Por una democracia digital

Felipe de la Mata Pizaña

Un terrible acontecimiento que se registró en el mundo en 2020 fue la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que repercutió en la estabilidad sanitaria del mundo, generó una crisis económica de diversas proporciones, agravó la situación social de la población y perjudicó, en algunos casos, los avances obtenidos en materia de derechos humanos, entre otras.

México no fue la excepción; en 2020 la economía tuvo una contracción del PIB de aproximadamente el 8.5%, la pérdida de empleos, un aumento de problemas de salud, principalmente relacionados con la depresión y la ansiedad, entre otros.

Instituciones del estado mexicano, organizaciones, escuelas, colegios y otras instancias tuvieron que, en algunos casos, parar sus actividades por algún tiempo, otras se las ingeniaron para que, a distancia, vía correo electrónico o a través del uso de plataformas digitales continuaran con sus trabajos.

En estos casos encontramos a autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, ante la proximidad de la elección de 2021, continuaron permanentemente cumpliendo sus funciones para llevar a buen puerto la organización, desarrollo y calificación del proceso electoral, como finalmente sucedió.

Elecciones. Trabajo sin descanso. Foto: Montserrat López.

La experiencia obtenida llevó a estas instituciones a optimizar recursos y procesos a través, por ejemplo, de la digitalización de documentos físicos para el almacenamiento y conservación de información, a generar esquemas de capacitación digital a distancia, la generación de micrositios específicos para proporcionar información electoral, entre otros.

El INE ha tenido experiencias exitosas: la emisión temporal de constancias digitales que sirvieron como identificación a través de lectura de los códigos QR, el uso del internet como uno de los mecanismos del voto para las y los mexicanos residentes en el extranjero, la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo de casillas como respaldo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otros.

Por su parte, el Tribunal Electoral generó firmas electrónicas para acuerdos y sus resoluciones, la implementación del juicio en línea, herramienta que facilita la presentación de demandas, escritos, promociones y cualquier otro documento para el estudio completo del expediente, o la creación de micrositios que han concentrado la digitalización de expedientes incluyendo los elementos de prueba y la propuesta de sentencias, como sucedió con el juicio madre de la elección presidencial de 2024.

En el mes de noviembre de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que, entre otras responsabilidades, tendrá a su cargo la digitalización de los trámites a cargo de la administración pública federal a través del sistema Llame Mx.

Sheinbaum. Apuesta por la digitalización. Foto: Eduardo Miranda.

En el Reglamento Interior de la Agencia se especifica la posibilidad de celebrar convenios de colaboración y coordinación con órganos constitucionales autónomos, gobiernos de las entidades federativas y municipios, poderes Legislativo y Judicial de la Federación, y otras instituciones, para la consecución de los objetivos de la agencia.

En este sentido, soy de la idea de que las autoridades electorales y la agencia, en atención de los alcances y facultades, celebren los convenios que sean necesarios para lograr, entre otros proyectos, los siguientes:

  1. Criterios para el uso de la biometría para huellas digitales, rasgos faciales y el iris para la consolidación de proyectos a cargo del INE, tales como la colaboración de información para la identificación de personas desconocidas, así como para la aportación de datos para la localización de personas desaparecidas, tal cual lo ha venido realizando desde hace más de ocho años.
  2. Los criterios podrían abarcar el método digital para la acreditación de votantes que se presenten el día de la jornada electoral o para el registro informático para acceder a sistemas electrónicos de votación.
  3. Colaboración para lograr una identidad digital en la que la agencia se estaría basándose en la CURP. Los esquemas que se desarrollen podrían aprovecharse para la construcción de los proyectos contemplados por el INE: listados nominales digitales de personas electoras, así como la credencial para votar digital.
  4. Desarrollo e implementación de software y soluciones tecnológicas para que, entre otros aspectos, permita la uniformidad de los órganos electorales administrativos para la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, así como las levantadas en los consejos respectivos de los organismos federales y locales.
  5. Podría diseñarse, asimismo, un software uniforme para la instrumentación de un modelo único de urna electrónica para las elecciones federales y locales, así como para la eventual implementación del voto por internet para las y los mexicanos residentes al interior de la República.
  6. Explorar la conveniencia de la digitalización de los reportes sobre los incidentes que se encuentren registrados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral del INE, así como los que eventualmente se susciten durante el desarrollo de los cómputos distritales, y las atenciones a las mismas.
  7. Coadyuvar con la Agencia en la emisión de disposiciones para la adquisición de servicios de tecnología de información y comunicaciones.
  8. Directrices generales para contar con un único juicio en línea que, basados en los resultados obtenidos por el TEPJF, permita a todos los órganos jurisdiccionales en materia electoral que la ciudadanía pueda presentar demandas en contra de actos o resoluciones en la materia, promover juicios de todos los tipos de medios de impugnación, consultar el expediente electrónico, recibir notificaciones, responder de manera electrónica requerimientos y firmar electrónicamente escritos o demandas.
  9. Criterios uniformes para la publicación digital obligatoria de los proyectos y, en su oportunidad, las sentencias que emitan los órganos jurisdiccionales electorales.
  10. A través de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral, ampliar su esquema de capacitación digital para el uso de nuevas tecnologías, así como la capacitación especializada del funcionariado que tenga a su cargo procesos digitales.
  11. Generación de un Mapa de Riesgos en materia electoral a cargo del INE y del TEPJF que sea digitalizado y sea publicado en un micrositio de ambas instancias para conocimiento público.

Éstos y otros esfuerzos serían el motor que impulse una democracia digital en la que el principal beneficiado sería la ciudadanía, así como los actores políticos al unificar esfuerzos, optimizar procesos, tiempos y recursos en la organización, desarrollo y atención de demandas y la calificación de las elecciones.

Con información de Proceso

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