La cloaca legislativa: “a huevo” quieren reformar la Ley Orgánica de la UAS
Álvaro Aragón Ayala
Sobreprotegidos por las cloacas del poder, moviéndose en el “Estado profundo” y en el clímax de la sumisión política, diputados de Morena y sus aliados del PRI y PAN, considerados morenistas por contrato, reinciden, insisten en violar la Ley General de Educación Superior, la Constitución y la autonomía universitaria, e intentan imponer, ordenar, que la Universidad Autónoma de Sinaloa realice una consulta para buscar reformar la Ley Orgánica de la institución.
Coludidos con los cerebros de la conspiración diseñada para tomar por asalto la Universidad -incluso por la vía de la violencia-, los legisladores, vinculados algunos a una nefasta red criminal -el diputado Feliciano Castro estuvo preso en 1974 por asesinato-, elaboraron un anteproyecto de Ley Orgánica atentatorio a la autonomía de la Casa Rosalina. El documento carece de la legitimidad y del aval del Consejo Universitario y de los órganos colegiados de la institución.
Los diputados del Congreso y quienes financian el complot legislativo, político y judicial contra la UAS recibieron la notificación de los Jueces Federales con la sentencia, lisa y llana, que declara la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Estatal de Educación Superior, resolución que les impide entrometerse en la vida interna de la Casa Rosalina y los inhabilita a realizar cualquier tipo de consulta universitaria.
Sin tener ninguna facultad de convocatoria, impedidos por la ley, la red de diputados mafiosos, luego de más de un año de estar atacando a los directivos de la UAS y a sembrar un clima de odio y de violencia convocan ahora, tramposamente, al “diálogo” a las autoridades uaseñas y las llaman a que atiendan una “resolución”, inconstitucional, para que realicen la consulta y reconocen que “es condición” para reformar el estatuto interno de la Casa Rosalina.
Sin embargo, el Artículo 3° Fracción VII de la Constitución precisa que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Las Universidades autónomas no dependen de los gobiernos de los estados ni de los Congresos Locales, por tanto, no están obligados a obedecer órdenes del Poder Ejecutivo ni del Legislativo.
La Ley General de Educación Superior en su Artículo 2 establece que las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del Artículo 3° de la Constitución y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la presente Ley.
De acuerdo a la misma ley (LGES), los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas de gobernarse a sí mismas.
Plantea la ley que ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del Artículo 3° Constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
Entonces no es el Congreso Local el facultado para convocar a las autoridades universitarias a realizar una consulta para modificar la Ley Orgánica de la UAS. La única con esas atribuciones es el Consejo Universitario y los órganos colegiados de la institución. En la UAS priva un sentimiento de rechazo contra los diputados de Morena, sus aliados y sus patrones. La comunidad uaseña los señala como culpables de los actos de violencia contra distinguidos universitarios.
