La sociedad civil organizada, bajo amenaza

Jonathán Torres

El contexto, hoy, toma más sentido…

Con fecha del 14 de febrero de 2019, el Día del Amor y la Amistad, el Presidente de la República envió un comunicado titulado “Circular uno” a su gabinete legal y ampliado que, visto a la distancia, se convirtió en una amenaza velada pues formalizaba la cancelación de programas en los que fungían como intermediarias organizaciones de la sociedad civil (OSC), campesinas y sindicatos. “Di a conocer un memorándum para que no se transfieran recursos del Presupuesto a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONG, a asociaciones filantrópicas, ya nada de eso se va a permitir. El apoyo del gobierno se va a entregar directamente a los beneficiarios”, decía en aquel entonces.

Ahora, ante los ataques que lanza a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha deslizado la posibilidad de presentar una reforma para eliminar la deducción de impuestos por donativos a OSC. “No informan a la sociedad, a pesar de todo. Es un planteamiento, a ver si pronto se pudiera hacer algo porque muchas de ellas se dedican a la política, pero tienen subsidios públicos”, añadió.

Ciertamente, en el mundo hay una tendencia a reducir las acciones de la sociedad civil, so pretexto del terrorismo y el lavado de dinero. Por su parte, el Presidente de México está aprovechando el tema MCCI para legitimar esta agenda pase o no en el próximo periodo legislativo. Ideológicamente, su intención es que solo haya gobernantes y gobernados, y no actores sociales o cívicos que planteen o procesen demandas, agendas o evaluaciones independientes.En este momento, se tiene presente que septiembre será clave para las iniciativas impulsadas por el Presidente de la República, que podrían sentar los cimientos de un preocupante cambio de régimen. En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado por eliminar la tasa de deducibilidad de impuestos de los donativos otorgados a las OSC y fundaciones, pero lo cierto es que aún no se tiene ninguna señal que convierta esta postura en alguna iniciativa de ley. Como sea, el daño está hecho pues durante este sexenio se criminalizó a las OSC, no se fomentó la participación social organizada y, mucho menos, la cultura del donativo.

En tiempos de transición, bien valdría la pena cambiar esta circunstancia.

Ningún gobierno del mundo tiene la capacidad para adaptarse e ir al día con la agenda pública, de tal manera que las OSC representan una expresión cooperativa y legal para su atención. Así, lejos de ser esferas que puedan ser enemigas de los gobiernos, son todo lo contrario pues atienden las problemáticas que la dinámica del sector público no logra resolver. Otro de sus grandes aportes es que construyen y diseñan modelos de intervención que posteriormente escalan y se convierten en política pública. En síntesis, las OSC están en todas partes porque hay tantas sociedades civiles como tantas preocupaciones sociales dependiendo del territorio y sus coyunturas.

Entonces, la participación activa de esas expresiones asociativas ocurre en lo cotidiano y se enmarca en un concepto que se conoce como ‘gobernabilidad democrática’, que se expresa a través de las reglas y normas que organizan las relaciones entre actores en distintos escenarios, en particular, entre el Estado y la sociedad.

Hay muchos referentes de ‘gobernabilidad democrática’, pero uno de los más paradigmáticos es la construcción de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), que fue promovida por la sociedad civil organizada, a raíz de que antes se contaba con 32 leyes locales que, en términos prácticos, trataban a NNA como muebles, por lo que fue necesario un largo debate, nada terso, para dar paso a una de las leyes de derechos de NNA más avanzadas del mundo que es referente y promovida por el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Sin embargo, y a pesar de las aportaciones de las OSC, hay algunos resortes que se activan en toda la comunidad política que las describen como grupos de choque, como organizaciones con muy malas intenciones y que, bajo el disfraz de la sociedad civil, lo único que buscan es desestabilizar al gobierno en turno. “Es un estándar, todos van a la misma escuela, aunque se vistan de derecha, ultraderecha, de izquierda o izquierda radical, todos rápidamente etiquetan a las OSC como adversarias”, acusa Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe.

Así, lo que debería ser una guía para quienes se consideran progresistas, se ha convertido en blanco de ataque de un tiempo para acá. Desde hace 10 años, aproximadamente, varios gobernantes de América Latina han buscado formas para romper con los principios de la ‘gobernabilidad democrática’. Andrés Manuel López Obrador, desde su primer tramo de gobierno, marcó distancia de las OSC, ha buscado bloquearles las fuentes de financiamiento bajo la narrativa con la que sostiene que ninguna está libre de sospecha y, por lo tanto, todas son corruptas. En tiempos de la autollamada Cuarta Transformación, las OSC han sido perseguidas, hostigadas fiscalmente; la vida asociativa ha pasado por sus peores momentos.

“El gran resorte (que se activa) en Andrés Manuel López Obrador es su ánimo de concentrar el poder, controlar el territorio y la narrativa. La oposición o lo que queda de ésta era un obstáculo para concentrar poder. ¿Quiénes podían disputar control territorial? Las organizaciones, porque estamos trabajando en el territorio, dando servicios, acompañando a las víctimas, resolviendo temas”, dice Juan Martín Pérez.

En un entorno donde domina la desconfianza, nadie puede asegurar que haya organizaciones que puedan ser fachadas de otros intereses, pero cada día es más complicado tratar de disfrazarse de OSC cuando en realidad no lo es.

De acuerdo con José Ernesto Bermejo, fundador y director general de COEO Consultores, las OSC llegan a tener más acciones de compliance que un banco, lo que significa que las regulaciones en la materia hoy son muy estrictas. Al mismo tiempo, sostiene que, en lugar de desincentivar su creación y desarrollo, habría que multiplicarlas pues sus grados de impacto son medibles y muy altos.

Si las palabras del Presidente se materializan en alguna iniciativa de ley, el Ejecutivo tendría que mandar una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Tomando en cuenta las experiencias derivadas en este sexenio, todos los escenarios pueden pasar; los más oscuros y aquellos en los que pudiera presentarse un punto de inflexión. En cualquier caso, habría que poner sobre la mesa la ‘esperanza radical’, en la que, a pesar de las calamidades, las OSC seguirán resistiendo. Dicha esperanza no está en la clase política ni en las élites, sino precisamente en la sociedad civil que sabe que las grandes soluciones a sus males están en muchas manos y no estás sujetas a voluntarismos.

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Ya se le conoce como la “ley antisociedad”. En el marco de las denuncias de fraude que dieron paso a la reelección de Nicolás Maduro, los aliados a su gobierno aprobaron una nueva ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y asociaciones civiles sin fines de lucro, que las obliga a someterse a un nuevo registro y al escrutinio oficial de sus actividades y fuentes de financiamiento.

Con información de Expansión Política