¿Quién autorizó a Mario Zamora a representar a Sinaloa en Estados Unidos?

Alvaro Aragón Ayala

_La campaña sin fronteras por la candidatura del PRI. Se mueve en dos territorios, Sinaloa, con enlace al Comité Ejecutivo Nacional de Alejandro -Alito- Moreno Cárdenas, y en Estados Unidos con evidente coqueteo con el presidente Donald Trump, de quien clona su narrativa antinarco

El diputado federal priista Mario Zamora Gastélum dejó de comportarse como un simple legislador. Sus movimientos, su agenda pública y la articulación de sus discursos revelan una estrategia de mayor calado: la edificación de una candidatura de doble carril -uno en México y otro en Estados Unidos— con la mirada fija en la gubernatura de Sinaloa para 2027.

Su anuncio más reciente confirma el trazo de esa ruta: una gira por Nueva York para participar en la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político, una escala en Washington ante el Instituto Nacional de Salud (NIH) y una visita a la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Boston, para seguir empujando su propuesta sobre la producción de morfina con fines medicinales.

Hasta este punto, el recorrido no rompería los parámetros habituales. Un legislador federal está plenamente facultado para sostener encuentros internacionales, acudir a foros académicos y desplegar diplomacia parlamentaria. Sin embargo, una sola frase pronunciada por el propio Zamora alteró de golpe el eje de la discusión: “Voy a llevar la representación de Sinaloa”.

¿Quién autorizó a Mario Zamora para asumir la representación de Sinaloa? ¿Existe un respaldo expreso del Gobierno del Estado, una resolución formal del Congreso local o un mandato específico emitido por la Cámara de Diputados? ¿O, en realidad, es una investidura política autoasignada por el propio legislador?

El sistema constitucional mexicano establece una frontera conceptual y jurídica infranqueable entre asistir como invitado a un foro extranjero y ostentar la representación oficial de una entidad federativa. Un diputado federal representa a la Nación en el ejercicio de la función legislativa; puede participar en encuentros multilaterales y promover iniciativas, pero ello no lo faculta para hablar en nombre del Gobierno de Sinaloa ni para comprometer la postura institucional del estado.

La distinción cobra aún mayor relevancia al revisar la agenda de fondo. Zamora no cruzará la frontera únicamente para exponer sobre salud pública; ha dejado claro que presentará ante foros internacionales su diagnóstico sobre el crimen organizado, su injerencia en los procesos electorales y los riesgos que esto supone para la democracia mexicana.

Reorganiza así la narrativa que abandera desde 2021, cuando atribuyó su derrota en las urnas al despliegue de la delincuencia organizada en la contienda. Aunque sostener esa postura forme parte de su libertad y trayectoria política, el punto a auditar es bajo qué rol lo hará: ¿cómo legislador federal, como operador del PRI, como aspirante a la gubernatura o como “representante” formal de Sinaloa?

El despliegue exterior deja al descubierto un diseño político integral. En Sinaloa intensifica las visitas a los municipios, estrecha lazos con sectores productivos y afianza su alineación con la dirigencia nacional de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y en Estados Unidos desarrolla una campaña paralela de posicionamiento internacional.

Resulta calculada la elección de sus temas bandera, sincronizados con las prioridades de la agenda política estadounidense: seguridad, crimen organizado, regulación de opioides, salud y democracia. Su insistencia en la amapola medicinal y sus alianzas universitarias buscan proyectar la estampa de un perfil con interlocución en el extranjero.

Si el objetivo real de esta gira fuera canalizar una política pública institucional para la entidad, la agenda tendría que integrar de forma inevitable a las dependencias competentes del Estado mexicano: la Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores, las áreas de seguridad y el propio Gobierno de Sinaloa. Al margen de esas instituciones, la gira adquiere la lectura explícita de una estrategia personal de posicionamiento rumbo al 2027.

Mario Zamora ejerce su derecho al recorrer el estado, viajar al extranjero e impulsar sus planteamientos. Sin embargo, la ciudadanía sinaloense tiene el mismo derecho a exigir claridad sobre una cuestión elemental: ¿en nombre de quién habla cuando afirma ostentar la “representación” de Sinaloa? La representación de un estado constituye una función institucional que exige sustento jurídico, formalidad y límites claros. Una explicación que, hasta el momento, el diputado priista no ha entregado.