Suprema Corte alerta sobre la conformación del Órgano de Administración Judicial
Yared de la Rosa
La reforma al Poder Judicial no sólo busca que los jueces y ministros se elijan por voto directo, también plantea una reestructuración del sistema que administra este Poder de la Unión; para ello, propone eliminar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y crear, en su lugar, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
La iniciativa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador que envió a la Cámara de Diputados, plantea cambios a los artículos 94 y 100 de la Constitución para establecer que la administración del Poder Judicial, la carrera judicial y el control interno de ese mismo Poder estén a cargo del Órgano de Administración Judicial, mientras que el área de disciplina y sancionatoria a jueces magistrados y ministros sean vistos por del Tribunal de Disciplina Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Centro de Estudios Constitucionales, alertó sobre la composición de este nuevo órgano y sus funciones, ya que pueden dañar la independencia judicial.
Expertos constitucionalistas también han señalado que el nuevo órgano administrativo podría quedar capturado por el Poder Ejecutivo y su partido, debido a que se propone que esté integrado por cinco personas —dos menos que las que componen en la actualidad el Consejo de la Judicatura— que serán designados: uno por el Presidente de la República, uno por el Senado y tres por la nueva Suprema Corte, resultante de la reforma.
“El Consejo de la Judicatura hoy se integra por un consejero designado por el Presidente, dos por el Senado y tres por la Suprema Corte. Es decir, aquí hay tres nombrados no por la Suprema Corte, sino por los políticos (…) pero si tienes un partido con mayoría calificada, pues aquí sí podrá influir en las decisiones del Órgano, (también hay que resaltar) que hoy el Consejo de la Judicatura es muy claro, tiene tres consejeros de Morena, y esto no ha terminado de afectar el funcionamiento de los órganos”, consideró José María Soberanes, experto en derecho constitucional.
En el análisis que realizó la SCJN, se señala que Poder Judicial establece que se busca tener legitimación democráticamente para hacer valer sus decisiones, pero señala que ésta “sería indirecta”, ya que los miembros del Órgano de Administración Judicial, no serán elegidos por voto popular, sino por decisión de funcionarios.
Por ello, este centro de estudios considera que se debe reflexionar sobre la composición del órgano administrativo propuesto en término de su representación plural y número de integrantes, debido a que una de las finalidades de esta reforma es “la democratización del Poder Judicial”; por lo que el máximo tribunal de justicia recomienda que se incorpore a este nuevo organismo miembros de la academia, de las fuerzas políticas y de organizaciones civiles.
El Poder Judicial está compuesto por 127, 388 personas, quienes podrían salir afectadas por estos cambios que propuso el mandatario federal. De acuerdo con los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal del INEGI, en 2023 el Poder Judicial de la Federación se componía por 54,388 personas y los poderes judicial locales, por 73,000.
Presupuesto para cabildear daña independencia
En la propuesta del presidente se establece también que este órgano se encargará de elaborar el presupuesto general del Poder Judicial y lo remitirá al Ejecutivo Federal para que, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
Pero, en el análisis del Centro de Estudios Constitucionales también alerta que el hecho de someter a través de un órgano de administración la elaboración del presupuesto del Poder Judicial y cabildear estos recursos con diversas instancias, puede ser “lesivo para la independencia judicial”.
Lo anterior, al citar un informe de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, el cual señala la importancia de asignarle un porcentaje de presupuesto anual de la Nación al Poder Judicial para garantizar su independencia.
“Al no tener que cabildear todos los años esos recursos, le daría al Poder Judicial no sólo autonomía financiera, sino que contribuiría a garantizar la independencia judicial (…) Sería un buen momento para establecer en la Constitución que se debe destinar al menor 2% del presupuesto anual al funcionamiento del Poder Judicial ”, señala el documento de la SCJN, al recordar que en México este Poder de la Unión se le asigna el presupuesto más bajo con proporción al PB en comparación con otros países de América Latina.
En entrevista, Soberanes mencionó que para que el Poder Judicial no dependa de los “vaivenes” políticos y así el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no cabildee el presupuesto anual debería haber recursos fijos.
“Aquí lo óptimo sería que tuvieran ya un presupuesto fijo para que no dependiera de los vaivenes políticos, pero en esto poco cambia lo que ahora tenemos. Se podría mejorar, sí, pero, lo deja prácticamente igual. Que tuviera un porcentaje fijo del PIB. Por ejemplo, el 1%, eso sería mejorarlo”, dijo.
¿Resoluciones inatacables?
Además, en la iniciativa también se establece que las decisiones del Órgano Administrativo como del Tribunal de Disciplina Judicial serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá ningún recurso contra ellas.
De aprobarse la reforma, el Tribunal de Disciplina será el que recibirá las denuncias e investigará a jueces, magistrados, ministros y demás personal judicial, por hechos de corrupción, tráficos de influencias, nepotismo, complicidad con delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismos.
Este órgano impondrá sanciones que incluyen desde amonestación hasta destitución y darán vista al Ministerio Público o solicitará un juicio político ante el Congreso de la Unión.
El documento de la Suprema Corte sugiere que el hecho de que las resoluciones de la OAJ y del Tribunal no puedan combatirse, afectan principios fundamentales de independencia judicial, ya que señala que suele creerse que estas acciones administración sólo impactan en cuestiones accesorias de la impartición de justicia, pero no es así.
“La decisión sobre cómo se distribuyen los recursos impacta de manera directa en el ejercicio de los derechos y en el acceso e impartición de la administración de justicia”, menciona y recuerda lo que la ONU en materia judicial enfatizó que las decisiones administrativas que afectan la situación de los operadores judiciales deberían poder ser revisadas por un órgano independiente.
Para Soberanes, el principal problema que ve en la creación de los nuevos órganos es el de Tribunal de Disciplina, pues consideró que los criterios para sancionar a jueces será de acuerdo a los criterios del partido en el gobierno.
“Lo que se está proponiendo es que esta instancia se encargue de revisar los criterios de los jueces. Pueden ser sancionados por un criterio que sea contrario, dice, al interés nacional, al interés público, que no es otra cosa más que a los intereses de la 4T. Esto es lo que se me hace muy complicado, porque ahí es en donde se le resta la autonomía a los jueces, la independencia, para poder dictar una sentencia pegada a derecho”, resaltó.
De acuerdo con la iniciativa, los integrantes de la Consejo de la Judicatura Federal seguirán en sus cargos hasta el día en que tomen posesión los integrantes del Órgano Administrativo de Control.
Esta reforma al Poder Judicial será discutida el 22 de agosto en la Cámara de Diputados, pues actualmente realizan foros para analizar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y estos finalizar el 8 de agosto.
Con información de Expansión Política
