Otro tráfico de influencias estatal, por $47 millones
Juan Manuel Partida Valdez
Acabamos de encontrarnos otro tráfico de influencias en el gobierno estatal, ahora por 47 millones de pesos.
Licitación 01/2023 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que falló a favor de una empresa propiedad del Secretario de Economía sinaloense, Javier Gaxiola Coppel.
Puede usted encontrar el acta en la página web de COMPRANET del gobierno estatal.
Aquí el enlace: https://compranet.sinaloa.gob.mx/sistema-estatal-de-seguridad-publica.
Se puede observar en el fallo que hay cuatro empresas ganadoras, tres con partes pequeñas y Chevrolet Premier con una adjudicación notablemente mayor.
Con el importante detalle ya mencionado de que este negocio es propiedad de Javier Gaxiola, lo que constituye un delito que violenta las leyes federal y estatal de la materia.
Recordemos que a principios del año pasado el gobernador Rubén Rocha Moya canceló la primer compra de vehículos de su gobierno, que se había adjudicado a otra empresa del secretario de economía estatal, implicado también en esta transa el Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega.
Aunque al principio lo rechazó, Rocha Moya aceptó luego que hubo conflicto de interés, tras una investigación que hizo Alejandro Monjardín, reportero del semanario Ríodoce.
Aquí la nota respectiva: https://riodoce.mx/2022/03/14/por-que-cancelo-ruben-rocha-la-primera-compra-de-vehiculos/.
Existe, entonces, un tráfico de influencias reiterado por el mismo funcionario Javier Gaxiola Coppel.
Al robo de dinero público, hay que agregar el cinismo gubernamental.
Vayamos a los detalles sobre las ilegalidades cometidas, que inician desde la aceptación de la empresa Chevrolet Premier como competidora.
La Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (federal), señala en su artículo 50 que las dependencias y entidades están impedidas para recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno cuando exista un servidor público beneficiado personalmente y en su familia, hasta cuarto grado de consanguineidad.
En lo local, la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes inmuebles para el Estado de Sinaloa es igual de clara, en el mismo sentido.
Es ilegal recibir proposiciones o adjudicar contratos cuando un servidor público intervenga y tenga interés personal, familiar o de negocios.
Es muy evidente, otra vez, el conflicto de interés.
Surgen preguntas inevitables ante las raterías cometidas por altos funcionarios del gobierno.
La duda de si el gobernador estuvo enterado de otra transa igual a la que ya canceló, o si lo burlaron.
En consecuencia, la incertidumbre de si Rocha Moya cumplirá con su obligación de cancelar este nuevo contrato ilegal.
El dilema del gobernador es muy claro: corregir y castigar, o ser cómplice de esta otra burla contra los sinaloenses.
La acción o la inacción de la máxima autoridad de Sinaloa nos dirá cómo fue y cómo será.
Quedamos pendientes.
