Conahcyt hereda millonaria deuda a secretaría de Ciencia

Isaac Torres Cruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió fortalecer a las escuelas normales del país, como parte de las acciones para revalorar al magisterio. Sin embargo, su gobierno hizo recortes presupuestales de hasta 79% en comparación con la gestión de su predecesor, Enrique Peña Nieto, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública. 

Esta promesa también estaba relacionada con la demanda de justicia tras la desaparición 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, hecho que este año cumplió una década. 

En este sexenio no sólo incumplió la promesa de esclarecimiento del caso, sino que tampoco hubo una mejoría en la educación de los futuros maestros, incluyendo las normales rurales, donde estudian jóvenes con mayores desventajas económicas y sociales. 

El programa Investigadores por México (IxM), antes Cátedras Conacyt, fue puesto en marcha el sexenio pasado como alternativa para brindar a jóvenes científicos talantosos una opción laboral ante las exiguas plazas que se liberan en las universidades y centros de investigación –debido a otro problema, la inexistencia de adecuados planes de jubilación académica. También fue una alternativa para evitar la fuga de cerebros.

En 2018, el programa alcanzó un pico máximo de casi mil 500 plazas, sin embargo, un sexenio después ronda las mil 200; tras el cambio de gobierno no hubo convocatoria hasta 2022, cuando se asignaron 118 plazas, en tanto que en 2023 fueron 45. Este año, sólo hubo 24 plazas, pero sólo diez de ellas para hacer investigación, el resto fue para una nueva modalidad administrativa (Modalidad 2).

Decenas de esas plazas “perdidas” fueron dadas de baja como “despido injustificado”, lo cual ha sido visibilizado por el sindicato SIINTRACATEDRAS, creado hace un lustro como resultado de los agravios laborales a los ex Cátedras, pero que nunca ha sido reconocido por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, sobre quien se ciñó una denuncia (CE-CONAHCYT-05240219-2400) por acoso laboral de una ex IxM.

“La lectura del sindicato es que la normativa del programa no está realizada en apego a los derechos laborales y humanos en México”, señala Beatriz Díaz, miembro del sindicato. “Conahcyt niega el derecho a la estabilidad laboral y condiciona el empleo. Las reglas son meritocráticas, pero muchas veces estamos en instituciones estatales donde no se tienen las mejores condiciones para realizar nuestro trabajo”, agrega la académica, quien enfatiza que no es lo mismo trabajar en Ciudad Universitaria de la UNAM que en una de provincia, aun así, Conahcyt evalúa bajo el mismo criterio.

Foto: EL UNIVERSAL.

Problema de gobierno

Patricia Juan fue abogada del sindicato y actualmente lleva los casos de una treintena de científicas y científicos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que fueron objeto de “libre remoción” como resultado de evaluaciones de dudosa objetividad, pero bajo el principio de ser considerados empleados de confianza y no de base, la cual es más acorde con el desempeño de sus funciones de investigación, explica en entrevista.

De los 33 casos registrados por Juan y SIINTRACATEDRAS, se suman otros 21 que son atendidos por otros abogados. Juntos “sumarán un monto económico bastante fuerte para la siguiente administración dado el retraso que han provocado. El tiempo sigue pasando y se convierte en una bola de nieve”.

Conahcyt y sus abogados han alargado el proceso jurídico a lo largo del sexenio para evadir su responsabilidad, sin embargo, no lo podrán hacer para siempre y será un tema que dejarán a la próxima administración de Rosaura Ruiz, quien encabezará la próxima Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Esta nueva dependencia y funcionaria podrían seguir el mismo camino de la dilación y desgaste o, como ha referido Ruiz en encuentros públicos, atender el tema.

El monto económico (indemnización) al que se refiere Patricia Juan no es nada despreciable, puesto que, de recibir la justa resolución, cada demandante debería recibir entre 1,5 y 2,5 millones de pesos; sus colegas que atienden los demás casos incluso hablan de 3,5 millones, que sumarían alrededor de 130 millones de pesos.

Los primeros laudos han sido emitidos, señala Patricia Juan, y el proceso sigue, explica. “Tenemos un año de estar promoviendo un recurso llamado ‘amparo por omisión’ con el cual obligamos a Conciliación y Arbitraje a que ya emita los laudos (…), ahora estamos en una etapa donde promovemos los amparos directos contra los laudos emitidos en contra –llenos de errores ridículos–, puesto que tenemos claro que la Junta sigue siendo un área manipulada por el Estado, donde Conahcyt ha incidido mucho para evitar que los laudos salgan a favor de los trabajadores”.

Esperan que no pase otro sexenio para resolver el problema. “Calculamos que, tras un laudo ya emitido, máximo se tarde dos años en conseguir que se pague y reinstale.

Tras una resolución judicial, a la próxima administración no le quedará más que pagar, dice la abogada; el problema persistirá si el tema queda sólo en el pago del adeudo y se nieguen a reinstalarlos. “Esto dependerá de qué prioridad se quiere dar al programa, de la perspectiva del nuevo gobierno y la nueva titular del sector, Rosaura Ruiz. Esperamos que entiendan el valor y la importancia de éste y les dejen regresar a su trabajo”.

Problema de fondo

Beatriz Díaz recuerda que, la administración actual tenía una predisposición contra el programa, “desconocemos por qué. Pensamos que es positivo para las futuras generaciones y es una alternativa novedosa: descentralizar y enviar talento que se genera en el país a distintos lugares geográficos”.

El problema generado de origen y recrudecido en este gobierno con los Investigadores por México es de fondo, estructural y está irrestrictamente vinculado con la falta de plazas y oportunidades para investigadores jóvenes que siguen egresando de universidades de todo el país, en tanto que se sigue alentando el desarrollo de más niños y jóvenes por vocaciones científicas. Del otro lado, se encuentran académicos consolidados que no dejan sus plazas, puesto que su jubilación no sería proporcional a su sueldo y, aunque muchos aún son productivos, otros más están condicionados por la merma económica que podrían sufrir.

“Este programa se queda como uno de los pendientes de este sexenio, que no pudo ver su potencial como una de las apuestas más importantes del Estado mexicano para impulsar la investigación nacional a través de nuevas plazas para jóvenes investigadores”, señala Edgar Guerra, miembro del programa y del sindicato.

El académico añade que han atravesado por un pernicioso periodo de polarización y conflicto, donde la falta de dialogo de Conahcyt con el sindicato y el programa propició una pérdida para todos.

“La academia se basa en el diálogo y la conversación. En nuestro caso, quienes conocemos mejor las fortalezas y debilidades del programa somos los investigadores (as). Por eso, queremos compartir con la próxima Secretaría este conocimiento sobre el programa y ayudar a fortalecer los puntos que funcionan”.

Con información de El Universal