Desplazados de Chiapas padecían condiciones extremas antes de migrar: Colegio de la Frontera Sur

9 de agosto de 2024

Luis Herrera

La práctica criminal del reclutamiento forzado está presente en las comunidades de Chiapas, según lo revelaron las autoridades federales. Esta actividad representa para el estado un peldaño más dentro de la escalada de violencia padecida consistentemente durante los últimos años.

El 2 de agosto de 2024, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expuso que, entre las principales causas del desplazamiento de cientos de chiapanecos hacia territorio guatemalteco, se encuentra dicha figura delictiva perpetrada por grupos criminales.

De acuerdo con la información brindada por la funcionaria federal, esta práctica detectada en el estado que gobierna Rutilio Escandón Cadenas estaría dirigida a los jóvenes de la entidad.

Aquel día, Bárcena Ibarra dijo, con respecto a los motivos por los que las familias chiapanecas han tenido que huir: “cruzan por los constantes enfrentamientos que hay entre aparentemente dos bandas criminales (…) Lo que más les preocupó a estas familias es que han empezado a reclutar jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, y por eso han cruzado”.

En su exposición también señaló el punto específico donde se originó este éxodo de cientos de personas que tuvieron que abandonar sus hogares ante el acoso y la violencia que han llevado los grupos criminales al estado sureño.

“En primer lugar, los desplazados se han ido de un lugar que se llama Amatenango de la Frontera, y esto comenzó el 23 de julio con un grupo de 400 personas que cruzaron la frontera y llegaron al municipio de Cuilco, en Huehuetenango, y ahí se resguardaron. (…) Y tenemos información de que en Monte Rico hay 30 personas; en Nueva Reforma, 247; en la Unión La Frontera, 10; en Jocotitlán de las Pilas, 23; en La Playita, 10 personas”, detalló.

Inician comunicación para retornos seguros

Las autoridades mexicanas entraron en contacto con los desplazados refugiados en Guatemala para ofrecerles un retorno seguro a sus comunidades en Chiapas, sin embargo, la mayoría prefirió permanecer en dicho país, lo que habla de la severidad del problema que padecen en sus lugares de origen.

“El Instituto Nacional de Migración, nuestros cónsules, se trasladaron a Cuico, entrevistaron a las comunidades, con las autoridades de Guatemala por supuesto, y lo que vieron es que la mayoría de ellos prefieren permanecer del lado guatemalteco porque está muy cerca de sus comunidades, entonces ellos no quieren perder sus propiedades, no quieren perder sus animales y prefieren estar muy cerca. Porque nosotros les ofrecimos trasladarlos a Tapachula, al albergue Siglo XXI, incluso con camiones y tal”, explicó la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con operativos de seguridad implementados principalmente por las fuerzas militares mexicanas, antes que por el Gobierno estatal, se han logrado ciertos avances en el retorno de las familias chiapanecas.

“La verdad es que ya tenemos en este momento información de que 61 personas han retornado a sus hogares voluntariamente”, precisó la funcionaria federal.

Tuvieron que salir para salvar su vida

Las familias chiapanecas que tuvieron que salir de sus hogares para refugiarse desesperadamente en Guatemala se habrían quedado sin otras alternativas a su disposición para poder salvaguardar sus vidas, de acuerdo con el análisis del Colegio de la Frontera Sur.

Verónica Haydee Paredes Marín, investigadora del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos de dicho centro de investigación científica, publicó el 5 de agosto el reporte titulado “Los mexicanos refugiados en Guatemala, movilidades que salvan”, en el que se analiza la problemática expuesta.

“Comúnmente, el desplazamiento de las personas se da cuando han agotado toda estrategia que le permita estar en sus lugares y, otras veces, se conjugan condiciones que obligan a una salida inmediata ante el peligro de perder la vida.

“El caso de las comunidades chiapanecas de Amatenango de la Frontera que hoy se han refugiado en Guatemala tiene un poco de ambas situaciones. Desde 2021, han vivido una escalada de violencia por el enfrentamiento armado que los grupos ‘narcos’ han sostenido en la disputa del territorio fronterizo”, señala la publicación.

Esos grupos criminales presentes en Chiapas son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de reciente fundación: el Cártel Chiapas y Guatemala.

En medio del conflicto armado existente entre estos grupos criminales, las condiciones de vida para las familias que optaron por salir de sus hogares se volvieron sumamente extremas, según lo expone la investigadora:

“El pico de violencia con armas de fuego en la localidad indujo a un ‘o salen o mueren’ y salieron entonces hacia la población más cercana que podía darles un cierto estado de seguridad, encontrándola en el país contiguo (Guatemala)”.

Cobro de derecho de piso, otro problema

Además del reclutamiento forzado que han implantado los grupos criminales en Chiapas durante la actual administración, otra práctica criminal que ha tomado fuerza en la entidad es el cobro de derecho de piso, sin ser estas las únicas dinámicas de coacción que han arribado a esa entidad federativa.

“Como han podido, las comunidades han tratado de sobrevivir la violencia, lo que les ha significado muchas pérdidas: su salud física, mental y la salud colectiva a través de la fractura del tejido social, estando permanentemente en riesgo la seguridad humana (física, alimentaria, etc.) y, por ende, han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos”, dice el reporte.

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