Omar Garfias y Rocha. El narco y el Arte de la Guerra. Narcoperiodismo. Verona Hernández y aquel montaje

Álvaro Aragón Ayala

No lo dicen, mucho menos lo publicitan: la estrategia del gobierno federal es sostener en Culiacán y otros municipios azotados por la violencia una presencia civil y militar cuasi-simbólica, con la justificación de detenciones menores, sin cerrar los espacios para los enfrentamientos entre los grupos armados que se disputan territorios. Se trata de no evitar que se maten entre ellos, que se debiliten, para después, el Estado Mexicano, con la Sedena/Guardia Nacional, la Marina y la FGR, entrar al campo de batalla a procesar detenciones de alto calado y si es posible a eliminar objetivos prioritarios. La población paga los costos, con las victimas colaterales, de la estratagema federal de seguridad. En el libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu, se mencionan como estrategias atacar el enemigo cuando este desordenado, evitar al enemigo cuando sea fuerte, aparecer cuando el enemigo no espere y atacar al enemigo cuando este seguro o debilitado.

El gobernador Rubén Rocha Moya no es pendejo. Le entiende a eso de la comunicación y a la “estadística” periodística. Sabe que sobre él existe una conspiración política, cuyo propósito es derrumbarlo, destituirlo. En el análisis de los ataques que recibe el mandatario estatal ya se ubicó en primer plano a Omar Garfias Reyes -parapetado en los medios de comunicación- un peñanietista y quirinista que fue jefe de asesores de Rosario Robles Berlanga, aquella enamorada titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Garfias Reyes fue secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre del gobierno de Enrique Peña Nieto. En Sinaloa fue secretario y subsecretario de Desarrollo Social y delegado federal de la Sedesol. Para escapar del escándalo de la Estafa Maestra, Omar Garfias cayó en el estado de los once ríos en calidad de “refugido” y funcionario de Quirino Ordaz Coppel, el ladrón de siete suelas que aún despacha en la Embajada de México en España.

El “reportaje” sobre la producción de fentanilo del periódico New York Time se sale de los estándares de la credibilidad. Es cuestión de aplicar la lógica para entender la trama conspirativa/informativa del diario ¿Qué grupo delictivo de Culiacán estaría dispuesto a visibilizar a nivel mundial sus actividades ilícitas, la producción de fentanilo, cuando pende la amenaza del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de declarar terroristas a aquellos que producen e introducen la mortal droga sintética a EEUU? Sería tanto como jugar con fuego y con la muerte. El reportaje se elaboró ad hoc, a pedido, de Trump para criminalizar a Sinaloa y México y justificar una posible intervención armada. Nadie en su sano juicio revelaría las “entrañas” de sus actividades ilícitas para echarse encima a la DEA, el FBI y otras corporaciones policiacas.

Tómelo con reserva y analícelo. Que Dámaso López Serrano -El mini-licenciado- y otros capos presos en Estados Unidos han proporcionado santo y seña de periodistas y medios de comunicación de Sinaloa que han recibido – ¿o reciben? – financiamiento de grupos delictivos, directamente o a través de empresas “fachada”. De ser cierta la versión, alcanzaría estatus de histórica la revelación que realizó el periodista Javier Valdez de Río Doce y la Jornada, autor del libro “El Narcoperiodismo”, quien precisó que “el narco manda en las redacciones”. Javier Valdez ofreció una entrevista a Deyanira Morán, conductora de Prisma RU de Radio UNAM, y le describió la lamentable situación que vive la profesión en Sinaloa y el país: “es el periodismo de la nada, de la oquedad, está atrincherado, infiltrado por el narco”, dijo. Valdez fue asesinado. El crimen se lo achacan a Dámaso López.

Aunque haya trabajado en la construcción de montajes publicitarios y propagandísticos – integrados a una carpeta de investigación- para complacer a Sara Bruna Quiñonez, Exfiscal estatal indiciada por la Fiscalía General de la República en el magnicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado federal y dirigente del Partido Sinaloense, Verona Hernández Valenzuela, requiere de cuidados especiales para proteger su integridad física y la de su familia. Quien fuera jefa de prensa de Sara Bruna, es la vocera – poco creíble, que conste – de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para comunicar los éxitos y camuflajar los fracasos en materia de seguridad pública. Si recogemos los antecedentes trágicos, deducimos que Verona está sentada en una barra de acero ardiente. Que su vida pende de un hilo.

El mes de septiembre del 2007, un comando armado asesinó a balazos a Oscar Rivera Inzunza, vocero del área de seguridad de los operativos conjuntos que realizaban corporaciones federales, estatales y el Ejército contra el crimen organizado en Sinaloa. El homicidio ocurrió a dos cuadras de la Unidad Administrativa de Culiacán, sede de la administración que encabezaba el gobernador Jesús Aguilar Padilla.

De acuerdo a la relatoría de Javier Valdez (+) los matones, a bordo de un automotor, siguieron a Oscar, quien viajaba en la camioneta Suburban placas VGE-3661, propiedad del gobierno de Sinaloa. Se le emparejaron y le dispararon en al menos 30 ocasiones con rifles AK-47 y AR-15. Rivera Inzunza fue reportero y jefe de Información del diario Noroeste, además de que fundó la revista Cambio 21. Desde el inicio de la administración de Aguilar Padilla, en 2005, se incorporó al área de comunicación social del gobierno de Sinaloa, y a partir de finales de 2006 fungió como vocero de los operativos en materia de seguridad en la entidad.

El entonces gobernador Jesús Aguilar se hizo pendejo. No ordenó encauzar ninguna investigación para aclarar el asesinato que se atribuyó a su labor como vocero de seguridad, aunque algunos comunicadores sembraron la versión de que lo mataron porque habría filtrado información a la revista Proceso que publicó la celebración de una narcoboda en Durango, a la que habrían asistido funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa y colaboradores de Aguilar Padilla.