Los alcaldes y la estructura de la lisonja

Álvaro Aragón Ayala
El brote de una camada de alcaldes y alcaldesas en Sinaloa con una visión estrecha de lo que es el periodismo profesional y la crítica, mueve las alarmas por la constitución de “bloques digitales” de comunicación que pretenden construir figuras municipales idolatradas, intocables, frentes que censuran el desacuerdo en el ejercicio de la libertad de expresión. No hay, pues, ningún plan de las autoridades para salvaguardar la crítica periodística, mucho menos para que emerja como guardián de buena fe de la sociedad.
Por supuesto: hay de alcaldes a alcaldesas, como aquel de un municipio “alteño” del norte de Sinaloa que cobró fama pública en su jurisdicción porque hacia alarde del consumo de cocaína, cerveza y vino a granel y de sus amistades con “la maña”. O aquel otro que acaba de emergen como “presidente parlamentario”, al que le ayudaron a higienizar sus expedientes judiciales, en los que sobresalía su “misoginia matrimonial” y, en otra carpeta privada, su pasado “empresarial” en el que destacó vendiendo cacahuates con chile y “chamoyadas”.
O las dos presidentas municipales de la zona centro-norte que, neófitas en administración pública municipal, ya sumieron en el caos financiero-contable sendos ayuntamientos. Otro más, el del centro, que por el estado de inseguridad que priva en su municipio no cumple al cien por ciento con sus funciones, y una alcaldesa más, por allá en Mazatlán, que titila. Unas veces brilla y otras obscurece. No la dejan crecer las redes mafiosas que por décadas han saqueado el ayuntamiento que preside.
Esos alcaldes y alcaldesas que para ocultar sus ineficiencias recurren al sofisma de que “son diferentes” por ser de la Cuarta Transformación, aunque han integrado equipos de trabajo en los que privilegian a priistas y panistas y recomendados de los poderes fácticos, han creado una estructura de aduladores que nutren del presupuesto público, andamiaje periodístico que los inflan haciéndolos creer que son todopoderosos y propietarios de los ayuntamientos que les toca mal administrar o mal dirigir.
Blindados por esa corte, tratan de ocultar los pésimos servicios públicos, el deterioro de la infraestructura urbana, el daño que ocasionan los constantes “cortes” en el suministro de agua para uso doméstico, comercial e industrial, los mercados públicos desaliñados, sucios, la pérdida de dinero por tanta huevonada, recursos botados, inversiones abandonadas, erróneas conductas, falta de ética, prepotencia y el abuso de poder o de autoridad.
Las conductas desviadas de los alcaldes y alcaldesas generan odio social, repudio colectivo que se expresa en las redes digitales, al grado de contaminarlas ya que lo que por ellas se difunde no es sujeto a un marco o a una investigación rigurosa, sino que es la gestión o la deriva de emociones desbordadas donde prevalece el insulto, convirtiendo el ejercicio del periodismo profesional en una práctica más complicada. No dejarse dominar por los paroxismos de las redes sociales se convierte en un reto colosal.
Efectivamente la crítica profesional es indispensable para el ejercicio democrático y para la conducción de buenos gobiernos municipales. Los alcaldes y alcaldesas deben de ser colocados en el escaparate de la crítica despojada de la emoción particular. Con investigaciones de por medio, con la compulsa de datos o el cotejo de la prueba, las redes ofrecen grandes oportunidades para el periodismo y, al mismo tiempo, plantean desafíos que interpelan al conjunto de la sociedad.
Al margen de las cortes de adulación, la mayoría de los medios de comunicación han encontrado en las redes el escenario adecuado para reforzar el periodismo responsable que practican. Pero, hay que reconocerlo, en las redes no dejan de circular informaciones y “análisis” de las estructuras digitales creadas para crear confusión, destilando noticias falsas, rumores, prejuicios, campañas de manipulación e intoxicación y los llamamientos para estalle la agitación por encima de cualquier veracidad. El reto ético del periodismo sinaloense pasa por la lucha activa contra la desinformación y la expansión de la mentira; requiere, asimismo, para que las críticas contra alcaldes y alcaldesas se ajuste a la realidad, el reforzamiento o la construcción de plataformas de credibilidad y confianza que aporten información rigurosa y veraz a los ciudadanos, espacios que no sirvan para la lisonja municipal y que nunca contribuyan a la discriminación o al fomento de los prejuicios o el odio.