Reformismo constitucional
Javier Santiago Castillo
Como resultado de las elecciones de 2018 Morena y sus aliados lograron la mayoría Calificada en la Cámara de Diputados y les faltaron seis senadores para lograrla en la Cámara Alta. La estrategia presidencial de distinguirse del resto de los actores políticos (ya fueran partidos, intelectuales o empresarios) vía la confrontación y descalificación total, lo alejó de la posibilidad de impulsar reformas constitucionales en materia económica.
En su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador no aprovecho la oportunidad, de al menos, echar abajo la reforma en materia energética impulsada por expresidente Enrique Peña Nieto. Ya que el PRD y Movimiento Ciudadano habían votado en contra.
A pesar de no contar con la mayoría calificada en el Senado, el ánimo reformista del lopezobradorismo fue pujante. Se modificaron noventa y seis artículos de la Constitución, algunos de ellos en más de una ocasión. Dos fueron los temas relevantes: el educativo, con el fin de echar abajo la reforma peñista, y la política social elevado a rango constitucional. En intención se quedó la militarización de la Guardia Nacional.
El reformismo constitucional se convirtió en parte del discurso político de la campaña electoral, cuando el presidente López Obrador envío el paquete de veinte iniciativas de reformas constitucionales el 5 de febrero de 2024, que formaban parte del plan “C” consistente en obtener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Como resultado de las elecciones legislativas de 2024 Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría en la integración de más de 17 congresos locales. La mayoría en el Congreso fue resultado del sufragio ciudadano, de una fórmula electoral favorable a la sobrerrepresentación y el tradicional método del “maiceo”, del cual muchos actores políticos se espantaron, aunque todos los partidos en el poder, con mayor discreción o descaro, lo han utilizado.
En el primer periodo de sesiones de la LXVI Legislatura (2024-2027) iniciado en el mes de septiembre de 2024, la maquinaria legislativa en el poder se puso en marcha y en un tiempo récord aprobó trece reformas constitucionales propuestas por AMLO, dos más de la presidenta Claudia Sheinbaum y una de Morena.
La primera reforma aprobada fue la del Poder Judicial, a pesar de las movilizaciones, los paros de los funcionarios judiciales y de las impugnaciones jurídicas y publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor. La elección de los ministros, los magistrados y jueces camina con dificultades presupuestales, logísticas y con augurios de fracaso por la baja participación ciudadana.
En segundo lugar, se realizaron reformas en materia social. Así se hizo con el artículo 2° con el fin de reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por otra parte, se estableció su derecho a ser consultados de forma libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Otro aspecto importante fue la modificación del artículo 123, para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, así como la revisión de estos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. También se reformó el artículo 27 para garantizar un jornal seguro, justo y permanente a los campesinos del programa sembrando vida y; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y apoyo anual directo a pescadores en pequeño. Por otra parte, se estableció un sistema con orientación social para que las y los trabajadores puedan remodelar, rentar o adquirir una vivienda.
La reforma en materia de Bienestar implicó cambios al artículo 4°, para disminuir la edad de 68 a 65 años con el fin de que los adultos mayores reciban una pensión y, el pago de una pensión por discapacidad a personas menores de 65 años. Reforma en materia de apoyo a jóvenes, con la que se buscó que al adicionar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución, el Estado podrá destinar un apoyo económico a dicho sector.
En materia de seguridad pública dos son los asuntos trascendentes: para que la Guardia Nacional quedará subordinada al Ejército fue necesario reformar 12 artículos de la Constitución. Por otro lado, en materia de prisión preventiva oficiosa, se modificó el párrafo segundo del artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ambas reformas han sido cuestionadas por atentar contra el espíritu original de la Constitución de que la seguridad pública estaría a cargo de la autoridad civil y prisión preventiva oficiosa ha sido causa de múltiples injusticias.
En materia económica las reformas no son de menor calado. Se modificó el artículo 28 de la Constitución Política, para que el Estado retome el control de las vías ferroviarias, con el fin de prestar el servicio de pasajeros. Se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política para fortalecer las capacidades del Estado en áreas de carácter estratégico como son el sector energético, el servicio de Internet y el aprovechamiento del litio.
La eufemísticamente llamada simplificación orgánica llevo a la supresión en la Constitución de los cuatro organismos autónomos en materia económica (Cofece, IFT, CRE, y CNH), El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, La Comisión de Mejora Continua de la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Se modificaron los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución para establecer las bases legislativas que prohíben el maltrato a los animales.
La última reforma de AMLO en la que Morena y aliados se impusieron fue con la que se cambiaron los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir la venta, producción y enajenación de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
A iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum se modificaron en este primer periodo de sesiones se modificaron treinta y tres artículos de la Constitución, sobresalen las referentes a la equidad de género. La reforma relevante es la concerniente a las atribuciones que se le otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que, sin decirlo, marcan una diferencia notable con la política del expresidente. La Coordinación de la seguridad pública vuelve al terreno civil, aunque sea parcialmente.
Lo primero que se percibe del cúmulo de reformas aprobadas es la voluntad que las políticas públicas del bienestar, que han dado un buen rendimiento en votos, al quedar establecidas en la Constitución serán inamovibles al quedar establecidos como derechos y continuarán dando frutos electorales. El reto es que en el futuro puedan ser sostenible su financiamiento con recursos del presupuesto. Por otro lado, no son suficientes para definir el Estado de Bienestar que los mexicanos requieren.
En materia económica se conjugan dos aspectos la desaparición de los organismos autónomos en la materia y la recuperación de la función rectora de la economía por el Estado. Este punto y política salarial si marcan un punto de inflexión del modelo de desarrollo estructuralmente hablando.
La desaparición del INAI, más allá de sus defectos, si cierra la ventana a miradas incomodas para el poder. La opacidad en la obra pública ha sido una cómplice del voluntarismo, improvisación, desperdicio y malversación de fondos públicos. No se ve con claridad la ruta gubernamental para dar transparencia y rendición de cuentas.
La bomba de tiempo que dejó el expresidente es la reforma electoral, de aprobarse, en sus términos, significaría que la izquierda gubernamental iría en contra de su propia historia, porque sería una regresión de tendencia autoritaria. La moneda está en el aire.
*Profesor UAM-I
Con información de La Crónica
