Estoy muy decepcionado del gobierno de AMLO: don Clemente, padre de uno de los 43
Marco Antonio Martínez
Don Clemente Rodríguez está decepcionado del actual gobierno, por no resolver la investigación en estos casi seis años lo que pasó con los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Uno de esos estudiantes es su hijo, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, quien en esa noche fatídica tenía 19 años.
Aunque reconoce que ha habido avances del gobierno federal en la investigación del caso, “se ha avanzado un 60 a 70%”, y uno de estos avances fue el hallazgo de restos óseos de su hijo en julio de 2020, don Clemente considera que es insuficiente.
“Sí ha hecho algunas cosas, no tanto él, sino el grupo de expertos independientes -se refiere al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes- cuando estaban en la investigación encontraron el fragmento de mi hijo en la barranca La Carnicería, no fue tanto este gobierno, no lo quiero como estar halagando, sí ha tenido fallas”, remarca en entrevista con La Silla Rota.
Entrevistado en la Ciudad de México, en la sede del Centro Pro, en la colonia San Rafael, don Clemente se refiere al ataque que con petardos normalistas hicieron este lunes 13 de mayo a las afueras de Palacio Nacional. Dice que a ellos no los consultaron los estudiantes, pero si así hubiera sido no hubiera estado en contra.
De hecho, añade que gracias a eso los llamaron ese día de Presidencia de la República para pedirles que se reúnan con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de junio, un día después de las elecciones, a las 11am.
No sabemos absolutamente nada
Don Clemente espera que ese día puedan comentarle al presidente Andrés Manuel López Obrador las inconformidades de los padres.
“No ha tocado a los militares, no ha hecho investigaciones del trasiego de drogas de Iguala a Chicago, en Estados Unidos. No sabemos absolutamente nada. Sabemos que él como mandatario de las Fuerzas Armadas puede dar órdenes a los jueces de por qué están liberando a los militares, a los delincuentes y a los policías si sabemos que son los responsables. Le pido al presidente que asuma los compromisos que hizo con los padres de familia”, expresa don Clemente.
Otra queja que tiene guardada para el presidente es que aunque los padres pudieron entrar a los cuarteles militares para buscar información, no hallaron nada, pero no porque no hubiera documentos, sino porque se los ocultaron, afirma. Fue gracias a las organizaciones que fueron investigando y encontrando irregularidades que supieron que hay 800 folios de información que pudieran dar pistas sobre el paradero de los 43 y que además hay datos de un normalista infiltrado -por parte del Ejército- del que no sabían.
“¿Que pedimos? Que el gobierno asuma los compromisos que hizo con nosotros. Los 800 folios que se han estado mencionando, la comunicación del infiltrado, qué le estaba comunicando a sus superiores. Hay muchas trabas que el gobierno nos quiere imponer. Dice que ya nos dio todo, que el Ejército ha proporcionado la información, pero no lo ha hecho”, se queja.
“Por eso tuvimos que hacer plantones, huelgas de hambre y el reciente plantón a fines del mes pasado, frente a Palacio Nacional, estamos pidiendo que nos rinda cuentas”.
Se le cuestiona a don Clemente si siente que fueron engañados cuando se les autorizó entrar al 27 Batallón Militar, pero sin hallar información.
“Sí, cambiaron todo, por ejemplo, los militares entregaron expedientes a nuestros abogados, pero incompletos de dónde estaba la comunicación con Guerreros Unidos con cierto militar, mensajes incompletos, de qué hacer con los normalistas, para dónde los llevamos, que nos rinda cuenta el cuartel militar 1, si sabe qué pasaba con los 17 normalistas que llegaron al 27 batallón de infantería”.
Como contexto a lo dicho por don Clemente, lo que se sabe es que hay un testimonio de que esa noche estudiantes fueron llevados al 27 Batallón y que fueron torturados, luego fueron llevados a una colonia de Iguala, asesinados y posteriormente cremados.
-¿Le han dicho al presidente que no le creen al Ejército? ¿Él lo defiende?
– Eso siempre lo va a hacer, cuando le hemos hecho cuestionamientos al presidente sobre el Ejército ‘toque al Ejército, haga las detenciones correspondientes’ y le dimos nombres y apellidos de a quien detener, fueron liberados 8 militares.
-¿Qué piensa de esa liberación?
-Me siento muy decepcionado de este gobierno.
Don Clemente recuerda que en 2020 fue el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas quien le informó sobre el hallazgo de los restos óseos de su hijo, que de acuerdo con lo que informó el Equipo Argentino de Antropología Forense, era de una extremidad inferior, lo que le hace tener esperanzas de que quizá su hijo haya sido amputado, pero continúe vivo.
“Me lo dijo fríamente. Yo lo tomé tranquilamente, no que me hubiera dado coraje. Mi hijo vive, aunque su gobierno haya dado positivo, mi hijo vive y la esperanza muere al último y no voy a dejar de buscarlo y vamos a llegar a las últimas consecuencias”, concluyó.
Don Clemente actualmente vende en el Centro Pro, artesanías alusivas a jaguares.
Además de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, también en 2014 fue identificado Alexander Mora Venancio en diciembre de 2014 y Joshivani Guerrero de la Cruz en septiembre de 2015.
En el caso de Rodríguez Telumbre, sus restos fueron hallados en la barranca conocida como la Carnicería, a una distancia de 800 metros del basurero de Cocula, donde el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, había dicho que habían sido calcinados los normalistas, versión conocida como “la verdad histórica”.
Pero el gobierno del presidente Andrés Manuel no ha sido capaz de informar qué pasó exactamente con los normalistas.
Lo que dijo el GIEI
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que hasta el año pasado colaboró con el gobierno, el 31 de octubre expuso que sus investigaciones llevaron a desmontar la llamada Verdad Histórica y que fue un caso de ámbito local, ya que se demostró que participaron 5 policías municipales, además de policía estatal y federal y ministerial, integrantes de la Sedena, con distintas responsabilidades en la persecución, detención y ocultamiento de los hechos.
“El trasiego de drogas ha quedado patente como parte de las motivaciones que llevaron a cabo el operativo contra los estudiantes, a pesar de que fue ocultado en la investigación oficial. Los archivos y documentación de inteligencia reseñados muestran el seguimiento a los jóvenes y conocimiento detallado de sus actividades, y no se halló en ellos relación de estos con el narcotráfico a pesar de que se hallaban infiltrados, e incluso un joven desaparecido era miembro de inteligencia del ejército, mientras posteriormente se adujeron motivos inconsistentes y tergiversaciones sobre los jóvenes, que no se basan en hechos reales y con los que se trató de ocultar el caso. Las versiones distorsionadas de los hechos llevaron a una ruptura total de la confianza en las instituciones y una deslegitimación del gobierno anterior”, expuso el grupo en octubre de 2022.
Pero también se refirió a la crisis que se desató luego de la renuncia del fiscal encargado, Omar Gómez Trejo, luego de que expuso que el actual gobierno federal saboteó las investigaciones con la intención de proteger a militares. La acusación causó su renuncia, pero además el presidente López Obrador tomó la decisión de ser él mismo quien estaría a cargo de las investigaciones. También acusó al Giei de administrar el dolor de la gente.
Ante ello, el grupo planteó que aún quedaban retos pendientes para lograr la justicia, y obtener mediante ésta, nuevas verdades sobre los hechos, responsabilidades y la búsqueda de los desaparecidos.
“Numerosos pactos de silencio y maniobras de ocultamiento y desviación han jalonado el recorrido de este caso. El compromiso del GIEI es coadyuvar a esta investigación y búsqueda, pero corresponde a las autoridades mexicanas dar una respuesta a los familiares y a la propia sociedad, sin esconder, minimizar o alterar investigaciones ya de por sí complejas y difíciles 8 años después de los hechos, en los que se ha tratado de manipular la investigación y esconder pruebas, alejando la verdad y el derecho a saber de los familiares, el destino y paradero de sus seres queridos, que es lo que nos ha traído hasta aquí. La confianza es la energía con que los familiares nos convocaron para esta tarea”.
La Silla Rota buscó al abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales y al Centro Pro, sobre su evaluación de la actuación del gobierno en el caso de la investigación de la desaparición de los estudiantes, pero no hubo respuesta.
Con información de La Silla Rota
