¿Por qué AMLO no debe cambiar la Constitución para pasar la GN a la Sedena?
Gerardo Álvarez
La Constitución de nuestro país de 1917 fue uno de los textos jurídicos más avanzados de su época, precursora del constitucionalismo social, una corriente que no sólo establece límites al poder estatal, sino también la garantía del bienestar de la población por parte del Estado.
esde entonces nuestra Constitución buscó garantizar la primacía de las autoridades civiles por encima de las Fuerzas Armadas (FFAA). Así, estableció la imposibilidad de extender el fuero militar a civiles (art. 13) y la prohibición de que en tiempo de paz las autoridades militares ejerzan más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (art. 129). Ambos artículos son de los pocos que jamás han sufrido modificaciones hasta nuestros días.
No obstante, el proceso actual de militarización en México ha provocado que su contenido se torne en letra muerta, pues hoy las FFAA tienen participación directa en áreas formalmente civiles como la seguridad pública, la infraestructura, el turismo o el control migratorio y de aduanas.
En este contexto se insertan los múltiples anuncios del presidente López Obrador, realizados realizados desde abril de 2023 , de que este 2024 intentará, una vez más, transferir el mando a la Guardia Nacional (GN) a la estructura administrativa y operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de modificaciones a la Constitución, con lo que eliminaría por completo el carácter civil con el que se planteó este cuerpo de seguridad en 2019.
Esta iniciativa es una reacción a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2023 de invalidar un primer intento de su administración de traspasar la GN a la Sedena -la cual, por cierto, no se ha acatado. En aquella ocasión, legisladores de Morena y partidos aliados impulsaron el mando militar para la GN a través de modificaciones a leyes generales, mientras que ahora buscan alterar directamente la Constitución.
Con la iniciativa de reforma constitucional que se prevé que López Obrador presente este 5 de febrero, él busca asegurar de manera definitiva la configuración de la GN como una corporación formalmente castrense, evitando impugnaciones que potencialmente culminen con la SCJN u otros tribunales federales al declarar su inconstitucionalidad e invalidez. Es preciso recordar que los tribunales analizan las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Ejecutivo para verificar que éstos sean compatibles con la Constitución. En este sentido, si se añade directamente el traspaso de la GN a la Sedena directamente en el texto constitucional, sería prácticamente imposible que un juez o jueza lo invalidara.
En esta discusión no se puede obviar el hecho de que la GN ya es una institución materialmente militar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 68.4% de su personal está adscrito a la SEDENA, 17.7% a la GN y 13.9% a la Secretaría de Marina (Semar) . Es decir, el 82.3% de sus elementos provienen de las Fuerzas Armadas (FFAA).
La evidencia disponible sobre sus actividades demuestra que tampoco es una institución de corte policial. El Inegi también reportó que, en 2022, la GN realizó 2,814 puestas a disposición de personas: 2,662 ante el Ministerio Público (94.6%) y 152 ante autoridades de justicia cívica (5.4%). En contraposición, realizó un total de 177,166 detenciones de personas en contexto de movilidad en el mismo periodo. Es decir: en los hechos, la GN no es una institución de seguridad pública, sino una patrulla migratoria militarizada.
En el ámbito de los derechos humanos, la actuación de la GN también resembla a la de una institución castrense. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que la GN fue objeto de 1,740 quejas por violaciones a los derechos humanos del 1 de enero de 2019 al 18 de octubre de 2023. La misma CNDH emitió un total de 22 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos en contra de la GN.
El traspaso constitucional de la GN a la Sedena haría sumamente complicado revertir esta trayectoria y afianzar a la corporación como una de carácter civil y profesional: como una institución que realice acciones de prevención basadas en evidencia y con enfoque territorial; con capacidades sólidas para la investigación y el armado de casos federales admisibles en juicio; y que, como deben hacer las policías en contextos democráticos, se aparte de las lógicas de la guerra, respetando los derechos humanos y el debido proceso.
La reforma también agravaría el retroceso democrático que ha significado la militarización de la vida pública de México. La Constitución corre el riesgo de que el aumento inusitado de poder económico y autonomía política de las FFAA se refleje en su contenido, atentando contra la democracia e incluso contra el propio espíritu Constituyente de 1917, camino a la consolidación de una política militarista.
Con información de Expansión
