La Auditoría Federal ridiculizó a Emma G. Félix encubridora de Quirino y Rocha
Álvaro Aragón Ayala
A reserva de practicarle al gobierno estatal otras 19 investigaciones contables-administrativas, la Auditoría Superior de la Federación exhibió, ridiculizó y metió en un berenjenal a la titular de la Auditoría Estatal, Emma Guadalupe Félix Rivera, y a la responsable de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, al destapar la corrupción que se anida en su administración Rubén Rocha Moya, al que la auditora “limpia” sus cuentas y la Fiscal no mueve un dedo para judicializarlo por el saqueo de la finanzas públicas.
En la Fiscalía Estatal y la General de la República obran acusaciones contra Rubén Rocha Moya y sus hijos de apellido Rocha Ruiz -cartelrocharuiz-com- por sus trinquetes en la adjudicación de la obra pública, compra de patrullas a sobreprecio y otras transas detectadas en el ejercicio de su gobierno. La Unidad de Inteligencia Financiera y el personal del Centro Nacional de Inteligencia lo investigan y le arman gruesos expedientes en los que figuran el enriquecimiento ilícito de sus hijos. La DEA y el FBI indagan la recepción de narco-dinero para su campaña del 2021 en pos de la gubernatura.
El mandatario estatal operó en el Congreso Local la ratificación por 7 años más en la ASE de Emma Guadalupe Félix Rivera como premio al encubrimiento a la corrupción rapaz del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, del que Rocha fue compañero de gabinete durante la gestión de Jesús Aguilar Padilla. Con Quirino fue por espacio de poco más de 6 meses su coordinador de asesores. La auditora es quien higieniza las sucias cuentas públicas del gobernador actual y su gabinete.
A su vez, la Fiscal de Justicia no actúa contra ningún funcionario estatal, mucho menos les abre carpetas de investigación pese a la escalada de denuncias que revelan la comisión de delitos graves en el uso o la aplicación del presupuesto federal del gobierno de Rocha. Sara Bruna es la encargada de concretizar la invención de demandas contra directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa basándose en rumores y en recortes de periódicos y de proteger al gobernador para que no se atiendan las denuncias en su contra.
Emma Guadalupe Félix Rivera encubrió con el ejercicio de “auditorías patito” los trinquetes en diferentes áreas del gobierno estatal y otras dependencias consideradas “autónomas” que están bajo la férula de Rubén Rocha. En cambio, la Auditoría Superior de la Federación jaló el hilo de la madeja de lo que en las entrañas del propio gabinete estatal y en los círculos políticos y empresariales de Sinaloa son considerados escandalosos casos de corrupción.
En la auditoría 1696 practicada por la Auditoría Superior de la Federación que arqueó los Ramos Generales 23, 33 y Otros sobre Participaciones Federales a Entidades Federativas salieron a relucir “irregularidades importantes” que generaron 6 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Las dependencias analizadas fueron Colegio de Bachilleres, Colegio de Educación Profesional Técnica, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica y la Innovación, Fiscalía de Justicia, Congreso del Estado, Instituto Electoral, Instituto Sinaloense de Cultura, Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Secretaría de Educación Pública y Cultura, Servicios de Salud, Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral, y la Universidad Autónoma de Occidente.
En la auditoría se precisó que la Secretaría de Administración y Finanzas, a cargo de Enrique Díaz Vega, no cumplió a participó en la adjudicación de contratos irregulares, sospechosa o curiosamente no detectados por la auditora estatal Emma Guadalupe Félix. En tanto, la ASF ratificó la responsabilidad del “tesorero estatal”, pues en su despacho debieron integrarse los expedientes de los contratos. Los hallazgos de la ASF en relación la corrupción en la Secretaría de Administración y Finanzas son:
La Secretaría de Administración no presentó la documentación que comprueba y justifica el gasto correspondiente a 10 contratos.
No se comprobó con evidencias sobre asesorías, reportes de lecturas y bitácoras de mantenimiento
No se presentó la documentación como la suficiencia presupuestal, los dictámenes de excepción a la licitación pública, las cotizaciones de licitantes adjudicados o participantes, los dictámenes de adjudicación, las constancias de situación fiscal, las actas constitutivas de los licitantes adjudicados o participantes, las garantías de anticipo y cumplimiento, algunos contratos no cumplen con los requisitos mínimos indicados en la normativa de 28 contratos.
Se detectó que en el proceso de adjudicación de dos empresas de combustibles para el ISDE y SEPyC se encontraron vinculadas entre sí por un mismo socio en común, cabe indicar que dichas empresas en tres casos fueron adjudicadas.
En 2 de 17 contratos no se presentó evidencia de la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, así como tampoco las pólizas, las facturas o los documentos que avalen la ejecución del gasto realizado. El área de contratos es la que debe rendir cuentas, mientras que la Secretaría de Transparencia deberá aplicar sanciones administrativas correspondientes.
