Estado militarista y democracia
Elisur Arteaga Nava
Durante sus campañas (fueron tres) para llegar a la Presidencia de la República, AMLO sostuvo una plataforma política antimilitarista. Ese fue su discurso. Prometió regresar a los soldados a sus cuarteles, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y fortalecer las instituciones civiles. Como en todo: se quedó corto, no cumplió o, de plano, mintió. Durante sus campañas lo conocimos como prometedor, no como mentiroso. Esto lo comprobamos después.
En lo que va de su sexenio, AMLO se limitó a eliminar lo que en otros tiempos se denominó Guardias Presidenciales. Al sentir su necesidad, lo suplió por otro. En lo demás, sacó de sus cuarteles a los soldados que aún permanecían en ellos; con su salida debilitó el Estado de derecho, anuló la acción de los cuerpos netamente civiles, responsables de dar seguridad a los habitantes, y expuso a la sociedad a los abusos de militares, mismos que considerábamos eran cosa de un pasado remoto. Hizo más: militarizó una institución que, por mandamiento constitucional, debe ser civil: la Guardia Nacional.
Los morenistas encabezados por AMLO han pintado de verde olivo las calles, aduanas, grandes obras y ahora una línea aérea. A los marinos se les ve en las aduanas, en la aprehensión de servidores que gozan de inmunidad y en las costas.
No sé si los hay en los mares territoriales, que es en donde supuestamente deberían de estar. Hay algo que es cierto: la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, la construcción, aduanas, carreteras y caminos no han disminuido la delincuencia ni inhibido su acción destructora de la sociedad y de su patrimonio. Tampoco ha bajado el costo de las obras.
En la prensa se habla de militares que, de buenas a primeras, se han enriquecido inexplicablemente. México, durante la actual administración pública federal, ha subido en el índice de percepción de la corrupción. Nos hemos ganado un buen lugar entre los países más corruptos del Mundo.
Dado el contexto de violencia que vive el país, hoy más que nunca es necesario hablar de los límites que la Constitución impone a las Fuerzas Armadas.
Vuelvo a insistir: existe una norma que, de manera general, limita la acción de los miembros de las Fuerzas Armadas, el artículo 127 constitucional: “En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…”
AMLO, con el concurso del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 29 constitucional no ha declarado el Estado de guerra, la suspensión de algunos derechos, ni solicitado el otorgamiento de facultades extraordinarias. Si lo hizo, no me enteré.
Por lo anterior no tienen razón de ser y, en cambio, son contrarios al artículo 127 constitucional antes transcritos varios hechos: que los miembros de las Fuerzas Armadas construyan ferrocarriles y otras grandes obras; administrar aduanas, poseer líneas aéreas, espiar a la sociedad civil y a su propio jefe.
Dada la naturaleza civilista del Estado mexicano, existen otras normas que, de una u otra forma, someten a las Fuerzas Armadas a la autoridad civil y que no permiten a sus miembros, como tales, intervenir en la vida política del país. Los textos fundamentales los excluyen expresamente de un crecido número de actividades:
Prohíben, de manera expresa, a los miembros de las Fuerzas Armadas ocupar cargos públicos (arts. 55, frac. IV, y 82, frac. V) y, de manera tácita otros (arts. 95 y 116 frac. I), que:
Disponen que las comandancias militares, castillos, fortalezas, campamentos y cuarteles deben estar fuera de las poblaciones (art. 127);
En tiempos de paz ningún miembro del Ejército puede alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna (art. 16, último párrafo);
Los tribunales militares en ningún caso, y por ningún concepto, pueden extender su jurisdicción sobre los civiles. La investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes es una responsabilidad que se confía al Ministerio Público y a la policía que depende de él (art. 21); y
que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que es una autoridad civil y que debe estar bajo el mando de una autoridad civil (art. 21).
Pese a lo que la Constitución manda y prohíbe, hay muchos hechos preocupantes:
Que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas afirmó que en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa estuvieron involucrados algunos miembros de las Fuerzas Armadas; existe la sospecha de que militares proveen de armas y municiones a la delincuencia organizada; hay datos que apuntan en el sentido de que la muerte de varias personas en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, estuvieron involucrados militares.
De la información proporcionada por un grupo internacional de hackers, denominado Guacamaya Leaks, y extraída de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha trascendido que esa secretaría espía a su propio jefe nato; también puso en evidencia que vigila a ciertos los políticos y a algunos miembros de la sociedad civil.
En el caso, el presidente de la República se limitó a calificar de ilegal la extracción y filtración de la información, pero, cuando menos en público, no se pronunció respecto de la ilegal maniobra realizada por los militares.
Hay otros hechos que son igualmente preocupantes.
La militarización del país a la que ha llevado AMLO pone en riesgo la democracia. Las Fuerzas Armadas se han convertido en un factor que pudiera quedar fuera de control de las autoridades civiles.
Dado el poder con que cuentan, en caso de una crisis política derivada de unos comicios cuestionados, los militares pudieran convertirse en un factor de desestabilización o de sometimiento; también existe la posibilidad de que AMLO recurra a ellos para resolver un eventual conflicto electoral.
La presencia de las Fuerzas Armadas fuera de sus cuarteles distorsiona las instituciones democráticas y desplaza a las instituciones civiles responsables de resguardar el orden. El riesgo no es menor ni transitorio.
