El gobierno soy yo
Leopoldo Mendívil
Muy al inicio de la gestión lopezobradorista, salió un video en el cual el presidente afirmaba que hacer un pozo petrolero no tiene mayor ciencia, pues solo es hacer el hoyo, como el de un pozo de agua. Supe entonces que López Obrador era dado a vanalizar y sobresimplificar la realidad, con una narrativa tramposa. No se enojen; ustedes y yo sabemos que perforar un pozo petrolero es complicadísimo.
Pues la última que nos receta, ha sido eliminar la participación de especialistas en el Consejo de Salubridad General (CSG), entre ellos a la Academia Mexicana de Pediatría, la Fundación Mexicana para la Salud, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (DOF, 11/12/2023).
En vez de especialistas, ahora serán miembros del CSG… ¡adivinaron! SEDENA y SEMAR. También formarán parte del Consejo, PEMEX y SEP, las cuales ni medianamente cumplen con sus funciones esenciales. Me pregunto qué pueden aportar a un problema sanitario.
Por casi 400 años, nuestro país ha contado con un órgano superior, encargado de supervisar la salud pública y aconsejar a los dirigentes al respecto, pues es una de las obligaciones irrenunciables del Estado hacia sus ciudadanos. En este último punto, creo que todos estamos de acuerdo.
Desde la Constitución del 17, el Consejo de Salubridad General (CSG) cuenta “con la facultad jurídica de emitir disposiciones y normas de observancia general y obligatorias en el país” (csg.gob.mx). Es la instancia a la cual un presidente debe acudir cuando, por ejemplo, surgen enfermedades transmisibles como fue el caso del COVID-19.
No es un asunto de trámite recurrir al CSG para la emisión de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional o regional. Se trata, además, de escuchar las opiniones ESPCIALIZADAS de los principales personajes vinculados a la salud desde todos los ángulos, más allá de los médicos; hablamos de hospitales, farmacias, laboratorios, etc.
Debimos verlo venir. Durante la pandemia, el CSG solo fue convocado una vez y tardíamente para que emitiera la declaratoria de emergencia y así dar paso a que el Ejecutivo puediera emitir disposiciones extraordinarias, como la suspensión generalizada de clases presenciales. AMLO nunca más volvió a recurrir al Consejo y dejó todo en manos del inefable Hugo López-Gatell. El resto es historia… de un desastre mortal.
Si los dos López hubieran escuchado al CSG alguien les habría dicho que el modelo de monitoreo aplicado era el de una enfermedad cuyo comportamiento es conocido, siendo que el del COVID-19 no lo era. También los hubieran alertado de la subestimación de la velocidad de contagio y, en consecuencia, del número de camas requeridad en los hospitales.
Para mí, lo más criminal fue no recomendar enfáticamente el uso de cubrebocas y la falta de protección al personal de salud. No me extiendo más sobre esta trágica historia nacional. El resultado fueron 650 mil fallecimientos en exceso.
El CSG también tiene la obligación de “participar e la consolidación del funcionamiento del Sistema de Salud”. Me pregunto cuántas veces lo habrá consultado AMLO antes de desaparecer de un plumazo el Seguro Popular, para luego abortar el INSABI y ahora crear el parche del IMSS-Bienestar. Seguramente ninguna. Ahora tenemos millones de mexicanos sin cobertura de salud.
Nadie, nunca, puede saber todo sobre todo, pero el inquilino de Palacio Nacional piensa distinto. Detesta a los especialistas. ¿Sentirá que esa gente le resta poder o autoridad? A saber… Así es como hemos tenido a un agrónomo en PEMEX, a un administrador de zonas arqueológicas en el INSABI y a un graduado de secundaria a cargo del Tren Maya.
La fobia se extiende hacia otros órganos especializados, máxime si son autónomos, por lo cual ahora pretende desaparecerlos. El IFETEL, la Comisión Reguladora de Energía o el INE, por solo citar algunos, están constituidos por profesionales de alta especialización en la materia que les corresponde. Concursan por el cargo, para lo cual han de demostrar su ideoneidad, defender su postulación y responder a preguntas rigurosas del Congreso. Su designación no es por dedazo presidencial, donde la lealtad es del 90 por ciento y la capacidad del 10 por ciento.
La función común de los organismos autónomos y del CSG no es criticar al presidente de turno, sino emitir opiniones técnicas especializadas dentro del marco de las leyes vigentes. No restan poder al primer mandatario, por el contrario, lo alertan para que no cometa errores y contribuyen a que su gestión sea mejor.
Al presidente le quedan pocos meses, pero aún tiene tiempo para seguir desmantelando el entramado institucional, para sembrar posverdades sobre los organismos autónomos y para polarizar más el debate público. Pero sobre todo, para concentrar más poder en el Ejecutivo y anular a cualquier voz que no sea la suya.
¿De verdad eso es lo que les gusta?
¿Por eso desean que continúe la 4T?
