Seguridad: no toda la carga es de Castañeda. La Fiscal cultiva la impunidad
Álvaro Aragón Ayala
¿Se deberían o no agregar como muertos las decenas de personas “levantadas” o desaparecidas a las estadísticas del secretario estatal de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, con las cuales presenta la “radiografía” semanal o mensual sobre la violencia y la criminalidad en Sinaloa?
¿Los muertos de los enfrentamientos que se registran entre grupos delictivos en que registros se incluyen?, ya que, frecuentemente, los cuerpos de los sicarios caídos en una refriega son recogidos y “esfumados” por quienes participan en las fatales balaceras. Esos cadáveres no aparecen en ninguna estadística.
La realidad es que ya nadie cree en la “estrategia de la estadística” a la que recurren con reiteración las autoridades para demostrar a la sociedad que se está actuando con eficiencia contra los fenómenos delictivos y para sostener que comparativamente con anteriores regímenes de gobierno “hoy se viven tiempos mejores”.
A contrapartida a las estadísticas, en las calles de las comunidades rurales, en las cabeceras de sindicaturas, en las colonias y las zonas urbanas, en los cascos de las ciudades de Sinaloa, la población se siente vigilada, bajo el escrutinio y la “investigación” de los grupos delictivos que controlan territorialmente el estado.
Esa presencia real, no “fantasmagórica”, de delincuentes que perpetran “asesinatos selectivos” no investigados por la Fiscalía General de Justicia, pero que a la vez realizan labores de patrullajes para “cuidar” a la población de robos domiciliarios, de vehículos y asaltos, revela un poder por encima de los aparatos de seguridad y justicia de Sinaloa.
En el marco de esta verdad inocultable es prácticamente imposible que una simple estadística de escritorio sea presentada como un instrumento de evaluación en materia de seguridad y justicia. La mentira y la opacidad envuelve esa métrica con la que se quiere aparentar que “vamos bien” en la prevención y el combate al delito.
¿Cómo debería entonces medirse el éxito o fracaso del gobierno estatal en materia de seguridad y justicia? No basta con recoger o inventar datos sobre el número de víctimas o con retorcer la percepción ciudadana o maquillar el desempeño institucional o sacar cuentas sobre los dineros que se invierten en las corporaciones policiales.
Es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se aboque a mejorar la calidad de las policías, aumentando la remuneración de los agentes e instalando nuevos regímenes disciplinarios con correctivos anticorrupción, y que la Fiscalía General de Justicia dote de modernas patrullas, equipos de comunicación a la Policía Ministerial Investigadora, la cual opera de manera rupestre.
Es urgente cambiar la percepción de la población para mudar la sensación de que no son las bandas delictivas, sino los policías, quienes cuidan a la sociedad. Lograr que las personas se sientan seguras es un objetivo legítimo en sí mismo. La percepción y la realidad corren en paralelo; en horizontes cortos, sí es posible reducir el miedo sin alterar los niveles objetivos de riesgo.
Sin embargo, es extremo y ocioso llegar a la demonización unilateral del secretario estatal de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien hace lo que puede con su “estadística”, pero poco o nada puede avanzar si no se rompe la cadena de impunidad y de desconfianza estructural que tiene sus raíces en la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa.
Lo deseable, sí, es tener más denuncias de delitos, no menos, para actuar en consecuencia, dado que la llamada cifra negra (el porcentaje de delitos no denunciados) que puede ser una métrica importante queda en el limbo porque la población no denuncia ya que la dependencia responsable de la investigación de delitos es un “elefante blanco”. No actúa.
El motor de la violencia y el crimen es la impunidad. Y esa impunidad clavó en este sexenio sus raíces en la Fiscalía General de Justicia en la que despacha Sara Bruna Quiñónez Estrada, funcionaria de bajo perfil en materia de investigación de delitos e ineficaz en el armado de carpetas para el procesamiento de delincuentes de grueso y mediano calibre.
Ya suman cientos los “ciudadanos anónimos” que son asesinados y que la Fiscal Sara Bruna Quiñónez no investiga para no friccionarse con los operadores de la “pax narca” y porque, además, los crímenes no escalan en el manejo mediático y no se registran, por miedo, escandalosas protestas o exigencias sociales para el esclarecimientos de esos homicidios.
En fin. La Fiscal cultiva la impunidad ¿O no mi estimado Cristóbal Castañeda Camarillo?…
