Sin el INAI, ¿qué sigue?
Sarahí Salvatierra
A las 11:00 de la mañana sobre Paseo de Reforma el sol ya comenzaba a calentar el ambiente, la gente caminaba sobre las calles con la premura que caracteriza a la ciudad y el señor del puesto del periódico prestaba atención a las noticias de la radio, mientras el tráfico de la ciudad se escuchaba de fondo. Parecía ser un miércoles como otros, la vida transcurría “normal” en esa gran avenida en el corazón de la Ciudad de México. Sin embargo, ese 27 de noviembre de 2024, de aparente normalidad, traía consigo una histórica transformación para la vida política y social de este país. Dentro de la Cámara de Senadores, las y los legisladores se preparaban para lo que ya era inminente y muy anunciado, votar la eliminación de la institución que tiene a su cargo la función de vigilar que el gobierno nos garantice información sobre cómo realiza su trabajo, es decir, sobre nuestro derecho a saber.
Hablar del derecho a saber, del acceso a la información pública, podría considerarse algo alejado y frívolo cuando hay otros problemas que parecen ser más importantes de atender, como la violencia e inseguridad en el norte y sur del país, el abastecimiento de medicamentos, los costos económicos para México si se cumplen las amenazas arancelarias de Trump, y un gran etcétera.
No obstante, la decisión que tomó el Senado ese miércoles 27 afecta de manera directa la vida diaria de todas las personas en el país, no solo por tratarse de datos que nos informan, sino por ser un derecho que habilita acceder a otros derechos, y que está relacionado con todos esos problemas que, de lejos, son “más importantes”. De la transparencia y del derecho a la información depende conocer lo que sucede en nuestro país y sin esa información no podríamos saber el seguimiento, atención y medidas que toman los gobiernos para hacerle frente a los problemas públicos que nos preocupan.
Si no existe un ente u organismo que vigile que el gobierno nos informe adecuadamente lo que hace o cómo se gasta nuestros recursos –lo que hacía el INAI–, no tendremos certeza de lo que nos están diciendo, y sin información se pierde la posibilidad de exigirles que cumplan con sus funciones, también de participar o intervenir para que sus decisiones beneficien a la sociedad, como que los recursos se destinen a más medicamentos, que las medidas de seguridad no afecten a la población civil, así como crear acciones que mitiguen posibles impactos económicos, o conocer sobre desvíos de recursos.
La pregunta obligada ahora es, sin el INAI, ¿qué sigue para la sociedad y nuestro derecho a estar informadas e informados? ¿Quién va a obligar al Ejército, una de las instituciones más opacas y poderosas en México, a entregar información sobre sus acciones? ¿Quién va a vigilar que la nueva Agencia Anticorrupción y de Buen Gobierno sea realmente transparente? ¿Quién va a vigilar que los otros poderes públicos divulguen sobre sus obligaciones? Aunque es complicado responder ahora estas preguntas, algo sigue siendo claro: los gobiernos tienen la responsabilidad de transparentar lo que hacen y la ciudadanía de evitar que oculten lo que no nos quieren informar.
Lo que se eliminó ese miércoles 27 no solo fue un organismo, fueron también los esfuerzos construidos por más de 20 años por la ciudadanía que puso a México como un referente en materia de transparencia. Por ello, lo que sigue es mantener y rescatar algunas de las herramientas que quedan, como la Plataforma Nacional de Transparencia, un instrumento que ha facilitado a la sociedad el ejercicio de su derecho a la información hacia cualquier entidad pública, de cualquier ámbito gubernamental, desde cualquier parte del país. Hoy, esta herramienta que contiene más de 15,000 millones de archivos, de más de 723 sujetos obligados (incluidas entidades públicas de municipios), que ha recopilado por más de 10 años información como el salario de las y los funcionarios públicos, el uso de recursos públicos para salud y vivienda, entre otras, se encuentra en riesgo de perderse, pues el traspaso y resguardo seguro de todos esos datos no fue contemplado por las y los legisladores al aprobar la reforma.
Sigue también el monitoreo a la nueva Agencia Anticorrupción y de Buen Gobierno, que asumirá las funciones de vigilancia que tenía el INAI, pero cuyo alcance será solo para vigilar al Poder Ejecutivo, no a los otros poderes, para que no cometa los errores que sentenciaron al INAI.
Y, sobre todo, seguirá la vigilancia por parte de la sociedad civil para evitar que, en el proceso de ajuste de las leyes secundarias, como la ley general de transparencia, no se afecte más nuestro derecho a la información. Que en estas nuevas reformas se mantengan los mecanismos accesibles rápidos y sencillos para inconformarnos en caso de que las autoridades no quieran respondernos con la información a la que tenemos derecho, que se mantenga como prioridad la máxima publicidad y la reserva de información sea una excepcionalidad.
Aunque ejercer el derecho a la información se complicará, será clave la exigencia ciudadana para que nuestras autoridades nos rindan cuentas sobre lo que hacen, para evitar que tomen decisiones que afecten de forma negativa nuestra cotidianidad, y que en estas condiciones se propicie la opacidad, el secretismo y, por ende, la corrupción y las violaciones a derechos humanos por no saber realmente lo que está pasando.
