Red Ciudadana: de Sinaloa a Palacio Nacional
Álvaro Aragón Ayala
Ciudad de México. – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la carta-manifiesto que la Red de Ciudadanos Anticorrupción y más de 80 organizaciones de la sociedad publicaron el 1° de octubre pidiéndole su intervención para que, los tres niveles de gobierno, se pongan a trabajar en la restauración del orden público en Sinaloa.
En el documento, recibido hoy martes por la mandataria de la nación, los ciudadanos sinaloenses le explican que “la población ha estado expuesta a las desapariciones, asesinatos, balaceras, robo de vehículos y desplazamientos forzados” y que no aceptan “la normalización de la violencia con la que nos han forzado a vivir en nuestro territorio”.
La Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, que coordina el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, publicó el manifiesto dirigido a los titulares de los niveles de gobierno para pedir que asuman sus deberes de forma decidida y transparente para el restablecimiento de la seguridad pública en la entidad que desde hace 22 días ha sido escenario de actos violentos constantes.
El documento, respaldado por más de 80 organizaciones del ámbito social, académico, empresarial, cultural, ambiental y cultural, tanto locales como nacionales, señala que la población de Sinaloa está en una condición de vulneración de sus derechos humanos y libertades derivada del clima de violencia que ha privado con mayor intensidad a partir del 9 de septiembre.
“Es en estos momentos cuando la ciudadanía requiere con urgencia que las autoridades cumplan con su deber de salvaguardar las libertades fundamentales y restituir el orden público al que tenemos derecho. Las voces ciudadanas que reclaman paz no deben ser minimizadas o ignoradas”, señala el documento dirigido a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México; a los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana; así como al fiscal general de la República, sus homólogos en Sinaloa, y al gobernador Rubén Rocha Moya, entre otras autoridades.
“Hacemos un llamado a todas las instituciones y representantes gubernamentales para que en estos momentos de incertidumbre y de vulnerabilidad asuman sus deberes de forma decidida y transparente para el restablecimiento de la seguridad pública. Exigimos también que rindan cuentas sobre cómo están atendiendo la problemática y con qué resultados”, demandan.
A la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Sinaloa se le exige investigaciones imparciales, que se evite revictimizar a las personas afectadas directa e indirectamente por los hechos violentos, que no se oculte información, que se difundan ampliamente las fichas de las personas desaparecidas en todo el estado y que se presente un informe general.
“Hemos encontrado que los jóvenes están siendo blanco de las desapariciones y que las cifras oficiales no coinciden con las de las familias que sufren la ausencia; esto de acuerdo con grupos de búsqueda de personas desaparecidas, que también denuncian secuestros y reclutamiento forzado por grupos criminales en áreas urbanas y rurales”, se advierte.
A las autoridades de todos los ámbitos de gobierno se les exige que proporcionen asistencia legal y psicológica, además de garantizar el acceso a servicios de salud, techo y alimentación a las familias que han sido desplazadas por la violencia, como ocurrió en El Palmito, Concordia; mantener el apoyo en las comunidades rurales afectadas y lograr una reparación integral del daño.
Pare evitar la desinformación, pánico social, se pide a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que además de difundir un comunicado con el balance diario, informe de cada suceso de manera inmediata por sus plataformas digitales oficiales; de esta forma también se combatirá la información falsa que circula en las redes y se podría evitar que la ciudadanía transite por zonas donde se estén llevando a cabo operativos o hechos de violencia.
También se hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa, universidades e instituciones educativas públicas y privadas para que se difundan ampliamente el Plan de Proximidad y Protocolos de Seguridad que se están ejecutando en los entornos escolares, para mayor certeza y toma de decisiones de madres, padres de familia, personas tutoras así como del alumnado y las personas colaboradoras.
A las y los legisladores locales y federales que se pronuncien y busquen soluciones en la edificación de paz para Sinaloa y todas las localidades afectadas por la violencia.
“Les recordamos que su deber es trabajar por y para la ciudadanía más allá de sus proyectos políticos personales y de partido. Es a sus representados a quienes deben rendir cuentas. Quienes ostentan un cargo de elección popular han estado muy cerca de la ciudadanía para pedir su voto, pero en los peores momentos ¿decidirán ignorarla y abandonarla?”, se les cuestiona.
El documento cierra con un exhorto a la ciudadanía para que se pronuncie y continúe con esta exigencia. “El silencio no es opción”, concluye.
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