El hurto al SAT: Quirino Ordaz, protegido e intocable
Álvaro Aragón Ayala
El manoseo corrupto de las finanzas estatales mutó a Quirino Ordaz Coppel, en función de gobernador de Sinaloa, en saqueador del presupuesto público y en ladrón de dinero del Sistema de Administración Tributaria. El robo al erario y de los recursos fiscales provocó un “boquete” en la economía del estado obligando al mandatario estatal Rubén Rocha Moya a solicitar un préstamo de 2 mil 300 millones de pesos para la ejecución obras públicas en 20 municipios.
A más tres años de dejar el poder, en vez de estar en la cárcel o sujeto a proceso penal por sus latrocinios, Quirino Ordaz todavía despacha como Embajador de México en España. Con todas las pruebas para actuar contra él, Andrés Manuel López Obrador lo protegió y lo designó embajador en pago al silencio de Quirino que siempre estuvo enterado de las constantes visitas que realizaba el entonces presidente de la República a Sinaloa para entrevistarse con personajes obscuros.
Durante sus primeros tres años de gobierno, la otrora diputada local -hoy legisladora federal- Graciela Domínguez Nava desnudó la corrupción en el manejo del presupuesto estatal e hizo infructuosos llamados a la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera para que procediera contra el entonces gobernador. Nunca fue escuchada.
Fue así que Quirino Ordaz colapsó las finanzas públicas. Las secuelas de sus saqueos impactan en la administración de Rubén Rocha Moya. El ex gobernador no cometió uno, sino una serie de latrocinios que fueron solapados por la Auditoría Superior del Estado y por el gobierno de López Obrador.
Uno de los primeros trinquetes perpetrados por Quirino Ordaz Coppel fue la compra, a un precio exagerado, del edificio Homex, no ha Inbursa, como se publicitó, sino a Arturo Peña, hermano del ex presidente Enrique Peña Nieto. La adquisición del inmueble se cotizó, en una primera instancia, en 154 millones de pesos. El costo total del edificio fue de ¡600 millones de pesos!
Quirino Ordaz acordó con Enrique Peña Nieto, no con Eustaquio de Nicolás ni con Inbursa, comprar al hermano del ex presidente, Arturo Peña, el edificio Homex. 174.5 millones fueron entregados a una “financiera” y el resto se invirtió supuestamente en la “reparación” de las deficiencias estructurales del inmueble.
De acuerdo a información de la UIF, Arturo Peña Nieto comenzó a hacer negocios con Homex mediante una subsidiaria llamada Comercializadora Cántaros, SA de CV, en la que aparece como administrador único en un documento del Registro Público de Comercio de Sinaloa fechado el 11 de noviembre de 2009, cuando Enrique Peña, gobernaba el Estado de México.
Otra de las transas cometidas por Quirino Ordaz se hallan en el uso de 652 millón de pesos, no autorizados por el Congreso de Sinaloa, en la construcción del estadio de béisbol Kraken en Mazatlán, que fue dado en comodato o “regalado” al empresario Ricardo Salinas Pliego, protector de la imagen del entonces gobernador.
A espaldas del Congreso y en abierta violación a la Ley de Inmuebles, el 22 de julio de 2020 Quirino Ordaz le concedió al empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de la empresa Atlético Morelia S.A. de C.V, “el derecho exclusivo para administrar, utilizar, explotar, brindarle mantenimiento, llevar a cabo mejoras y comercializar todo el estadio…”.
Quirino Ordaz también invirtió, sin el consentimiento del Poder Legislativo, cientos de millones de pesos del erario público en la construcción del Acuario Mar de Cortez, en Mazatlán, mediante una operación encubierta, pública-privada, para facilitarle la explotación de este negocio a su primo Ernesto Coppel Kelly.
VER VIDEO: QUIRINO ENTREGÓ INVERSIÓN MILLONARIA A SU PRIMO
https://www.eluniversal.com.mx/video/estados/quirino-entrego-inversion-millonaria-su-primo
Sin embargo, en el mundo de los ladrones del dinero público, Quirino Ordaz Coppel alcanzó la “gloria” al robarle al Sistema de Administración Tributaria más de mil 800 millones de pesos producto del pago del Impuesto Sobre la Renta del Grupo Coppel y del Grupo Arhe al Sistema de Administración Tributaria de Sinaloa -SATES-, que estaba obligado a depositarlos al SAT.
En funciones de gobernador Quirino “desapareció” el pago del ISR de ambas empresas y ante los reclamos del SAT se amparó, recurrió a los tribunales. La SHyCP/SAT comprobaron que los impuestos habían sido cobrados por el gobierno estatal y no entregados a la federación. Por ese hurto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció al Gobierno de Sinaloa a pagar 2 mil 300 millones de pesos al SAT, provocándole un “boquete” a la administración de Rubén Rocha Moya.
Ahora, para poder construir obra pública, el gobernador solicitó al Congreso Local le autorice un crédito de 2 mil 300 millones de pesos, cantidad igual al que tiene que pagar por el latrocinio de Quirino Ordaz, quien descuartizó las finanzas estatales y aún sigue, protegido, intocable, en la embajada de México en España cuajando negocios particulares.
