La inminente traición a López Obrador
Álvaro Aragón Ayala
En posición de ofendido porque lo obligó a acudir a una mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján y Robespierre Lizárraga Otero, responsable de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rocha Moya mandó la lectura al presidente de Andrés Manuel López Obrador de que una vez que pasen las elecciones lo mandará al demonio bajo el principio traicionero de “muerto el rey, viva el rey”.
Intentando distorsionar los escenarios, el gobernador de Sinaloa le mandó decir a Obrador que sucumbió “a la estrategia de intimidación”, refiriéndose a la contraofensiva mediática y las manifestaciones de los universitarios en defensa de la autonomía y la honra de sus directivos, protestas dirigidas no contra el presidente de la República sino contra Rocha Moya, la Fiscal Sara Bruna Quiñónez y los jueces de consigna.
“Todavía no era el momento de comenzar el diálogo”, es la narrativa del traicionero y malagradecido que sólo espera el 3 de junio, sólo un día después de las elecciones, para olvidarse de que juró lealtad a ciegas al presidente. Devorado por los tiempos, le urge que el diferendo UAS-Rocha continúe encerrado en Sinaloa. “Notamos que las autoridades federales son susceptibles al chantaje”, es la relatoría.
El gobernador Rocha Moya movió sus engranajes de comunicación para restarle peso y desacreditar la mesa de diálogo preocupado porque el primer diagnóstico de los planteamientos de Robespierre Lizárraga lo exhiben como un autócrata que fabricó denuncias penales pasándose por el “arco del triunfo” la Auditoría Superior de la Federación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Educación Superior.
Quedó muy claro para Luisa María Alcalde que, de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía de Justicia de Sinaloa, ni la UIPES, ni el SATES ni la Auditoría Superior del Estado, tienen competencia para vigilar y fiscalizar ni para normar las operaciones contables-administrativas-financieras de la UAS.
Que la Constitución y la Ley General de Educación Superior otorgan plena autonomía a la UAS y que, por tanto, no depende del gobierno del Estado ni de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Únicamente la Auditoría Superior de la Federación puede dictaminar si hay o no saqueos, robos o manejo irregular de los recursos de la máxima casa de estudios.
El gobernador trata por todos los medios “legitimar” los atropellos constitucionales y jurídicos de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa y de los jueces por consigna quienes, sin contar con argumentos jurídicos, sin ningún dictamen de la ASF que certifique, que valide, que los directivos de la UAS incurrieron en irregularidades en el manejo del presupuesto universitario, dictan resoluciones contra las autoridades uaseñas violando el debido proceso y la presunción de inocencia.
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