Coordinar y concertar
Mario Luis Fuentes
Una de las mayores dificultades que se enfrentan en el ejercicio del gobierno se encuentra en lograr una coordinación adecuada de todo el aparato de la administración pública. En el caso mexicano, se cuenta con 20 dependencias con rango de Secretarías de Estado, además de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. A ellas deben sumarse los organismos de control no sectorizado, como son el IMSS; el ISSSTE y el ISSFAM: los dos primeros responden directamente a la persona titular del Poder Ejecutivo, y el tercero al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al interior de cada Secretaría hay además complejas estructuras operativas, que van desde las Subsecretarías, de las cuales hay 50; además de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, muchos de los cuales manejan asuntos tan relevantes que, en el desarrollo cotidiano de sus actividades, tienen mayor presupuesto y peso político que algunas de las subsecretarías mencionadas. En ese sentido, es importante destacar que hay al menos 120 organismos descentralizados y desconcentrados, además de las empresas productivas del Estado, cuyas responsabilidades son, en varios casos, estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional.
Sólo por citar algunos ejemplos, se encuentran Pemex y la CFE; Cofepris en el ámbito de la Salud, Lotería Nacional, el Sistema Nacional DIF, la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales, el Infonavit, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro.
La aspiración es, en términos ideales, el funcionamiento armónico y virtuoso de todas esas dependencias y entidades; pero en el marco del presidencialismo mexicano ha ocurrido históricamente, pero de manera acentuada en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que las “comisiones informales” a las y los funcionarios, incluso están fuera del mandato constitucional y legal de la dependencia que dirigen, lo cual genera distorsiones y lógicas de poder sumamente complejas que puede llevar al cumplimiento de las prioridades presidenciales, aunque no necesariamente al cumplimiento estricto del mandato jurídico.
En ese sentido, la administración pública en su conjunto se enfrentará nuevamente, en unas cuantas semanas, a la incertidumbre de conocer no sólo el estilo personal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino las lógicas y métodos de trabajo, así como la racionalidad en la toma de decisiones, de las y los titulares de las Secretarías y Subsecretarías; y de los organismos descentralizados y desconcentrados.
Por otro lado, se encuentra también el enorme reto de la concertación, concepto que significa llanamente la generación de acuerdos entre sectores y actores que representan intereses diversos, todos legítimos, y que no necesariamente confluyen o coinciden en objetivos, propósitos y métodos; lo que exige capacidad de diálogo y de generación de consensos para lograr un curso de desarrollo mucho más eficaz que el que se ha construido hasta ahora.
La concertación implica igualmente la capacidad de armonizar y articular a los gobiernos estatales y municipales, bajo los principios adicionales de la complementariedad y la subsidiariedad, con nuevos criterios de desarrollo regional que además deben apegarse a los principios rectores del desarrollo sostenible, fundamentalmente los principios de Responsabilidad, de Prevención y de Precaución.
En ese sentido es de enorme relevancia que la nueva Presidencia retome la vocación federalista de nuestro país; y que articule a la República para cerrar las brechas que existen no sólo entre norte y sur, sino que se encuentran al interior de cada uno de los estados y al interior de los municipios; e incluso, en los entornos urbanos donde conviven espacios territoriales que se asemejan a los países de altos ingresos, y otros que se asemejan a las regiones más pobres del planeta.
No puede omitirse además el hecho de que la llamada austeridad de la presente administración erosionó capacidades y recursos en toda la administración pública; lo cual podría agudizarse en un entorno de restricciones presupuestales marcadas fundamentalmente por la negativa de impulsar una nueva reforma fiscal integral que permita ampliar la base gravable y que, al mismo tiempo, genere una estructura impositiva progresiva.
Por otro lado se encuentra la realidad de la presencia palpable de las fuerzas armadas en una gran cantidad de actividades y proyectos que les fueron asignados por el presidente López Obrador, pero que además les ordenó su operación y seguimiento: aduanas, puertos, operación de varios espacios de aviación civil, distribución de medicamentos y combustibles, entre otras acciones, con las cuales tendrán que interactuar las dependencias que tienen relación directa o incluso actividades y responsabilidades jurídicamente asignadas.
A ello se añade la difícil situación de inseguridad pública que se vive en el país, y que impone severas restricciones a actividades clave que, ya se ha visto, pueden tener importantes repercusiones económicas, no sólo para la planta productiva, sino también para variables macroeconómicas como la inflación, en la cual el precio de los productos agropecuarios que se encuentran en disputa e influencia perniciosa del crimen organizado.
En ese mismo sentido, hay regiones en que los programas sociales operan de forma anómala; o definitivamente no pueden operar dada la presencia territorial de los criminales; mientras que, en otras zonas, la prestación de servicios como la educación y la salud se han vuelto prácticamente imposibles por las condiciones de violencia y criminalidad.
El incuestionable triunfo electoral que obtuvo la presidenta Sheinbaum Pardo en las urnas constituye un respaldo popular invaluable para que se tomen las decisiones que más urgen para restablecer el orden y condiciones de normalidad mínima en las regiones en que se han perdido; y para impulsar nuevos acuerdos y nuevos pactos regionales para detonar procesos de desarrollo integral de largo plazo que nos permitan crecer con justicia y dignidad para todas y todos los habitantes del país.
Investigador del PUED-UNAM
Con información de Aristegui Noticias
