Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030: promesas de transformación
Julio Pilotzi
El Gobierno de México ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025–2030, el documento que marca el inicio formal de la nueva administración federal y expresa, como es habitual en cada inicio de sexenio, una visión ambiciosa sobre el rumbo del país. ¿Usted recuerda el documento del PND que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador?, normalmente nadie los voltea a ver si se cumplió puntualmente, y si se cumple con los mismos porque se está obligado a cumplir con ese texto. Como ha ocurrido en el pasado, el PND se presenta como una carta de intenciones y anhelos que busca proyectar un México más justo, productivo, igualitario y soberano. Sin embargo, este anuncio llega en un contexto nacional e internacional complejo, marcado por una desaceleración económica global, presiones inflacionarias persistentes, una Reforma Judicial en discusión que ha generado incertidumbre en sectores estratégicos y una creciente desconfianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Y anótelo a esto la nueva política y forma de conducirse del presidente estadounidense Donald Trump.
El documento se construyó, según afirma el gobierno, a partir de un ejercicio democrático y participativo “sin precedentes”, con más de 56 mil personas involucradas y 11 mil 523 propuestas recibidas desde diversas regiones y sectores del país. En su narrativa, el plan enfatiza el papel central del “Humanismo Mexicano” y el bienestar con justicia social como pilares del desarrollo. Estos principios guían los cuatro ejes generales en los que se estructura el PND: gobernanza con justicia y participación ciudadana; desarrollo con bienestar y humanismo; economía moral y trabajo; y desarrollo sustentable. A estos se suman tres ejes transversales enfocados en la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres; la innovación pública para el desarrollo tecnológico; y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Absolutamente cada palabra plasmada estará sujeta a factores económicos, políticos e institucionales, y eso será lo que marque el futuro de este texto y sí nos acordemos del mismo. Uno de los apartados más destacados del PND es la introducción del llamado Plan México una estrategia de industrialización nacional con visión de largo plazo que pretende fortalecer la industria interna, elevar el contenido nacional en las exportaciones, proteger sectores clave para la seguridad nacional y posicionar a México como un actor relevante en la integración económica de América del Norte.
Evidentemente una mejor economía, más y mejores empleos. La realidad es compleja porque se tendrán que impulsar factores de estabilidad económica, y certidumbre jurídica y respeto al estado de derecho y se tiene en este momento tensiones políticas y jurídicas, por la reforma al Poder Judicial, que ha generado inquietud en diversos sectores empresariales.
La percepción de debilitamiento de los contrapesos institucionales, particularmente en el ámbito judicial ha encendido alertas en los mercados y podría tener un impacto directo en decisiones de inversión, confianza crediticia y percepción de riesgo-país. Además, persisten desafíos estructurales que no se resuelven con declaraciones de intención: la informalidad laboral, la desigualdad regional, los rezagos en infraestructura, la inseguridad y la corrupción continúan siendo barreras significativas para el desarrollo incluyente. Aunque el PND reconoce estos retos y plantea soluciones integrales, queda por verse si el aparato gubernamental contará con la capacidad operativa, política y presupuestaria para materializarlas. Esto último teniendo detenidas inversiones, y otras no invirtiendo lo que se tenía planeado.
Porque se aplaude que se anuncien en las mañaneras del pueblo, inversiones de las que ya se conocían, pero eso no es el mensaje de estabilidad económica que se quiere escuchar, mucho menos un sueño de transformación que todo gobierno en turno desea proyectar: una nación con justicia social, crecimiento equitativo, instituciones sólidas y participación ciudadana. No obstante, como ha ocurrido en el pasado, las aspiraciones contenidas en sus páginas corren el riesgo de quedarse en el terreno de los buenos deseos si no se acompañan de decisiones estratégicas, voluntad política efectiva, condiciones macroeconómicas favorables y un entorno de gobernabilidad institucional que genere confianza.
La expectativa es alta, pero un elemento clave en todo esto es el avance y consolidación del Plan México, y el mensaje que todos conoceremos ante los banqueros en la próxima 88 Convención Bancaria, con la misión de dar flexibilidad para impulsar las pequeñas y medianas empresas a través de créditos flexibles. Ya veremos si pasa del papel a la realidad palpable en los bolsillos de todos los mexicanos.
Voz en Off
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó un nuevo hito en materia de sostenibilidad al superar los 400 mil millones de pesos colocados en instrumentos financieros con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), desde que en 2016 se realizara la primera emisión de un bono verde en el mercado local. Este avance posiciona a México como uno de los referentes en América Latina en el desarrollo de un mercado financiero comprometido con la inversión responsable y el financiamiento de proyectos con impactos positivos y medibles. Desde su creación, 38 emisoras han participado activamente en este tipo de emisiones, destacándose sectores clave como el financiero (19.2 por ciento), servicios públicos (17.0 por ciento), telecomunicaciones (16.1 por ciento), productos de consumo frecuente (13.4 por ciento) y construcción (10.4 por ciento).
En total, se han colocado 122 emisiones con enfoque ASG, distribuidas de la siguiente manera: 49 bonos sustentables (46.7 por ciento), 35 bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad (26.9 por ciento), 24 bonos verdes (15.5 por ciento), 13 bonos sociales (10.5 por ciento) y un bono azul (0.3 por ciento). Esta variedad refleja no solo la sofisticación del mercado, sino también el creciente compromiso de las empresas emisoras por alinear sus modelos de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y responder a la demanda de los inversionistas por instrumentos más responsables y transparentes….
Con información de Reporte Índigo
