Las pensiones: pudo haber sido peor
Carlos Matute González
Sin duda, hay buenos servidores públicos en Hacienda, que tuvieron la capacidad política y profesional de acotar a la propuesta presidencial anunciada de reforma pensionaria, y sustituirla por otro parche más a la multiplicidad de sistemas contributivos que existen. Hay tres regímenes de seguridad social nacionales: IMSS, ISSSTE e ISSSFAM, otro tanto de estatales y universitarios, así como varios regímenes de jubilación derivados de contratación colectiva en entidades públicas como PEMEX, CFE, IMSS y banca de desarrollo y fondos colectivos e individuales para otorgar pensiones complementarias. Lo anterior suma una carga presupuestal federal de 1.5 billones de pesos.
Estos sistemas de pensiones contributivos tienen como objetivo el 40% de la población activa, es decir, alrededor de 25 millones de trabajadores, que en un análisis rápido son el universo de personas que alguna vez cotizaron y, en caso de cumplir con los requisitos, pudieran acceder a una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. La población mayor a 65 años en 25 años será el doble de la actual y si suponemos, que con las condiciones actuales, y si estas no cambiaran hay 6 millones de pensionados en ese lapso habrá 12 millones.
Entonces, una modificación de estos sistemas, en el ideal, aumentarían la posibilidad de jubilación para 13 millones de personas. Ese es el universo de trabajadores cotizantes beneficiados por una reforma dirigida este grupo y eso es en el escenario más optimista. Las personas, cuya vida laboral transcurre mayoritariamente en el mercado informal, no pudieran alcanzar las “promesas” de una mejor pensión y sólo podrán acceder a las pensiones no contributivas, hoy llamadas del bienestar.
En ese sentido, si agregamos a lo anterior, las bajas tasas de cotización promedio y la insuficiencia de las cuotas obrero-patronales y las aportaciones gubernamentales para financiar las pensiones, entonces es previsible que el universo señalado se reduzca a menos de 5 millones de personas y que este beneficio sea pagado por la via presupuestal, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes.
En pocas palabras, el presupuesto en pensiones en menos de 10 años representará casi el 50 % del total con un monto cercano a los 5 billones de pesos y si no se cambia la relación trabajo formal/informal, entonces, 4 billones beneficiarán a 10 millones de trabajadores y un billón se distribuirá entre los pensionados del bienestar, que seguramente serán la misma cantidad.
El actual sistema pensionario de la Ley de 1973 era profundamente injusto porque se basaba en el principio de beneficios definidos, es decir, el monto de la pensión no está vinculado con el ahorro generado o la contribución aportada y el faltante se paga con el dinero de todos. Los más pobres, aquellos que trabajan en la informalidad, pagan vía impuestos las pensiones de los grupos de mayores ingresos.
Los sistemas de aportaciones definidas son más justos, más aún si a las personas de bajos ingresos se les apoya con una pensión mínima garantizada. El presupuesto se focaliza en los grupos de trabajadores más desprotegidos.
El talón de Aquiles de ambos sistemas son la baja permanencia en el empleo formal de los trabajadores y el monto de las cotizaciones, que afecta la tasa de remplazo de las pensiones y pretender sustituir este problema estructural del mercado laboral con pensiones complementarias no contributivas genera un efecto contrario al buscado, que supuestamente es beneficiar a los más pobres.
Los servidores públicos de Hacienda lograron detener la propuesta de que el monto de la pensión fuera igual al 100 % del último salario y la transformaron en una suma complementaria a la pensión financiada por las cuentas individuales para los trabajadores de la generación afore que se mantengan hasta los 65 años cotizando en un salario base alto, que tengan continuidad y su ingreso mensual cotizado sea superior a un salario mínimo e inferior al salario promedio de los cotizantes al IMSS.
Esto es una buena propuesta para este grupo y lo iguala con los trabajadores, en similares circunstancias que se jubilen con la Ley de 73, es decir, el sistema de aportación definida se convierte en uno de beneficio definido en el que la diferencia se paga con el presupuesto.
La pregunta aquí es ¿qué grupo poblacional es el beneficiado? La respuesta es, aquel integrado por hombres con permanencia en el empleo formal con ingresos superiores al promedio del salario base de cotización del IMSS, ya que lamentablemente las mujeres y los trabajadores de bajos ingresos suelen no permanecer en el trabajo formal después de los 50 años.
Algunos especialistas ya indicaron que de aprobarse la reforma los trabajadores beneficiados serían una minoría con respecto al universo y, además, con lo expuesto, los beneficiarios serían los de siempre. El sistema no sería más justo, más bien sería regresivo. Por suerte los servidores de Hacienda evitaron que la propuesta fuera peor.
De toda la propuesta lo rescatable es elevar a rango constitucional el derecho a que toda persona trabajadora tenga derecho a una pensión justa, pero aún así dejan fuera a los trabajadores en la informalidad.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Con información de Crónica
