aire acondicionado en la primaria Antonio Nakayama en Culiacán.
Los cientos de desplazados no tienen una sola mención en la lista de compras públicas del gobierno del estado norteño.
¿Quiénes son “Los Mazatlecos”?
Óscar Loza Ochoa, fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, no reconoce ninguna casa levantada para quienes han sido obligados a dejar sus hogares por la violencia que se vive en Sinaloa.
“… Lo que nosotros tenemos de conocimiento es que no se han construido en este gobierno de Rocha Moya … Lo que Rocha planteó el año anterior fue la extinción también de una reserva territorial en Mazatlán para construir casas, pero no se ha comenzado, ni siquiera hay cimientos.
“Es un terreno amplio donde incluso él señaló que habría un diseño de tal manera que hubiera espacios de recreación para los niños, áreas verdes y cosas por el estilo, pero no se ha iniciado la construcción de nada”, expresa el activista y estudioso del fenómeno de los desplazados en el estado.
En las primeras semanas de agosto, más de 600 personas llegaron a refugios temporales en la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado, mientras huían de la violencia suscitada por dos grupos en sus comunidades.
#EstaSemana Junto con @mariainesmx y @SebidesOficial visitamos a comunidades en la Sierra Baja de Sinaloa y hablamos con personas desplazadas internas para entender sus necesidades y analizar posibles soluciones que incluyan sus medios de vida, educación,vivienda y acceso a salud pic.twitter.com/fcWcw8oB6A
— ACNUR México (@AcnurMexico) May 14, 2023
Allá, en la sierra, desde donde se desplazaron, por lo menos 40 vehículos ardieron en llamas. Los pueblos quedaron sitiados y poco a poco, desalojados. Estos ataques se concentraron en las comunidades de San José de Las Delicias y Calabazas.
La escena colmó 13 años de migración interna forzada de un rincón a otro dentro de Sinaloa.
En 2010 la guerra en contra del crimen organizado lanzada por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desbarató al cártel de los Beltrán Leyva y dejó varios fragmentos.
El estudio “La mitificación del Chapo”, firmado por el investigador Scott Stewart, de la agencia de inteligencia StratFord, identificó a una de estas células como “Los Mazatlecos” y alertó de su expansión en el norte de Sinaloa.
“Los Mazatlecos” buscaron refugio entre la sierra y a su paso quemaron viviendas de cientos de personas en 28 comunidades, según quedó plasmado en la recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los pueblos se vaciaron. Desde entonces, el desplazamiento interno de Sinaloa no ha parado.
En México, tres hombres aparecieron colgados de un puente en una carretera. El crimen se lo atribuyeron “Los Mazatlecos”, un grupo criminal que nació como un desprendimiento del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
— Hispanos Report (@hispanosreport) December 14, 2017
En agosto de 2020 fue publicada la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa que ordenó la elaboración de un censo. Las últimas cifras de ese levantamiento mostraron que entre 2012 y 2018 se fueron 2 mil 635 familias de 234 comunidades que forman parte de 10 municipios.
Las personas que llegaron en agosto a Guamúchil han regresado a su comunidad, según lo ordenó el Gobierno de Sinaloa.
Para Loza Ochoa esa decisión fue un error que avivará, más temprano que tarde, el problema.
“Están regresando 16 o 17 días después del desplazamiento, ¿qué oportunidad hubo para que las cosas cambiaran?”, cuestiona.
Crisis de vivienda en aumento
La crisis de vivienda digna se acentuó en Sinaloa entre el año 2020 y 2022.
Si bien en la entidad que gobierna Rubén Rocha Moya la pobreza descendió al pasar de 28.1 a 21.6 por ciento, la falta de casas en buenas condiciones para habitar aumentó de 3.1 por ciento a 3.2.
Así quedó indicado en el último estudio de Medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presentado este 10 de agosto, el cual reportó una disminución histórica del flagelo a nivel nacional.
Los reportes históricos del Coneval indican que la calidad y espacios de la vivienda es una carencia marcada en Sinaloa a partir del 2016.
Desde entonces, el número de personas afectadas por esta circunstancia ha fluctuado, pero siempre ha superado los 200 mil.
De 2020 a 2022, esta crisis se volvió más dramática. De 212 mil 100 personas se pasó a 220 mil 600, de acuerdo con la investigación del organismo.
Integrantes de la Coordinadora Estatal por los Derechos Humanos, la Vivienda y las Reservas Territoriales, sostienen que el número es mayor.
Según los dichos de algunos de sus integrantes en el plantón frente al Palacio de Gobierno en abril, son 430 mil familias las que carecen de casa y se trata de un rezago que presentan tanto personas desplazadas como de escasos recursos.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística también arroja un número similar y dice que 540 mil casas necesitan ampliar sus espacios y 196 mil son de menos 55 metros cuadrados.
En general, la población vulnerable por carencias sociales en Sinaloa pasó de 974 mil 700 personas en 2020 a 1 millón 97 mil en 2022, según el Coneval.
Por su parte el rezago educativo se incrementó en .2 por ciento y la falta de acceso a los servicios de salud en 7 por ciento.
En marzo de este año el gobernador del estado instaló el Consejo Estatal de Vivienda de Sinaloa integrado por autoridades, representantes de la industria de la construcción, notarios públicos, así como colegios de arquitectos e ingenieros civiles.
En esa ocasión, Rocha Moya señaló que los principales retos a los que se enfrenta su administración es solucionar el problema de falta de vivienda para algunos sectores vulnerables como son los desplazados por diversos motivos, sobre todo de la zona serrana.
Las invasiones de terrenos crecen a las afueras de #Culiacán y #Mazatlán como uno de los reflejos de la crisis de vivienda en #Sinaloa. En el puerto el abandono de población en situación de calle es oficial en los 3
— JuanVelediaz (@velediaz424) June 5, 2023
niveles de gobierno. Portada edición semanal @ElSoldeSinaloa_ https://t.co/AZWAPmPUg9
Además de regularizar las invasiones y otorgar certeza jurídica a los habitantes de colonias populares que no tienen títulos de propiedad de los terrenos donde construyeron sus casas.
El pasado 10 de agosto una manifestación de decenas de personas sin vivienda digna frente a Palacio de Gobierno volvió a tomar la voz.
Expresaron que el déficit continúa y que temen que los trabajos del Consejo se politicen por el periodo electoral de 2024, el cual, además de la Presidencia de la República, Sinaloa elegirá 40 diputados y 20 ayuntamientos.
Rubén Rocha Moya: una semblanza
Rubén Rocha Moya se convirtió en gobernador de Sinaloa en las elecciones del 6 de junio de 2021 como candidato de Morena.
Nació en Badiraguato, el municipio conocido por haber sido cuna de tres generaciones de narcotraficantes famosos como Rafael Caro Quintero y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
El ahora mandatario fue maestro de primaria, secretario general y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, diputado local y senador de la República.
La gubernatura la buscó en dos ocasiones anteriores: la primera en 1986 por el Movimiento Popular Sinaloense y la segunda por el Partido de la Revolución Democrática en 1998.
Fue de la mano del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando lo logró.
Durante la campaña, en una reunión con el Movimiento Amplio Social Sinaloense, aseguró que apoyaría en especial a los desplazados porque él fue uno de ellos.
“Ustedes son mis compañeras y compañeros, como gobernador voy a estar muy cerca de ustedes y no voy a tener oídos sordos, porque hemos sufrido la pobreza como ustedes, hemos sido desplazados; quienes hemos tenido que dejar la tierra para buscar el sustento familiar, conocemos los problemas y tenemos que atenderlos”.
En los casi 22 meses que lleva su administración el desplazamiento forzado no ha cedido. Tampoco los homicidios ni las desapariciones, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
La estampa de su fortuna no ha cambiado: es la misma desde 2017 cuando fue senador de la República.
Eso indican las declaraciones patrimoniales que ha presentado, primero en la extinta plataforma 3de3 y después en Declaranet Sinaloa.
#TRANSPARENCIA
— Noroeste (@noroestemx) May 25, 2021
En sus declaraciones patrimoniales, Rubén Rocha Moya ha enlistado el patrimonio que ha hecho público, pero en registros oficiales, lo que posee es seis veces más que lo que declara.
Aquí, qué declara y qué no.https://t.co/KM0MEdjHK4 pic.twitter.com/AzLqJssqeA
Cuando fue legislador dijo que tuvo ingresos netos al año por 1 millón 31 mil 940 pesos.
Ahora, en su primer año como mandatario estatal, los tuvo por 1 millón 813 mil 209 pesos. Este monto está integrado por su cargo público y tres ingresos extras.
Como mandatario su salario neto al año es de 787 mil 448 pesos, a lo que se añade su pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como una jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que suman 1 millón 25 mil 761 pesos.
También de los tiempos como legislador, Rocha Moya -de 74 años– mantiene un auto Mercedes Benz 2018 que adquirió en 2017 a crédito por 850 mil pesos, que a valor actual es de 1 millón 148 mil 671 pesos. De igual manera cuenta con un volkswagen de 2017 que se ganó en una rifa.
Rocha Moya asentó en su última declaración la misma casa de 155 metros cuadrados que tenía en 2017 cuya compra-venta fue de 650 mil pesos en 1984.
