El arrolladoramente regresivo 2024

Santiago Corcuera Cabezut

El partido Morena arrolló en las elecciones, se hizo de la presidencia con una mayoría impresionante, se apoderó de la mayoría calificada de 2/3 en las dos cámaras del Congreso de la Unión, a través de artimañas interpretativas de la sobrerrepresentación, y como ni así les alcanzó, recurrieron al mercado de la corrupción, el chantaje y la extorsión para obtenerla.

El presidente saliente, a diferencia de sus predecesores, en lugar de mantener un perfil más bajo, siguió gobernando con mayor fuerza incluso que en sus meses anteriores. La transición no fue un proceso de paulatino abandono del poder, sino al contrario, lo fue de ejercicio fuertísimo del poder que ostentaba. Dejó su legado con 20 iniciativas, algunas de ellas profundamente regresivas.

Los intelectuales orgánicos actuales y los políticos pertenecientes al partido en el poder, que antes fueron oposición, hoy se muestran llenos de regocijo por la aprobación de reformas constitucionales, cuyo contenido antes combatían. El ejemplo más claro es el de la política militarizante. Antes se oponían vehementemente a la militarización de la seguridad pública, y votaban u opinaban en contra de ordenamientos legales, como la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto. Lo que antes combatían vehementemente, ahora lo apoyaron también vehementemente. Antes se oponían a una ley ordinaria, ahora la convirtieron en norma constitucional recargada.

Todo ello, en contra de la evidencia empírica, demostrada no solamente en México, sino en cualquier otra parte del mundo en donde se toma la pésima decisión de utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, y además, en contra de las opiniones fundadas de instancias internacionales que han revisado la cuestión, y que desde 1999 a la fecha, han venido recomendando, incluso ordenando a México, establecer un sistema de seguridad pública basado en instituciones de carácter civil, con entrenamiento y educación de carácter civil, basado en principios de uso legítimo de la fuerza y de las armas; es decir, orientado a la civilización de la seguridad pública, que conduzca a su desmilitarización.

La reforma constitucional que ha consolidado la naturaleza militarizada y militarizante de la Guardia Nacional, es una violación a la sentencia del caso Alvarado vs México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, dice que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe ser extraordinario. Con su constitucionalización se ha vuelto no solamente ordinario, sino permanente.

Desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón comenzó la tragedia humanitaria en la que México está revolcado. Se ha mantenido la misma receta, pero recargada y, por lo tanto, el resultado seguirá siendo el mismo. “Si haces las cosas de la misma manera obtendrás los mismos resultados”. Eso sí es de sentido común. Por desgracia, mientras no se inicie un proceso paulatino de civilización o desmilitarización de la seguridad pública, la violencia, las desapariciones de personas, el desplazamiento forzado interno, el incremento del uso de la tortura, no disminuirán. Esto no es pesimismo, ni tampoco adivinación. Es simple y sencillamente evidencia empírica.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Ante las innumerables críticas, muchas de ellas justificadas, al desempeño del poder judicial, decidieron recetarle al país un remedio mucho peor que la enfermedad. Le propinaron una golpiza desmedida a la independencia judicial.

Establecieron en México un sistema, fallido en Bolivia de elección popular de las altas cortes, no solamente a las altas cortes, sino a todos los tribunales del país.

La cirugía mayor a la que sometieron al poder judicial nacional, tanto federal como local, colocará a la función jurisdiccional en una situación de salud mucho peor que la ya mermada condición en la que se encontraba. En lugar de atender las causas de la enfermedad, confundieron los síntomas y aplicaron un tratamiento que, en vez de curar la enfermedad prevalente, le provocará peores enfermedades, pues extirparon órganos sanos sin extirpar los infectados. La función judicial quedará mucho más enferma de lo que ya de por sí estaba.

Las elecciones que se avecinan para mediados del año que entra, se pronostican como un rotundo fracaso, no solamente desde el punto de vista de implementación práctica y de falta de legitimidad por la previsible falta de participación de la ciudadanía, sino por el fondo de la cuestión. Lo que se va a someter al voto popular es un profundo despropósito.

La prisión preventiva oficiosa, es decir injustificada, es un prejuicio y una pre-pena. Y han llegado, en su primitivismo prohibicionista verdaderamente desmedido, a la ridiculez de incluir en la propia constitución la prohibición de los vapeadores. En lugar de buscar soluciones civilizadoras y pacificadoras de largo plazo, como la legalización y regulación paulatina de todas las drogas, llevaron al populismo punitivo a niveles de ridiculez inimaginables.

Desaparecieron de un plumazo órganos constitucionalmente autónomos que paulatinamente se habían construido durante las últimas tres décadas, como mecanismos garantes de derechos fundamentales. Nuevamente, argumentando enfermedades de esos órganos, decidieron que era mejor matarlos. El argumento que esgrimieron fue que eran tan malignos, que era preferible sacrificarlos.

Algunos y algunas comentaristas orgánicos y orgánicas del actual régimen hegemónico, como la Dra. Viridiana Ríos (Viri Ríos; 2024: El año en que todo cambió | Opinión | EL PAÍS México) afirman que en otros países democráticos dichos órganos, como el INAI, no existen . Lo que no dicen es que en los países en los que dichos órganos no existen es porque no se ha hecho necesaria su existencia, como sí se hizo necesaria en este país, en donde, por ejemplo, la opacidad y la falta de transparencia eran la regla y la efectividad en el ejercicio del derecho de acceso a la información era prácticamente inexistente. Para ello se hizo necesaria la creación de un órgano que hiciera más efectivo el derecho de acceso a la información. El hecho de que otros países no contaran con un órgano de tal naturaleza, no quiere decir que estuviera mal que México contara con uno.

En México se había logrado llegar a un estadio institucional de garantías orgánicas de protección en el ejercicio de ese derecho, que ahora han desaparecido. A eso se le llama “medidas regresivas”, prohibidas por el principio de progresividad del ejercicio de los derechos, reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos que México está obligado a cumplir.

El desmantelamiento, que no desaparición, de la CNDH es otro ejemplo clarísimo. La designación inicial de la actual persona que preside esa institución, estuvo plagada de irregularidades y la ceremonia de protesta fue un verdadero zafarrancho vergonzoso. Cinco años después se realizó un proceso de evaluación, en el que la titular queda muy mal evaluada, sin merecer siquiera estar en la terna de personas susceptibles de designación. Pero, por razones políticas, para que continuara, por ejemplo, defendiendo la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la metieron en la terna sin merecerlo, y no sólo eso, ¡la ratificaron!

Todo ello se logró bajo el falaz argumento de que el arrollador respaldo popular del actual gobierno lo permite, porque así es como funciona la democracia. Eso, como bien lo saben los y las actuales intelectuales orgánicos y orgánicas, que fueron muy aplicados y aplicadas en sus posgrados de ciencias políticas o disciplinas afines, en universidades neoliberales estadounidenses de primer nivel, es completamente reduccionista. La democracia no es solamente apoyo popular. No es solamente mayorías parlamentarias. No es solamente mayoría de votos.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Las elecciones libres para manifestar la voluntad popular, sin duda, es un elemento constitutivo de la democracia, pero para nada es el único, sino que incluso antes, o como prerrequisito para ello, deben de darse otros elementos esenciales, que la visión reduccionista del oficialismo y sus comentaristas orgánicos y orgánicas, pasa por alto:

“En 2000 la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU recomendó una serie de medidas legislativas, institucionales y prácticas para consolidar la democracia. Dos años después, esta Comisión declaró los siguientes puntos como elementos esenciales de la democracia:

– Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales;
– Libertad de asociación;
– Libertad de expresión y de opinión;
– Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley;
– La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población;
– Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas;
– La separación de poderes;
– La independencia del poder judicial;
– La transparencia y la responsabilidad en la administración pública;
– Medios de comunicación libres, independientes y pluralistas;”
(Democracia | Naciones Unidas)

La democracia entendida de manera reduccionista, como la mayoría del voto popular, confundiéndola con soberanía, es un error. Las mayorías se pueden convertir en aplanadoras tiránicas (La democracia en América, de Alexis de Tocqueville; Sobre la Libertad de John Stuart Mill). Quienes creen que la soberanía solamente se manifiesta en votaciones mayoritarias, no tienen una visión completa o integral del significado de la democracia. La tiranía de las mayorías, cuando se consolida, es verdadera tiranía. Para que las votaciones libres sean verdaderamente garantes de la democracia, es necesario que sean respetuosas de los derechos de las minorías y de los derechos humanos en general, y no mermarlos, ni destruir instituciones que estaban hechas para protegerlos.

Quienes dicen que las reformas impulsadas por el gobierno anterior, y avaladas obedientemente por el gobierno actual, no merman la democracia, deciden dejar de lado la doctrina sobre el derecho humano a la democracia, compuesto por elementos como la separación de poderes, la transparencia y la independencia judicial. Las medidas regresivas en la eficacia de esos elementos constitutivos de la democracia, son, por lo tanto, antidemocráticas.

Afirmar que la desaparición de los órganos autónomos no es una medida antidemocrática, porque en otras democracias esos órganos no existen, es un argumento falaz. En México ya se había alcanzado un determinado nivel de protección y eso estaba bien. Ahora lo han desmantelado. Como ya lo mencionamos líneas arriba, dichos órganos garantes de esos derechos no se hacen necesarios en esos países democráticos, porque en esos países, la democracia está más consolidada que en nuestro país. Precisamente porque en tiempos anteriores la democracia en México estaba en una situación aún peor, fue que se hicieron necesarios esos mecanismos de protección, que otros países simplemente no los necesitan, porque allí sí, el acceso a la información, por ejemplo, se respeta por el propio gobierno. En nuestro país, incluso con mecanismos creados ex profeso para tal efecto, instituciones, como las fuerzas armadas, siguen rehusándose a cumplir con su obligación de informar lo que la ciudadanía tiene derecho a saber.

Es decir, si otras democracias consolidadas carecen de esos mecanismos, es muy probable que eso sea así, porque no los necesitan. En México se necesitaron, y se siguen necesitando, pero los han destruido.

Los mecanismos de control autónomo para la protección de los derechos, no son antidemocráticos, sino necesarios para el fortalecimiento de la democracia.

Una de las opiniones difundidas por quienes apoyan a las medidas concretadas por este gobierno, a iniciativa del anterior, es que las instituciones destruidas, eran producto del PRI y del PAN, (Viri Ríos; op. cit.) olvidando (o fingiendo olvidar) que fueron las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de derechos humanos, basadas en estándares internacionales carentes de colorido político, quienes impulsaron y eventualmente lograron esos avances. Atribuirle a los partidos políticos de la hoy casi inexistente oposición el logro de esas instituciones garantes, no solamente es falso, sino deliberadamente engañoso.

Decir que el INAI fue producto del PRIAN, es un insulto al Grupo Oaxaca e instituciones académicas y a todos y todas quienes participaron activamente en la consolidación de un sistema de protección al derecho a la información y a la transparencia.

En México la democracia no ha muerto, pero sí se le han asestado golpes, que espero no sean mortíferos. Espero también que la sociedad civil organizada que tanto luchó para su consolidación, y que fue completamente incapaz de detener las medidas regresivas de la arrolladora mayoría del partido en el poder, construya medidas creativas para el restablecimiento paulatino de aquellos elementos de la democracia que la fortalecían, y que al desaparecer, la han debilitado tanto.

La aplanadora nos ha arrollado. Espero que el año que viene, y los que le siguen, tengamos la claridad y la creatividad para emprender acciones que reviertan las medidas regresivas que el 2024 nos dejó. ‎