Sinaloa: ¿Abusos excesivos de las fuerzas armadas? ¿Qué ocurre?
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La destrucción de cámaras de videovigilancia ilegales utilizadas por la delincuencia organizada es una medida obligada. La autoridad vigilada por el enemigo ¿desde cuándo?
Ya se mencionan números alarmantes de cámaras utilizadas por los enemigos de la sociedad y del gobierno. Alrededor de dos mil cámaras destruidas. Pero siempre emerge el ingrediente que ensucia toda acción legítima de las autoridades que finalmente provocan la reacción molesta de la población y con justa razón.
Resulta que los soldados policías ahora se han ido contra los particulares que utilizan sistemas de videovigilancia perimetral en sus domicilios. La inseguridad no es para menos. La gente quiere estar vigilante y sentirse segura de los riesgos que pueden sufrir por la invasión a su privacidad domiciliaria.
En este espacio de opinión se ha mencionado que lo más grave es que el ciudadano ni en su propia casa está seguro, ya que miembros de la delincuencia allanan domicilios a placer sin que las autoridades hagan nada por impedirlo.
Pero ahora, al parecer es la delincuencia quien se encarga de derribar puertas y sacar personas de los domicilios y cuyas consecuencias son de sobra conocidas. Una muerte segura.
La milicia, háblese SEDENA, Guardia Nacional o SEDEMAR, se han dado a la tarea de destruir los sistemas de vigilancia domiciliarias sin importar que es propiedad privada e instaladas en las estructuras de las casas y no en las instalaciones públicas como postes u otros, en los que si así fuera, con toda razón las pudieran destruir, pero son de particulares y en bienes de los propios particulares.
Esa es la autoridad que sirve a la población y que su objetivo es atacar a la delincuencia y atrapar a los delincuentes, pero no, ahora reviran sus estrategias en contra de los ojos electrónicos de los particulares. Los particulares quieren sentirse seguros pero parece que hasta eso incomoda a las autoridades.
¿Están viendo en cada ciudadano un delincuente? ¿El desespero es tan grave que al no poder desterrar la inseguridad que quema a los sinaloenses desde hace muchos meses ahora quieren tratar al ciudadano como delincuente?
Las quejas se multiplican por ese motivo, pero los afectados no saben a quien acudir. Tienen miedo de que las autoridades militares allanen sus domicilios para inhibir cualquier inconformidad que pueda configurar auténticos abusos de autoridad.
Las denuncias es probable que tampoco lleguen al ministerio púbico porque se trata de denunciar a las propias autoridades. Cuidarse de la delincuencia y también de las autoridades, es ponerse contra la pared. Las soluciones de seguridad parece que se complican.
Las denuncias al 911 no son lo efectivas que el ciudadano quisiera, ese número de emergencias debería ser para esos fines, de emergencias, pero resulta que, al no haber policías suficientes, los tiempos de reacción para atender una denuncia son lamentablemente un desafío. El afectado seguramente será privado de su libertad, enterrado y con esquelas repartidas, y ¿la autoridad? bien gracias.
¿Derechos humanos, dónde están? ¿continuarán esos abusos castrenses en contra de la protección asumida por el propio ciudadano? ¿se le niega al ciudadano tener su propio sistema de videovigilancia domiciliaria? ¿a qué le apuesta la autoridad?
