Narcoterrorismo: construcción ideológica para una geopolítica de dominación

Jorge Retana Yarto

Al declarar a los cárteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas”, el gobierno de Trump no sólo amaga con un ataque militar, sino que también busca situar el problema del trasiego de drogas ilícitas a Estados Unidos en un ámbito geopolítico y de política bilateral que legitime cualquier acción injerencista. Además, tiene por objetivo forzar un alineamiento táctico y estratégico con la concepción represiva y punitiva. En lo estratégico, nuestro país debería –en la lógica estadunidense– de someter sus políticas de seguridad a las iniciativas del gobierno trumpista, o por lo menos, seguirlas como guía incuestionable

Primera parte. En este ensayo desarrollaremos una tesis interpretativa desde el punto de vista político, ideológico y de política exterior (manejo geopolítico), así como en términos de los enfoques teóricos e históricos más aceptados sobre las organizaciones criminales que trascienden las fronteras en sectores de actividad criminal, que retan las potestades constitucionales del Estado (acopio y uso de armas de alto poder, invasión criminal de la economía legal, y otras), no principalmente de las autoridades policiacas de un país. No presentamos una disertación jurídica sobre la conceptualización que hace el actual gobierno de Estados Unidos sobre las estructuras criminales trasnacionales como “organizaciones terroristas”, para hacerlos objeto de un eventual ataque de carácter militar en cualquier modalidad, sino esencialmente un análisis político-ideológico e histórico.

Declarar a las estructuras del crimen trasnacional organizado como “organizaciones terroristas” y amagar con un ataque militar, tiene tres objetivos tácticos y uno estratégico, principalmente: a) situar el problema del trasiego de drogas a EU en un ámbito geopolítico y de política bilateral que legitime cualquier acción injerencista de Estados Unidos; b) arrebatar la iniciativa política a México y forzar un alineamiento táctico y estratégico con la concepción de guerra a las drogas de EU, que es esencialmente represiva y punitiva, cuando la política mexicana se ha diferenciado; c) sabedores de que el tema militar no resuelve esta problemática común, se traslada al terreno de la política, donde el Estado nacional más poderoso tiene ventajas notables para imponer criterios al respecto. Y el estratégico: en adelante lo que México haga conforme a esta problemática en común, debe contar de manera determinante con las iniciativas de EU, o seguirlas, desplazando el eje estratégico de la iniciativa decisoria hacia el gobierno de Estados Unidos.

Esta problemática no se resuelve en el campo de batalla, estamos ante una guerra asimétrica, por ello lo trasladan al terreno político, geopolítico e ideológico para imponer concepciones vía injerencia política. La amenaza de intervención armada es una inmensa fuerza de presión para forzar conductas y actitudes. Ya tienen 10 mil guardias nacionales, un tiempo perentorio contra México para fijar aranceles y una presión en la frontera que no existía hace tres meses. México se defiende bien, pero dentro de una asimetría de poder grande.

Desarrolladas las tesis anteriores, las detallamos de la siguiente manera:

1. Consideramos que el ángulo político-ideológico, geopolítico y teórico-histórico de la conceptualización de EU es completamente deficiente y equivocado, y persigue tres objetivos estratégicos: 1) generar una actitud punitiva, es decir, persecutoria con cobertura penal, dentro de la sociedad, las instituciones, símbolos y los valores políticos de dicha nación, lo que configura una acción de echar a andar una fuerza disruptiva y desestabilizadora en los ámbitos mencionados de un país soberano; 2) poner en funcionamiento la dimensión extraterritorial de una ley específica de su sistema jurídico (tiene varias), que ofrece ventajas geopolíticas importantes al someter la soberanía –en su acepción más amplia– a su propio mandato constitucional, es una forma invasiva de confrontar una problemática que atañe a dos Estados nación, y uno de ellos afecta la independencia del otro, es decir, somete el manejo de una problemática común a las decisiones de una sola de las partes; y 3) se convierte en un instrumento de política exterior que violenta las normas jurídicas internacionales del orden político global actual, convirtiendo la acción punitiva en un juego de suma cero: lo que es perjudicial para el país objeto de la acción militar o policial punitiva es favorable estratégicamente para EU, porque le representa una sobre determinación política sobre el otro Estado.
2. Por ello, el ingreso en tal escenario de un Estado vecino a EU, es fundamentalmente político, la decisión la toma el presidente de la república, si quiere consulta al congreso, pero él posee la potestad constitucional para ello, y lo ha hecho en el caso de México, porque la ideología de este gobierno, como en su primera administración, sirve como motor ideológico para tomar las decisiones, de política interna y exterior. Tal ideología tiene dos pivotes: a) el gobierno mexicano es omiso en el área soberana para contener al crimen trasnacional y los flujos de migración, por lo tanto, b) ello obedece a que dicho gobierno tiene vínculos con tales organizaciones del crimen trasnacional.

Hay una lógica formal, directa y llana para enderezar una gigantesca acusación, con todas las características de una inmensa provocación, y como parte de una táctica de presión moral y psicológica al gobierno mexicano. Los consejeros políticos y técnicos del presidente Donald Trump usan el arma de los principios de la guerra psicológica en sus relaciones bilaterales, esto es lo que han hecho con Panamá y su canal interoceánico, Dinamarca-Groenlandia, con Canadá y su planeada incorporación a la Unión Americana como estado número 51, y en contra de la organización palestina Hamás y todos aquellos que apoyan la causa del Estado palestino, al decir que el Estado y territorio israelí son demasiado pequeños, sugiriendo el apoyo militar y político-internacional para un determinado plan expansionista, especialmente incorporando la Franja de Gaza –hoy tomada a sangre y fuego– por Israel. Son esquemas híbridos de guerras políticas, que incorporan el componente psicológico en un contexto de tensión militar provocado, con y sobre los adversarios directos e indirectos en cada región, geopolítica y geoestratégica en disputa. Porque, obviamente, los militantes palestinos que operan en la Franja de Gaza también son considerados “organizaciones terroristas”. Con Canadá y Dinamarca, las armas fundamentales son la tensión militar, la amenaza de invasión, y la guerra psicológica sobre los gobernantes.

3. Sociológica, cultural, política y militarmente, el terrorismo es un fenómeno contemporáneo distinto –en diversas piezas y elementos constitutivos del mismo– a las estructuras actuales del crimen trasnacional organizado. Igualmente, como la criminalidad organizada, con profundas raíces en los siglos anteriores al actual, en eso hay una convergencia en retrospectiva, pero no una identidad fenomenológica como pretenden los ideólogos de la “extraterritorialidad jurídica”, del Estado nación ultra poderoso en reconstrucción hegemónica (EU), rodeado de la más extendida y profunda seguridad nacional, con nuevas dimensiones territoriales, es decir, entendida en términos absolutos.

Aspecto histórico

Sin hacer un rastreo histórico desde sus primeros orígenes, pero si retrotrayéndonos siglos atrás, existen dos aspectos cruciales en los que ambos fenómenos (terrorismo político idealista y terrorismo criminal), además de los procesos históricos, son absolutamente asimétricos, aunque pudieran llegar a tener cierta contemporaneidad o similitudes parciales.

Por ejemplo, en cuanto a la aparición del terrorismo con objetivos de lucha por el poder público, algunos de los primeros ataques terroristas no estatales de alto impacto, de los cuales se tiene registro, son:

-El atentado contra Napoleón Bonaparte el 24 de diciembre de 1800, mediante un complot urdido por Rue Saint Nicase, ocurrido en París, en el cual hubo 22 muertos, a pesar de que fracasó en su objetivo principal.

-La masacre en EU ocurrida el 30 de octubre de 1830, en la ciudad de Haun’s Mill, en donde murieron 18 hombres, mujeres y niños practicantes del credo mormón, a manos de una milicia llamada de Misuri. Luego, la masacre de Mountain Meadows en donde murieron 120 hombres, mujeres y niños, ahora a manos de integrantes del mismo credo, el mormón, además de indios paiute en su paso por el territorio que hoy pertenece al estado de Utha.

-El atentado fallido de Felice Orsini con el objetivo de asesinar a Napoleón III, sucedido en París, el 14 de enero de 1858, en donde murieron ocho personas y otras 142 resultaron heridas, básicamente con cantidades mayores de explosivos.

-Y el asesinato del presidente de EU, Abraham Lincoln, el 15 de abril de 1865, por un militante de la causa esclavista de los Estados Confederados del Sur.

En todos los casos presentados se aprecia la carga ideológica-política para desestabilizar el poder y crear impactos favorables al derrocamiento de gobernantes (Napoleón Bonaparte, Napoleón III y Abraham Lincoln). En las matanzas entre civiles, unos armados y |otros no, se aprecia el uso de la violencia para proteger el control territorial, el paso por un determinado camino a través de agredir a grupos sociales determinados e imponerse mediante el terror armado y la violencia criminal, pero son temas de carácter policial, no asuntos de Estado. Los primeros mencionados sí lo son. Aquí hay una diferencia sustantiva, uno es terrorismo político, el otro, violencia intergrupal social, sin proyección hacia la conquista del poder público o del Estado, para revertir un definido programa político.

Estados Unidos en su propio desarrollo histórico ha tenido ambos tipos de terrorismo: el terrorismo político y el terrorismo criminal. Aunque hay que acotar que algunos especialistas señalan que el terrorismo político, cuando es indiscriminado, se vuelve muy cercano al terrorismo criminal. La diferencia es que el primero –a pesar de actuar, no selectiva, sino indiscriminadamente (un coche bomba en una plaza comercial)– tiene un contenido que el terrorismo criminal no posee: el idealismo político transformador, aunque brutalmente encausado.

Ambos forman organizaciones al margen de la ley y actúan de manera secreta, en eso coinciden. Hay organizaciones de terrorismo político que han llegado a tener hasta reputación social y defensa de grupos intelectuales, en Francia, en Alemania, en Latinoamérica mayormente, mucho menos o casi nada en EU y en Gran Bretaña. Sólo en algunas coyunturas, el IRA (el ejército republicano irlandés), cuando desarrollaba ataques armados que eran precedidos de represiones oficiales a sus militantes o a concentraciones o marchas públicas, lo lograba en ese tipo de eventos.

Y en parte ETA (la organización armada que reivindicaba la separación de la región vasca del Estado español), que llegó a cometer actos de terrorismo político muy impactantes, como el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, el hombre de más confianza de Francisco Franco, en la “Operación Ogro” (diciembre de 1973), lo cual posicionó a ETA entre los primeros opositores y armados a la dictadura franquista, y le permitió elevar su nivel de organización y de operaciones militares. Allí está claramente expresado el impacto político en una lucha social armada por derrocar un gobierno.

Los gobiernos occidentales consideraban, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que el ejemplo a seguir, o modelo a imitar, eran las enseñanzas de la organización rusa “Norodnaya Volya (Voluntad Popular), que asesinó al zar Alejandro II en marzo de 1881, cuya influencia se extendió durante finales del siglo XIX y primeros lustros del siglo XX, sobre los serbios de la organización “La Mano Negra”, fundada en 1911. Esta última, organización político-militar con una clara ideología nacionalista, que participó en el atentado de Sarajevo para asesinar al heredero al trono del Imperio Austro-Húngaro, el archiduque de Austria Francisco Fernando de Austria (junio, 1914) y su esposa, una de las causas fundamentales del inicio de la Primera Guerra Mundial, porque precipitó la declaratoria de guerra de Austria contra el reino de Serbia (Laqueur, Walter: 157)

Incluso para Latinoamérica, los anarquistas, organizaciones que usaban el terrorismo político, reivindicaban “la acción política directa” en materia de lucha política, no la preparación gradual de las fuerzas del cambio político. En México “los anarquistas”, seguidores de Mijaíl Bakunin –quien fundó el movimiento de izquierda en Europa a mediados del siglo XIX–. El líder visible del anarquismo mexicano fue Ricardo Flores Magón, fundador del Partido Liberal Mexicano, un movimiento político originado con la organización de grupos campesinos por Plotino Rhodakanaty (nacido en Grecia y que llegó a México en 1861), y su actividad campesina conocida en 1890, creando comunidades inspiradas en Charles Fourier, utopista francés. Ante el fracaso, fundó el Grupo de Estudiantes Socialistas.

En Uruguay, los Tupamaros concitaban también odio y admiración, defensas y ataques: en julio de 1970 secuestraron a un personaje de la inteligencia y la doctrina contrainsurgente que actuaba encubierto con credenciales diplomáticas: Daniel Anthony Mitrioni. Este último había sido oficial de policía, luego agente del FBI, miembro del Departamento de Administración Internacional y Cooperación para el Desarrollo, integrada con otras agencias conocidas de asistencia humanitaria exterior, que después se convirtieron en USAID (1961). Todo ello le ayudaba a recoger información de inteligencia, política y militar, y convertirse en un instrumento de los intereses geopolíticos regionales y estratégicos de EU. Es necesario recuperar estos orígenes de la USAID hoy, cuando ya desapareció, porque su rol está agotado y pueden desarrollarlo otras agencias no tan evidenciadas, de acuerdo con la estrategia del National Security Agency (NSA), que integra a toda la inteligencia de EUA.

Las organizaciones criminales que efectúan acciones terroristas que se planean creando eventos de alto impacto social desestabilizadores, disruptivos del orden público, de la convivencia pacífica no respetando el orden normativo, en el tipo de perfil sustantivamente criminal, conforman un desafío directo al orden público, que combate normal y preferentemente la organización policial, los ministerios públicos no lo hacen para impedir un programa de políticas púbicas.

El interés fundamental del terrorismo criminal se ubica en la preservación y expansión de los negocios delictivos en las mejores condiciones posibles, de beneficios económicos y de seguridad. Todo lo demás pueden usarlo para afianzar estos dos principios, incluso, mediante las asociaciones criminales en las instituciones públicas, pero sólo les funcionan para posicionar ambos vectores de su acción delictiva. Usan el poder para ello, no como instrumento de cambio político.

Lo anterior no quiere decir que el terrorismo criminal no busque impactos de desestabilización socio-política, pero su interés fundamental es el debilitamiento de las instituciones del Estado (todo puede tener un impacto político) no para posicionar un programa de transformaciones políticas en la organización y funcionamiento de la organización social, sino para capturar círculos de poder al interior del Estado, y así mejor proteger sus intereses criminales, forzar o para pactar intereses mutuos ligados a la ilegalidad, al crimen, a la corrupción, a la desnaturalización de las instituciones sociales, y finalmente, a la degradación del gobierno en turno y del Estado de la nación, y de los cuerpos armados públicos.

El caso de los piratas

Ahora vamos a revisar una gran experiencia histórica en sus términos fundamentales: los piratas que existieron siglos atrás, prototipo de organización delictiva de antaño, pero especialmente en el siglo XVIII.

Los piratas eran grandes organizaciones criminales con una estructura definida, con normas de disciplina interna, con formas de operación hacia afuera, y en distintos momentos históricos o ciertas coyunturas, tolerados e impulsados por monarquías reinantes como la española, la francesa y la inglesa. Todo parecido con la época actual no es una mera coincidencia, similitudes históricas.

La “delincuencia organizada” de aquella época era muy poderosa: cometía delitos patrimoniales contra particulares y contra el Estado; había mucha piratería en alta mar y había falsificadores de dinero, fraude fiscal y contrabando, robos diversos hasta de embarcaciones, asesinatos colectivos. Nada de esto es insignificante, al contrario. Esto se desarrolló entre los siglos XVII, XVIII y siglo XIX.

El auge se ubica en el siglo XVIII, momento histórico en donde las colonias allende el mar de las potencias europeas colonizadoras, estaban en auge en términos de extracción de riquezas; ello hacía que se transportara en forma continua por el océano cargamentos inmensos de metales y valores diversos, muy apetecidos por las organizaciones delictivas de piratas. En muchos casos, los reinos lanzaban a estas organizaciones a robar el cargamento de gran valía, por ejemplo, que iba rumbo a España, por parte de piratas al servicio de Inglaterra, aunque no se reconocía jamás.

Particularmente, los falsificadores de moneda eran tratados con extrema dureza. En este tipo de delitos, a diferencia de crímenes seriales y otros de manufactura individual, la comisión de este delito requería cierto agrupamiento de individuos, una acción y organización colectiva, conocimiento especializado, aunque un número de individuos no muy amplio, como era necesario en la piratería:

“La fabricación de monedas era una atribución exclusiva de la Corona. Era incuestionable la potestad del Monarca para modificarlas en cuanto a sus características físicas y circulación en los mercados, así como también para fijar ciertos controles dirigidos a combatir los ataques delictivos. Por ello, la falsificación fue tipificada como un delito mayor contra la figura del Monarca un ´crimen de lesa Majestad´. También fue calificado por los agentes judiciales con los más severos adjetivos: “atroz”, “execrable”, “gravísimo”, “exceso capital”, “sacrílego”. La razón de fondo (…) era la afectación de las arcas Reales. No en vano, a los que incurrían en estas faltas se les llegó a catalogar como “ladrones del público” La falsificación de monedas fue una práctica que se extendió a todo el mundo novohispano con hondas implicaciones fiscales, comerciales y sociales (…) En el marco de las reformas borbónicas se acentuaron las redadas contra los falsificadores de monedas dentro del propósito por lograr un mayor control social y un manejo más racional y eficiente de los recursos del erario Real” (Pita, 2017)

Tenemos una variedad muy importante de delitos que dañan el erario monárquico. A pesar de la concentración del poder que había en las monarquías absolutas, y de la falta de regulación del uso de la fuerza armada de los monarcas, y el propio ejercicio de la capacidad punitiva de los jueces, no pudieron controlarlo. Si acaso lo redujeron, y se desarrolló en buena medida representando un gran reto para los gobernantes absolutistas, poder que quedaba en entredicho con la autoridad pública institucionalizada (se mantuvo hasta entrado el siglo XIX).

No olvidar que en diferentes colonias se estableció desde aquella época, la pena de muerte. Sobre todo, durante el primer siglo de dominación colonial en que, como decimos, la extracción de riquezas de las colonias, por su abundancia, alcanzaba para todos.

“Los sistemas de ejecución de la pena capital eran variados, y cada uno de ellos podía aplicarse de distintas formas. No obstante, se puede hablar de tres tipos principales: horca. decapitación o degüello y hoguera. La hoguera se solía aplicar para delitos de carácter religioso, sexual y «monederos falsos» (falsificación de moneda). Los otros dos sistemas se ejecutaban para otro tipo de delitos, teniendo siempre muy presente que la horca se consideraba infamante y por tanto se destinaba a los plebeyos, mientras que la decapitación se reservaba para la nobleza.” (Batalla, 1995)

Por ejemplo, en España e Inglaterra primero, Gran Bretaña después, en Holanda y Bélgica y Francia, se extendieron estos delitos con mucha fuerza. En las colonias hispanoamericanas proliferaron “los salteadores de caminos”, los asesinatos y los robos domiciliarios, el abigeato y el asalto nocturno. La no derrota completamente de toda esta delincuencia colonial más desatada aún durante los años de la guerra independentista, fue otra de las “herencias negras” para las naciones que se descolonizaban durante toda su primera etapa de vida independiente, y después.

La llamada “Edad de Oro” de la piratería como actividad delictiva internacional, criminal y bien organizada, tolerada y/o auspiciada por las monarquías, comprende según especialistas, los años de 1620-1795, un siglo y medio, y comprende también tres subperiodos: a) el de los bucaneros, durante 1620-1683, caracterizado por los marineros anglo-franceses establecidos en Jamaica e Isla de la Tortuga, atacando colonias españolas, navegando en el Caribe y el este del Pacífico; b) los años conocidos como La Ronda del Pirata, de la década de 1690, asociada con viajes de larga distancia desde Bermuda y América para robar a objetivos musulmanes y de la Compañía Británica de las Indias Orientales en el Océano Índico y el mar rojo; y c) el periodo posterior a la Guerra de Sucesión en España, entre los años de 1714 y 1726, cuando marineros anglo-americanos y “corsarios desempleados” después de la guerra mencionada en España, se convirtieron en masa a la piratería en el Caribe, la zona marítima del este de América, las costas Africanas del Oeste y el océano Índico. (Pringle y Roger, 2001)

Es importante observar la zona geográfica que incluye cada etapa, porque la actividad criminal se desarrollaba con cierta ligazón en determinado tipo de eventos: consolidación de las colonias españolas y traslado de riquezas a la metrópoli, robo a empresas privadas –como la Compañía de la Indias Orientales que monopolizaba el comercio con Asia autorizado por el gobierno inglés–; y de desempleo masivo de los corsarios luego de la guerra en España. Gran lección histórica.

Además, las organizaciones de piratas, poseían un estatuto interno que premiaba y castigaba el desempeño de cada pirata, el premio era en cuanto a la repartición del botín y el castigo en la violación de las normas vigentes, como explica el más célebre de los líderes piratas de la época Bartholomew Roberts. Todos los tipos de crímenes que ellos cometían clasificados como delitos en sus países de origen y en otros, les daban un contexto determinado a las visiones sobre la seguridad y la persecución criminal, así como a las organizaciones judiciales y policiales ligadas a la actividad delictiva interna y la piratería organizada, y en los términos de hoy, eran terrorismo criminal con complicidad u oposición, de las autoridades monárquicas.

La propia Corona ingresa fue acusada de fomentar y encubrir la piratería para afectar a sus rivales coloniales y comerciales mediante grupos de corsarios. Los piratas y/o corsarios fueron aquellos marineros que se dedicaron a saquear y asaltar ciudades y a apresar y robar barcos. La única diferencia entre ellos es que sólo unos tenían patentes de corso. A través de estos documentos oficiales, un Estado autorizaba a cualquier individuo a comenzar una campaña naval de saqueo y captura de barcos piratas y otras embarcaciones de países enemigos, es decir, con distinta bandera. El Estado siempre se llevaba parte del botín de los corsarios. Los piratas eran más libres en su acción, no rendían cuentas a nadie, también se dedicaban al contrabando evadiendo al fisco en operaciones comerciales ilegales.

Obsérvese cuántas coincidencias con la actividad criminal actual de las organizaciones del delito trasnacional, incluyendo el comportamiento político de los gobiernos nacionales actuales, durante la época de auge que duró siglo y medio. Se trató de redes criminales internacionales organizadas que pasaban por gobiernos y Estados de las potencias coloniales, con distribución interna del botín.

Fue una forma de hacerle la guerra comercial y política a las potencias coloniales rivales, sin provocar un conflicto armado entre dos Estados y ejércitos, y disimulando además la conexión con las organizaciones de la piratería internacional, que como indicamos antes, tenían patente de corso, su actividad no sólo era tolerada, sino estimulada por las monarquías imperantes.

Las organizaciones de la piratería internacional, sus líderes principales, se sentían sin opciones de desarrollo personal. El propio capitán B Roberts antes mencionado reflexionaba así su profesión:

“En un servicio honrado, la comida es insuficiente, los sueldos son bajos y el trabajo es duro; en este hay abundancia y saciedad, placer y tranquilidad, libertad y poder; ¿quién no inclinaría la balanza hacia este lado, cuando todo el peligro que se corre, en el peor de los casos, no es más que una o dos visiones agrias de la horca? No, mi lema será: “Una vida corta, pero feliz” (Intxaurrondo, 2018).

La solución a su dilema personal es una determinación individual, no busca una alternativa de solución dentro del universo de lo social, la legalidad y de la relación con el Estado, allí no se ve solución alguna, es necesario entonces decidirse por la violación a la norma y no por una vida prolongada de estrecheces y necesidades insatisfechas, sino de una vida corta y placentera. La busca así porque no encuentra otro camino para llegar a ella.

Esta reflexión la suscribe hoy en nuestros días cualquier integrante del crimen organizado, desde el menor nivel hasta el de “capo”. Quienes detentan el poder y son responsables de la situación de inequidad social y concentración de la riqueza, en un momento dado, por filias ideológicas y político-sociales, jamás lo reconocerán, por ello su diagnóstico, conservador y superficial, es que se trata de criminales que deben ser reprimidos con las armas en la mano, y los que tengan la suerte de llegar ante un juzgado o una fiscalía, que se les aplique el máximo rigor, que el gobierno de EU los entierren en vida con condenas de cadena perpetua.

Claro que son criminales muy peligrosos, pero el análisis, el diagnóstico y la búsqueda de soluciones hay que explorarlos dentro de otros espacios de la vida pública y la estructura de la convivencia social.

Destacamos un hecho crucial de esta retrospectiva histórica sobre la gran organización criminal que fue la piratería oceánica: ayer como hoy, los Estados-gobiernos, las monarquías europeas, señaladamente España e Inglaterra, quienes más se quejaban de la piratería de alta mar, quienes más parecía la combatían por todos los medios, eran quienes más se beneficiaban de ella, quienes más la impulsaban subrepticiamente para apropiarse de riquezas que hurtaban a sus competidores coloniales. Le llamaron patente de corso a las organizaciones de corsarios piratas que actuaban legitimados por tales reinados, sin que fuera ello evidenciado claramente. Rivalizaban a través del robo y la simulación.

En consecuencia, dos grandes enseñanzas históricas: a) ambos tipos de terrorismo en sus muy distintas expresiones y ejemplos (que abundan) están perfectamente diferenciados en todo el mundo occidental, en los principales líderes de los Estados de aquellas épocas. No hay posibilidad de confusión cuando el conocimiento actual sobre la temática y la información actúan dentro de una función clarificadora, y aún las convergencias y paralelismos son perfectamente distinguibles en el uno y el otro; b) ello significa que la intencionalidad política y el objetivo táctico y estratégico de utilizar como arma política exterior “la amenaza terrorista”, de las organizaciones del narcotráfico multinacional y de las insurgencias políticas a los regímenes de la injusticia social y la represión política (incluyo derechos nacionales), es para bloquear algún tipo de solución que implique corresponsabilidad del gobierno estadunidense en el narcotráfico mundial, o bien, que implique suspender el apoyo a gobiernos genocidas como Israel y gobiernos de excepción apoyados por EU.

Poco explorada es la hipótesis de mantenerse omisos o poco combativos (en relación a la magnitud del problema de las adicciones en EU y Europa) en sostener un tipo de “lucha laxa” al respecto usando el tema de la drogadicción extensiva como mecanismo de control social y político de sociedades avanzadas, dictadas desde los poderosos establishment del mega poder diversificado. Es increíble que, en EU con tantos y tantos recursos de tan diverso tipo, no puedan bajar el nivel de las adicciones y, al contrario, que nuevos grupos sociales se incorporen a nuevas adicciones. No es plenamente creíble. Hay una política de control social oculta.

Y el complemento es la ideologización del tema, o tematización ideologizada llena de clichés, símbolos y alegorías, así como el fincar responsabilidades externas a los vecinos para atacar y hostigar permanentemente sus soberanías, sus aparatos de fuerza y justicia, debilitando la estructura y el funcionamiento del Estado nacional, de sus fuerzas sociales organizadas, etcétera. Se usa la realidad para torcer la correcta interpretación de la propia realidad.

Con información de Contralínea