Radiografía de una debacle

Gabriel Reyes

Si bien es cierto que el sector público federal no es el componente de mayor peso y significación en el aparato económico nacional, también lo es que es un agente que detona y perfila su comportamiento. Su capacidad de compra y contratación de servicios, a partir de los ingresos fiscales, activa cadenas y segmentos que provocan intensa actividad. Incluso, existen algunas ramas de consumo en las que su comportamiento determina precios estabilizadores, fomentando el crecimiento, particularmente, en zonas o ramas que, por los márgenes de rentabilidad, no resultan atractivas para el sector privado.

El ejercicio del gasto público, al no tener la utilidad como orientación prioritaria, permite mantener actividades de alto impacto social, que no generan las tasas de retorno que buscan los grandes consorcios multinacionales. Su presencia es fundamental e invaluable en el ramo agrícola, el piscícola y el de la silvicultura. El correcto manejo de los subsidios, estímulos y beneficios permite que esas actividades se desarrollen sin estar expuestas a los avatares que plantea el financiamiento comercial.

Pero el presupuesto no sólo tiene un enfoque distributivo, desde hace años, ha sido deformado por metas que rebasan el objetivo constitucional de cubrir los gastos que generan obras y servicios públicos, siendo constantemente abusado por quienes encuentran, en los fondos públicos, instrumento para sesgar preferencias electorales. Ello, no sólo canalizando selectiva y discrecionalmente partidas en búsqueda de propiciar lealtades, sino también permitiendo que se encubra la paulatina formación de ocultos caudales que son destinados a la promoción de la imagen personal y partidaria.

El descontrol presupuestal en el último lustro ha hecho que la revisión de la cuenta pública resulte un inocuo ejercicio, en el que no sólo no se revisa la correcta aplicación de los recursos, dando estricto seguimiento a la ruta origen-destino, sino que se ha perdido completamente la observancia de principios de buen gobierno que tomó décadas implementar en la gestión pública, por lo que se ha perdido completamente la noción de especialidad y especificidad de las partidas y subpartidas aprobadas, ocasionando que las autoridades empleen discrecionalmente fondos presupuestarios en operaciones, transacciones y actividades que, en palacio nacional, se estiman políticamente rentables, aunque ellas no estén particularmente previstas en el instrumento aprobado por la diputación.

Esto es, se pasó de la impráctica asignación detallada de sueldo a cada puesto, a la consolidación de una sola caja, en la que se han desdibujado los ramos, partidas y subpartidas. Existe una masa informe de recursos dinerarios en las que se mete mano, para hacer desordenadas erogaciones que calmen y colmen las ocurrencias, caprichos e imposiciones de los operadores del presidente.

Desapareció aquella dependencia globalizadora que férreamente controlaba el gasto y lo ajustaba a metas trimestrales, capaz de hacer cierres financieros decorosos. La SHCP ya no es más aquella instancia de gobierno que imponía el paso y medida en el ejercicio presupuestal, siendo ahora los titulares de las dependencias que tienen encomendadas enormes obras tlatoánicas, las que dicen cuánto, cómo y en qué momento saldrán de las arcas públicas sumas exorbitantes, estén o no presupuestadas.

Es cierto que desde hace décadas la mayor parte del presupuesto está comprometido, ya que se han venido acumulando compromisos que hacen trizas el concepto de presupuesto anual, ellos, se han vuelto cargas casi permanentes, que dejan poco margen o espacio a la asignación de recursos a nuevos proyectos. Tal restricción determina el tamaño del déficit que ahora plantea Hacienda, dado que carece de la estatura política necesaria para decirle no a quienes hacen posible que el Ejecutivo Federal pueda visitar semanalmente los proyectos consentidos, aunque cada día es más evidente que éstos carecen de sentido, futuro y viabilidad.

De forma que el presupuesto tiene ahora un nuevo apartado, un barril sin fondo que permitirá desajustar y desbalancear las finanzas públicas de manera ilimitada. En el presupuesto de egresos de la federación se han programado pagos que hacen posible que el gobierno siga operando, así como aquellos que dan vida a los programas sociales, pero ahora, la disciplina fue aniquilada, se quedará a deber, y no poco. Se trató de fondear las excentricidades, quitando sueldos y prestaciones a ciertas entidades autónomas, así como desinstalando la capacidad operativa de algunas instancias gubernamentales, pero es claro que no alcanzó.

En tanto se critican los sueldos y fideicomisos del Poder Judicial Federal, se mantienen miles de puestos en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad que rebasan, por mucho, el sueldo base del presidente. No así el sueldo integrado, ya que éste supera el de cualquier funcionario público en el país, e incluso, el de sus homólogos en países desarrollados.

El problema principal lo constituye el endeudamiento público, que ha violado los límites, restricciones y prohibiciones constitucionales desde que arrancó esta administración, dado que no existen estudios serios de viabilidad de los proyectos que se emprenden, y no se atiende la prohibición de no usar los financiamientos para pagar gasto corriente o pasivos, lo que se hace más allá de la excepción de refinanciamiento previsto en la ley de leyes.

La Ley de Petróleos Mexicanos es clara, no existe aval gubernamental para las operaciones de financiamiento de esa entidad, pero, a pesar de ello, se han venido canalizando miles y miles de millones de dólares, en operaciones proscritas por nuestra Constitución. Las cuales, no son financiamientos oficiales a la improductiva empresa, sino aportaciones a fondo perdido; así es, se trata de subsidios que hacen ilusoria la efectiva solvencia y viabilidad financiera del otrora gigante, dado que su avance y subsistencia depende de excepcionales rescates que, acatando la Ley Suprema, debieran llegar a su fin. La capacidad crediticia de la petrolera nacional es sencillamente imaginaria.

Dice el dicho, no pasa nada hasta que sucede, la credibilidad de las autoridades financieras pende de un delgado hilo, sin que más allá de nuestras fronteras los otros datos puedan evitar que, ante el inminente desprestigio, los inversionistas busquen otro destino, uno en el que la operación del sector público no se funde en un irresponsable déficit.

Existen economistas formados con los neoliberales de antes que han expresado su optimismo, sin embargo, son esos que se encierran a libar estadísticas oficiales, en las que la realidad y la fantasía son difíciles de distinguir. En las calles, la presión de los precios deja claro que la inflación no ha cedido; que el crédito enfrentará replanteamientos ante la creciente cartera vencida, así como que nuestro principal socio atraviesa por tormentas de incierta dureza, ese, que subsidia nuestra economía, dando empleo a nuestros desplazados. Sí, esa economía en riesgo que produce el principal ingreso de la nuestra, las remesas.

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, descarna y revela, muestra una estructura frágil y deficitaria.