Reforma administrativa de Sheinbaum: ¿reingeniería o agrandamiento?
Javier Rosiles Salas
Tuvieron que pasar seis años para que la llamada Cuarta Transformación se propusiera, finalmente, modernizar la estructura de la Administración Pública Federal (APF), para que valorara el papel que juega el entramado institucional del Estado en el éxito (o fracaso) de un gobierno. Si con Andrés Manuel López Obrador hubo un claro ninguneo, con la presidenta Claudia Sheinbaum habrá, por lo menos, una reforma de mediana repercusión.
El 30 de octubre la jefa del Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con la que busca reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Si bien se plantea una “reingeniería”, se trata más bien de un agrandamiento de la APF, pese al discurso de austeridad en el gasto público.
En la exposición de motivos (página 1) se puede leer: “iniciaremos una reingeniería de la Administración Pública Federal, reformulando su organización en función de la eficiencia, eficacia, austeridad y gobernanza digital. Esta transformación es necesaria para responder a los contextos global y nacional, así como a las diversas demandas históricas y sociales, asegurando condiciones adecuadas de desarrollo individual y comunitario”.
Pero las dudas surgen más adelante (página 39), cuando se dice: “la presente propuesta, plantea modificaciones que no implican aumento o disminución de atribuciones, por lo que no representa alteración a la estructura orgánica y ocupacional, ni duplicidades de funciones en las unidades que conforman la Administración Pública Federal”. ¿Cambiar para que todo siga igual?
Lo realmente relevante es la creación de tres nuevas secretarías, con lo que se pasa de las actuales 19 a 22. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se transformará en la Secretaría de las Mujeres, con el propósito de integrar políticas de género en todas las áreas del gobierno y garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, según se lee en la iniciativa.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) dará paso a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con el fin de fortalecer las capacidades en investigación humanística y científica nacionales.
Además, se creará la Secretaría Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con la que, se dice (página 44), “se garantiza el uso efectivo de la tecnología para el bienestar del pueblo de México, asegurando el acceso a programas sociales, trámites, servicios, seguridad y justicia a través de medios tecnológicos, dotando a las personas de una Identidad Digital Nacional que sea la llave para acceder, de manera ágil, transparente y segura, a los canales digitales de atención ciudadana del Gobierno de México”.
Finalmente, en lo que se espera que no sea un mero cambio de mote, la Secretaría de la Función Pública vive su tercer cambio de nombre: con Miguel de la Madrid nació como Secretaría de la Contraloría General de la Federación, con Vicente Fox cambió a la actual denominación y ahora será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Con el cambio se aspira a establecer “un modelo ejemplar de combate a la corrupción y de fiscalización que erradique la impunidad en el servicio público”, además de que se le rinde homenaje al iniciador del movimiento político: “se traduce el legado del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto de la creación de en modelos y mecanismos institucionales de combate a la corrupción y para consolidar el buen gobierno” (sic, página 33).
Tras un sexenio en el que su principal responsable se refería a la APF de manera despectiva, como un toro viejo, reumático, mañoso y corrupto, resulta una buena noticia un cambio en la narrativa de la Presidencia. La incertidumbre se encuentra en cuáles podrán ser los alcances reales de la propuesta de reforma, que sin duda será aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso.
Los indicadores para medir el éxito de la iniciativa una vez implementada son poco claros. La propuesta de la presidenta Sheinbaum se propone, por ejemplo, conferir la “mística” de la Cuarta Transformación a la administración pública federal para responder “a la problemática planteada desde el siglo XIX por los líderes radicales de la época: ‘¿Qué hacemos con los pobres’”. Ya se verá.
Con información de Expansión Política
